Por factores como el cierre de empresas y falta de oportunidades, se estima que a Honduras y El Salvador la actividad delictiva les representa un costo de 16% del PIB, y en el caso de Guatemala, sus pérdidas podrían ascender a 7% de su producción.
En América Central, los costos humanos de la delincuencia siguen siendo de los más elevados del mundo. En El Salvador, Guatemala y Honduras, países que integran el denominado Triángulo Norte, se registran alrededor del 4,5% de los homicidios en todo el mundo a pesar de tener solamente alrededor del 0,4% de la población mundial, precisa un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Empresarios de Centroamérica y República Dominicana piden que no se ratifique el Convenio 190 de la OIT, argumentando que en los países ya existe normativa para regular acciones en materia de violencia y acoso en ambientes laborales.
La Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Fedepricap), por medio de un comunicado de fecha 9 de agosto informó que acordaron solicitar a los gobiernos "... la no ratificación del Convenio 190 de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), sobre el cual ya había un pronunciamiento en contra por parte de los empleadores, lo anterior con el propósito de no perjudicar la generación de empleos."
Luego de más de 40 días de protestas y saqueos, empresarios hondureños reportan que cerca de 50 empresas han sido afectadas, y varios locales comerciales ya fueron cerrados.
Reportes preliminares de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), establecen que entre los comercios más afectados figuran cadenas de supermercados, tiendas de electrodomésticos, restaurantes de comida rápida y microempresas dedicadas a la comercialización de vestuario y calzado.
Al sector empresarial le preocupa la forma en la que se han desarrollado las manifestaciones durante los últimos días, generando "un costo insostenible para la economía hondureña".
Luego de que el Ejecutivo hondureño aprobara los decretos PCM-026-2018 y PCM-027-2019, los médicos y docentes del país comenzaron manifestaciones con el objetivo de que fueran derogados, pues argumentan que mediante los mismos se podrá despedir a personal del gobierno y se privatizarán los servicios públicos.
El proyecto de ley que se discute en Costa Rica en esencia busca extinguir los activos del crimen organizado, pero hay quienes aseguran que tal como está planteado, pone en riesgo la presunción de inocencia de los individuos.
La extinción de dominio es un concepto que en la práctica refiere a incautar o decomisar bienes ligados a actividades delictivas, para luego trasladarlos a favor del Estado.
El informe de InSight Crime destaca la tasa de homicidios registrada durante 2017 en Costa Rica, que fue de 12,1 por cada 100 mil habitantes, el mayor número en su historia.
El reporte indica que Costa Rica ha sido un país que tradicionalmente se ha "considerado pacífico", y respecto a la escalada de la tasa de homicidios, aumento que autoridades locales atribuyen al crimen organizado, el informe indica que "...la falta de retrospectiva y una metodología vaga debilita los intentos de las autoridades de atribuir la culpa al crimen organizado."
El mercado inmobiliario, los casinos, el negocio de conciertos, y hasta el sector ganadero son usados para blanquear capitales en los países centroamericanos.
Extraído del reporte "International Narcotics Control Strategy Report, Volume II, Money Laundering and Financial Crimes" del Departamento de Estado de EE.UU:
Costa Rica Las organizaciones criminales transnacionales continúan favoreciendo a Costa Rica como base para cometer crímenes financieros debido a su ubicación y limitadas capacidades de aplicación. El gobierno de Costa Rica ha intentado fortalecer el marco legal para la supervisión y ejecución; sin embargo, aún quedan retos para mitigar los riesgos de lavado de dinero. Costa Rica es un punto de tránsito que también se utiliza cada vez más como base de operaciones para el narcotráfico; Y sigue habiendo un importante lavado de fondos procedentes de actividades ilícitas. Costa Rica debe seguir cerrando brechas legislativas en delitos financieros y asignar recursos para investigación y procesamiento.
Estados Unidos renovó su alerta de viaje advirtiendo que los niveles de violencia y criminalidad en el departamento Gracias a Dios son muy altos.
Del comunicado del Departamento de Estado de EE.UU.:
El Departamento de Estado advierte a los ciudadanos estadounidenses que consideren cuidadosamente los riesgos de viajar al Departamento de Gracias a Dios en Honduras.
Un análisis del Banco Mundial señala cómo el círculo vicioso entre crimen, violencia y bajo crecimiento está limitando la competitividad, desalentando el espíritu empresarial y la inversión.
Del documento "Desatando el potencial económico para mayores oportunidades" del Banco Mundial:
La historia del volátil y bajo crecimiento económico y la alta desigualdad de Honduras ha creado las condiciones para la aparición de dos ciclos que se refuerzan mutuamente: (i) un ciclo de alta criminalidad y bajo crecimiento; y (ii) un ciclo de flujos migratorios/de remesas y bajo crecimiento.
El Banco Holandés de Desarrollo oficializa salida del país y suspende compromisos y desembolsos, incluido el prometido para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
“… Dada la presente situación, y la continua violencia, FMO ha decidido suspender todas sus actividades en Honduras, con efecto inmediato. Esto quiere decir que no comenzaremos nuevos proyectos o compromisos, ni se realizarán desembolsos, lo cual incluye el proyecto de Agua Zarca”..
La cifra es una estimación de la Dirección de Inteligencia en Costa Rica divulgada por el Departamento de Estado de EE.UU., donde se señala el aumento de organizaciones criminales con base en el país, y la poca capacidad para combatirlas.
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013" de Global Financial Integrity, señala que durante los 10 años mencionados, el flujo de dinero ilícito desde Costa Rica superó los $11 mil millones, esto es unos $1.100 millones al año.
Si no se toman medidas excepcionales, Centroamérica pronto se derrumbará en estados fallidos dominados por las organizaciones criminales que compran el poder político.
Esta es la dramática pero realista conclusión a la que llega el estudio sobre el tema realizado por una coalición de instituciones guatemaltecas integrada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), y Fundación G.
El Gobierno de EE.UU. renovó su alerta de viaje advirtiendo que los niveles de violencia y criminalidad siguen siendo críticamente elevados, pese a que han disminuido levemente en los últimos dos años.
Del comunicado de la embajada de Estados Unidos en Honduras:
El Departamento de Estado continúa advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses que el nivel de la delincuencia y la violencia en Honduras sigue siendo críticamente alta, a pesar de que ha disminuido en los últimos dos años. Esta advertencia de viaje sustituye a la advertencia de viaje, de marzo de 2015 e incluye información adicional sobre la delincuencia y la seguridad en Honduras.
La Oficina Administradora de Bienes Incautados de Honduras será la encargada de supervisar la continuidad de las operaciones de las empresas incautadas a Grupo Continental.
El Poder Ejecutivo ordenó a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) encargarse de supervisar que las empresas incautadas al grupo sigan operando con la mayor normalidad posible.
Se vende terreno de 9.872 varas cuadradas ubicado a 12 minutos de Ciudad Cayalá en las cercanías de Puerta Parada, municipio de Santa Catarina Pinula. El lugar está rodeado de bosques y posee vistas envidiables. El terreno se encuentra a la orilla de la carretera,...
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