El proyecto de ley que se discute en Costa Rica en esencia busca extinguir los activos del crimen organizado, pero hay quienes aseguran que tal como está planteado, pone en riesgo la presunción de inocencia de los individuos.
La extinción de dominio es un concepto que en la práctica refiere a incautar o decomisar bienes ligados a actividades delictivas, para luego trasladarlos a favor del Estado.
El informe de InSight Crime destaca la tasa de homicidios registrada durante 2017 en Costa Rica, que fue de 12,1 por cada 100 mil habitantes, el mayor número en su historia.
El reporte indica que Costa Rica ha sido un país que tradicionalmente se ha "considerado pacífico", y respecto a la escalada de la tasa de homicidios, aumento que autoridades locales atribuyen al crimen organizado, el informe indica que "...la falta de retrospectiva y una metodología vaga debilita los intentos de las autoridades de atribuir la culpa al crimen organizado."
El mercado inmobiliario, los casinos, el negocio de conciertos, y hasta el sector ganadero son usados para blanquear capitales en los países centroamericanos.
Extraído del reporte "International Narcotics Control Strategy Report, Volume II, Money Laundering and Financial Crimes" del Departamento de Estado de EE.UU:
Costa Rica Las organizaciones criminales transnacionales continúan favoreciendo a Costa Rica como base para cometer crímenes financieros debido a su ubicación y limitadas capacidades de aplicación. El gobierno de Costa Rica ha intentado fortalecer el marco legal para la supervisión y ejecución; sin embargo, aún quedan retos para mitigar los riesgos de lavado de dinero. Costa Rica es un punto de tránsito que también se utiliza cada vez más como base de operaciones para el narcotráfico; Y sigue habiendo un importante lavado de fondos procedentes de actividades ilícitas. Costa Rica debe seguir cerrando brechas legislativas en delitos financieros y asignar recursos para investigación y procesamiento.
Los proyectos tienden a encarecerse al incluir cada vez más medidas de seguridad y en zonas como La Libertad, Soyapango, Ilopango y Apopa, algunos lotes y viviendas llegan incluso a perder valor.
La ola de violencia e inseguridad que afecta a El Salvador se siente también en el mercado inmobiliario, sobre todo en zonas con alto índice de criminalidad, como La Libertad, Soyapango, Ilopango y Apopa, donde "...las casas pueden permanecer sin venderse por meses. Contrario a esto, en zonas como Santa Tecla o Santa Elena, los inmuebles tienen mayor demanda y el valor aumenta por su ubicación."
El sector más vulnerable a las extorsiones es el de las pequeñas y medianas empresas, que emplean a la mitad de la población económicamente activa.
Del resumen ejecutivo del estudio de Fusades:
En El Salvador, el delito de extorsión se ha convertido en uno de los principales problemas que afecta el funcionar y actividad económica de las empresas durante los últimos años. Resultados de la Encuesta Dinámica Empresarial realizada por FUSADES desde 1991, muestran consistentemente que las micro y pequeñas empresas (MYPE) son las más vulnerables a este delito que las medianas y grandes.
Polarización política, alta criminalidad, emigración, altos costos laborales y logísticos, barreras a entrada y expansión de los negocios, incertidumbre fiscal y capital humano limitado.
Del Comunicado del Fondo Monetario Internacional (FMI):
El equipo técnico del FMI visitó San Salvador del 25 de abril al 6 de mayo para la consulta del Artículo IV de 2016 y sostuvo conversaciones productivas con las autoridades salvadoreñas, parlamentarios, empresarios, académicos y agentes sociales.
En el 2014 el costo económico de la violencia en El Salvador superó los 4.000 millones, mientras que el costo de oportunidad de la producción e inversión no realizada fue del 4.8% del PIB.
Del comunicado de prensa de la Red de Investigadores del Banco Central (REDIBACEN):
Este día la Red de Investigadores del Banco Central (REDIBACEN) presentó los resultados de la investigación “Estimación del Costo Económico de la Violencia en El Salvador”, realizada por economistas investigadores Margarita Peñate, Kenny de Escobar, Arnulfo Quintanilla y César Alvarado.
La cifra es una estimación de la Dirección de Inteligencia en Costa Rica divulgada por el Departamento de Estado de EE.UU., donde se señala el aumento de organizaciones criminales con base en el país, y la poca capacidad para combatirlas.
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir.
Si no se toman medidas excepcionales, Centroamérica pronto se derrumbará en estados fallidos dominados por las organizaciones criminales que compran el poder político.
Esta es la dramática pero realista conclusión a la que llega el estudio sobre el tema realizado por una coalición de instituciones guatemaltecas integrada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), y Fundación G.
Diagrama presentando las personas y empresas señaladas por acciones relacionadas con lavado de dinero, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. advirtió que no se señalará a personas o instituciones por participar en la liquidación mientras no beneficien a personas o entidades ya señaladas por OFAC.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado referente a la decisión de las autoridades hondureñas de liquidar el Banco Continental, tras el señalamiento de la institución y de varios de sus directivos por acciones de lavado de dinero del narcotráfico:
El lavado de dinero genera un efecto económico positivo para las economías, pero también empobrece la calidad de las instituciones con efectos dramáticos sobre la calidad de la vida en sociedad.
El excelente análisis que Norma Lezcano realiza en su artículo en Estrategiaynegocios.net, sobre la inclusión de miembros de la poderosa familia Rosenthal por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
Anuncian la devolución de depósitos hasta por $9.200 (L200,000) por persona, y luego el pago de empleados, depositantes y otros, señalando que "... se cuenta con suficientes recursos para atenderlos a todos".
La causa es el ingreso de la institución a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU., y la congelación de sus activos en el extranjero.
english
5001