Por factores como el cierre de empresas y falta de oportunidades, se estima que a Honduras y El Salvador la actividad delictiva les representa un costo de 16% del PIB, y en el caso de Guatemala, sus pérdidas podrían ascender a 7% de su producción.
En América Central, los costos humanos de la delincuencia siguen siendo de los más elevados del mundo. En El Salvador, Guatemala y Honduras, países que integran el denominado Triángulo Norte, se registran alrededor del 4,5% de los homicidios en todo el mundo a pesar de tener solamente alrededor del 0,4% de la población mundial, precisa un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Luego de que tres militares fueran asesinados en Izabal, el sector empresarial guatemalteco pide al gobierno que recupere el control de los territorios en donde dominan grupos criminales.
En varias ocasiones las cámaras empresariales han denunciado que en el área que va desde el Valle del Polochic hasta Izabal, operan grupos del crimen organizado, afectando así la actividad productiva en el área.
El proyecto de ley que se discute en Costa Rica en esencia busca extinguir los activos del crimen organizado, pero hay quienes aseguran que tal como está planteado, pone en riesgo la presunción de inocencia de los individuos.
La extinción de dominio es un concepto que en la práctica refiere a incautar o decomisar bienes ligados a actividades delictivas, para luego trasladarlos a favor del Estado.
El informe de InSight Crime destaca la tasa de homicidios registrada durante 2017 en Costa Rica, que fue de 12,1 por cada 100 mil habitantes, el mayor número en su historia.
El reporte indica que Costa Rica ha sido un país que tradicionalmente se ha "considerado pacífico", y respecto a la escalada de la tasa de homicidios, aumento que autoridades locales atribuyen al crimen organizado, el informe indica que "...la falta de retrospectiva y una metodología vaga debilita los intentos de las autoridades de atribuir la culpa al crimen organizado."
El mercado inmobiliario, los casinos, el negocio de conciertos, y hasta el sector ganadero son usados para blanquear capitales en los países centroamericanos.
Extraído del reporte "International Narcotics Control Strategy Report, Volume II, Money Laundering and Financial Crimes" del Departamento de Estado de EE.UU:
Costa Rica Las organizaciones criminales transnacionales continúan favoreciendo a Costa Rica como base para cometer crímenes financieros debido a su ubicación y limitadas capacidades de aplicación. El gobierno de Costa Rica ha intentado fortalecer el marco legal para la supervisión y ejecución; sin embargo, aún quedan retos para mitigar los riesgos de lavado de dinero. Costa Rica es un punto de tránsito que también se utiliza cada vez más como base de operaciones para el narcotráfico; Y sigue habiendo un importante lavado de fondos procedentes de actividades ilícitas. Costa Rica debe seguir cerrando brechas legislativas en delitos financieros y asignar recursos para investigación y procesamiento.
Los proyectos tienden a encarecerse al incluir cada vez más medidas de seguridad y en zonas como La Libertad, Soyapango, Ilopango y Apopa, algunos lotes y viviendas llegan incluso a perder valor.
La ola de violencia e inseguridad que afecta a El Salvador se siente también en el mercado inmobiliario, sobre todo en zonas con alto índice de criminalidad, como La Libertad, Soyapango, Ilopango y Apopa, donde "...las casas pueden permanecer sin venderse por meses. Contrario a esto, en zonas como Santa Tecla o Santa Elena, los inmuebles tienen mayor demanda y el valor aumenta por su ubicación."
El sector más vulnerable a las extorsiones es el de las pequeñas y medianas empresas, que emplean a la mitad de la población económicamente activa.
Del resumen ejecutivo del estudio de Fusades:
En El Salvador, el delito de extorsión se ha convertido en uno de los principales problemas que afecta el funcionar y actividad económica de las empresas durante los últimos años.
Polarización política, alta criminalidad, emigración, altos costos laborales y logísticos, barreras a entrada y expansión de los negocios, incertidumbre fiscal y capital humano limitado.
Del Comunicado del Fondo Monetario Internacional (FMI):
El equipo técnico del FMI visitó San Salvador del 25 de abril al 6 de mayo para la consulta del Artículo IV de 2016 y sostuvo conversaciones productivas con las autoridades salvadoreñas, parlamentarios, empresarios, académicos y agentes sociales.
En el 2014 el costo económico de la violencia en El Salvador superó los 4.000 millones, mientras que el costo de oportunidad de la producción e inversión no realizada fue del 4.8% del PIB.
Del comunicado de prensa de la Red de Investigadores del Banco Central (REDIBACEN):
Este día la Red de Investigadores del Banco Central (REDIBACEN) presentó los resultados de la investigación “Estimación del Costo Económico de la Violencia en El Salvador”, realizada por economistas investigadores Margarita Peñate, Kenny de Escobar, Arnulfo Quintanilla y César Alvarado.
La gremial de comerciantes de Chiriquí asegura que crecen las extorsiones por parte de organizaciones de crimen organizado, afectando principalmente a los pequeños negocios de la provincia.
La Cámara de Comercio de Chiriquí planteó que "... dentro de las actividades delictivas que más le preocupan son los negocios informales, ligados a financiación ilícita con flujos de caja en los chances clandestinos, venta de droga, circulación de dinero ilegal y haciendo vínculos con las pandillas."
El gobierno panameño anunció su voluntad de revisar prácticas vigentes en el sistema legal y financiero y de colaborar con otros gobiernos en procesos judiciales por delitos financieros y fiscales.
A raíz de la filtración masiva de información financiera de una firma de abogados panameña, el Gobierno anunció que evaluará las prácticas que tienen que ver con su sistema financiero y que colaborará con otras jurisdicciones que investiguen a ciudadanos sospechosos de actividades criminales, incluyendo evasión fiscal. El anuncio lo hizo el presidente Juan Carlos Varela.
Las empresas deben destinar hasta el 15% de sus gastos a seguridad, como consecuencia de la creciente violencia en el país.
Una empresa que desee operar en Guatemala debe destinar entre el 8 al 15% de sus gastos en seguridad para poder operar. El dato lo dio Víctor Guillén, gerente de compras, importaciones y exportaciones de Dagas, difundido por Elperiodico.com.gt, quien reveló que su empresa destina Q250 mil ($32 mil) al mes para la seguridad de sus plantas, camiones y trabajadores.
El Banco Holandés de Desarrollo oficializa salida del país y suspende compromisos y desembolsos, incluido el prometido para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
“… Dada la presente situación, y la continua violencia, FMO ha decidido suspender todas sus actividades en Honduras, con efecto inmediato. Esto quiere decir que no comenzaremos nuevos proyectos o compromisos, ni se realizarán desembolsos, lo cual incluye el proyecto de Agua Zarca”..
La cifra es una estimación de la Dirección de Inteligencia en Costa Rica divulgada por el Departamento de Estado de EE.UU., donde se señala el aumento de organizaciones criminales con base en el país, y la poca capacidad para combatirlas.
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013" de Global Financial Integrity, señala que durante los 10 años mencionados, el flujo de dinero ilícito desde Costa Rica superó los $11 mil millones, esto es unos $1.100 millones al año.
Empresarios rechazan categóricamente las declaraciones de funcionario de gobierno que confunden extorsiones con financiamiento del crimen organizado.
Las declaraciones del secretario Técnico de la Presidencia de El Salvador, Roberto Lorenzana, contra las empresas que sufren extorsiones en el país generaron una fuerte reacción por parte del sector privado, cuatro días después de que Industrias La Constancia anunciara públicamente que suspendía la operación de una de sus plantas por el incremento de la inseguridad y la violencia.