Argumentando que existen indicios de que empresarios han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, las autoridades locales ordenaron levantar el sigilo bancario y tributario a exdirectivos de la Funides.
En las últimas semanas en Nicaragua se han ejecutado una ola de detenciones en contra de precandidatos presidenciales, líderes empresariales y personas que adversan las acciones del gobierno.
En Nicaragua en este contexto de detenciones que se han realizado en contra de líderes políticos y empresariales, ha aumentado la incertidumbre luego que las autoridades locales capturaran a Luis Alberto Rivas Anduray, Presidente Ejecutivo de Banpro.
En las últimas semanas se ha detenido a Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiaga Blandón y Juan Sebastian Chamorro, estas personas eran precandidatos presidenciales y se les acusa de múltiples delitos.
En Nicaragua a raíz de la captura de cuatro precandidatos presidenciales y la detención del líder empresarial José Adán Aguerri, el sector productivo pide la liberación de los presos políticos y aboga para que el gobierno se comprometa a otorgar todas las garantías democráticas.
Con la detención de Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiaga Blandón y Juan Sebastian Chamorro, ya son cuatro los precandidatos presidenciales que han sido apresados por las autoridades nicaragüenses.
Después que en Nicaragua se detuvieran a los precandidatos a la presidencia Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, el sector empresarial cuestiona la "viabilidad democrática de la realización de un proceso electoral libre, justo, competitivo y transparente".
Luego que en Nicaragua se girara una orden de captura en contra de Cristiana Chamorro Barrios, precandidata presidencial independiente, el sector empresarial opina que se "evidencia la falta de voluntad del gobierno de realizar elecciones libres, justas, transparentes, competitivas y observadas".
A raíz de una acusación en contra de Cristiana María Chamorro Barrios, presentada por el Ministerio Público ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos de los Juzgados de Managua, las autoridades decidieron girar una orden de allanamiento y de captura.
Después de la crisis política por la que atravesó el país en 2018 y la crisis sanitaria que enfrentó en 2020, los empresarios mantienen las esperanzas de que las actividades turísticas se recuperen en 2021 y en los años siguientes vuelvan a la senda del crecimiento.
Al sector turístico nicaragüense le ha llovido sobre mojado en los últimos tres años.
Al cierre de 2020 la cantidad de sucursales y ventanillas que operaban en Nicaragua ascendía a 470, 6% menos que lo reportado en 2019, baja que se reportó en el contexto de la crisis económica que derivo del brote de covid19.
El fenómeno de la baja en el número de puntos de atención del sector bancario no es nuevo en el país, pues luego que en 2017 se contabilizaran 609 sucursales y ventanillas, en 2018, año marcado por la crisis política y social, la cifra cayó a 563. En 2019 siguió a la baja al descender a 501 y en 2020 disminuyó a 470.
A pesar que en el mercado nicaragüense las propiedades se cotizan hasta en un 30% o 40% más baratas respecto a los precios registrados previo a las crisis política y sanitaria, las ventas han caído considerablemente.
Al tomar como referencia 2017, año previo a la crisis política y social en Nicaragua, se evidencia que en la actualidad los precios de los bienes inmuebles han disminuido hasta en un 30% o 40%, aseguran empresarios del sector.
Desde que inició la crisis política de 2018 la actividad comenzó a decaer, la tendencia continuó en 2019 y para 2020 la expectativa es que se agudice la caída en las inversiones en el sector, principalmente las privadas.
Datos oficiales precisan que entre 2017 y 2018 la inversión en proyectos de construcción privada disminuyó en 17%, al pasar de $1.106 millones a $914 millones.
Políticas enfocadas en la reestructuración de créditos, incentivos fiscales para la producción de bienes esenciales y mejorar la eficiencia de los procesos de importación y exportación, son parte de las propuestas del sector privado nicaragüense para enfrentar la crisis económica y sanitaria.
"En las últimas semanas desde el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) hemos venido planteando a las autoridades la adopción de una serie de medidas ante el imparable avance de la pandemia provocada por el brote de covid19 y la alarmante situación del sistema de salud", explicó la gremial en un comunicado.
Debido a la crisis política y económica que afecta al país desde abril de 2018, escenario que se ha combinado con la crisis del covid19, la cartera crediticia pasó de $5.172 millones en marzo de 2018 a $3.404 millones al cierre de abril de 2020.
De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), en los primeros cuatro meses del año también se refleja una baja en la cartera crediticia, pues pasó de $3.578 millones reportados al cierre de 2019 a $3.404 millones registrados en abril de 2020, lo que representa una variación de -5% para el cuatrimestre en cuestión.
Empresarios nicaragüenses opinan que para reactivar la actividad económica del país, la cual viene a menos desde que estalló la crisis en 2018, es indispensable que se haga una reforma electoral.
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante 2019 el Producto Interno Bruto de Nicaragua se contrajo 5,7%, caída que complementa la variación interanual de -3,8% registrada en 2018.
Luego de que en 2018 la producción en Nicaragua cayera 3,8%, el FMI estima que durante 2019 el PIB se contrajo 5,7%, sin embargo, el organismo pronostica que para 2020 la variación podría ser de apenas -1,2%.
Se estima que el PIB real sufrió otra contracción en 2019 de 5,7% debido al deterioro de la demanda agregada, la consolidación fiscal y las sanciones, informó el FMI luego de su visita al país.
En un contexto de caída de la producción, el restaurante La Marseillaise que operaba en la capital del país, anunció que cerrará temporalmente sus instalaciones.
El restaurante de comida francesa que tenía capacidad para atender a 150 personas y que llevaba más de cuatro décadas de funcionar en Managua, hizo oficial su cierre por medio de un breve comunicado.
En la Bolsa de Valores se negociaron $43 millones en documentos bursátiles durante enero, monto que supera en 123% lo reportado en igual mes de 2018, contrastando con las variaciones negativas que se registraron desde que inició la crisis política en abril de 2018.
Detallan las cifras de la Bolsa de Valores de Nicaragua que entre enero de 2019 y el mismo mes de 2020, las negociaciones bursátiles crecieron en $24 millones, al pasar de $19 millones a $43 millones.
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