En los últimos dos años 100 mil créditos que estaban al día entraron en morosidad, y los banqueros lo atribuyen principalmente al aumento del desempleo y la merma en la actividad económica.
La desaceleración que ha sufrido la economía costarricense en los últimos dos años está pasando factura no solo a las empresas y familias, sino también al sector bancario.
Pese a que el Banco Central ha venido reduciendo la tasa de política monetaria para dinamizar la colocación de crédito bancario, la velocidad con que crece la cartera de préstamos en moneda nacional sigue disminuyendo.
Datos oficiales del sistema financiero del país precisan que a octubre de 2017 la cartera de créditos en moneda local crecía al 14%, en igual mes de 2018 la tasa cayó a 6% y para el décimo mes de 2019 el aumento fue de apenas 4%.
En Costa Rica el crecimiento del crédito otorgado en moneda estadounidense al sector privado es el más bajo en una década.
El crédito al sector privado no da muestras de recuperación y, por el contrario, los datos disponibles hasta agosto muestran un deterioro adicional que lo llevó hasta su punto más bajo en 10 años, al reportar una caída interanual de -0.01%.
Condiciones de financiamiento favorables para la compra de este tipo de vehículos y tarifas más bajas para los servicios de carga, son parte de las acciones que propone el gobierno de Costa Rica para potenciar las ventas de vehículos eléctricos.
Los estatales Banco Popular, Banco Nacional y Banco de Costa Rica, son las entidades financieras que ofrecerán condiciones atractivas en sus líneas de crédito para la compra de unidades de transporte eléctrico.
Aunque los ajustes a la baja realizados meses atrás en el encaje bancario y en la tasa de política monetaria aun no parecen haber tenido efecto sobre la cartera de préstamos en Costa Rica, los bancos esperan que pronto se reactive el crédito.
Entre enero y abril de 2019 la cantidad de tarjetas de débito que circulaban en el país bajó 5%, al pasar de 6,03 millones a 5,71 millones, y el saldo acumulado de las cuentas asociadas a estos plásticos cayó en 3%.
Con base en la información reportada por las empresas, al 30 de abril del 2019 existían en el mercado nacional un total de 5.719.387 de tarjetas titulares.
Luego de que la semana pasada en Costa Rica la tasa subiera hasta 6,65%, nivel que no se registraba desde agosto de 2015, el 10 de julio descendió de forma abrupta hasta 6%.
Precisan los datos publicados por el Banco Central de Costa Rica la tarde del miércoles 10 de julio, que la Tasa Básica Pasiva (TBP) disminuyó en 0,65%, y se mantendrá en 6% hasta el próximo 17 de julio.
Debido a que los ahorrantes en Costa Rica han trasladado sus recursos a plazos más largos, para evitar el incremento en el impuesto sobre la renta, la Tasa Básica Pasiva subió a 6,65%, nivel que no se registraba desde agosto de 2015.
Según datos publicados por el Banco Central de Costa Rica la tarde del miércoles 3 de julio, la Tasa Básica Pasiva (TBP) reporta niveles a los que no llegaba desde el 26 de agosto de 2015, y se mantendrá en 6,65% hasta el próximo 10 de julio.
La morosidad al mes de mayo en los créditos otorgados por bancos públicos a pequeñas empresas ascendió a 5,5%, en los de medianas fue de 3,8% y en los de grandes compañías 3,3%, situación que se atribuye a la desaceleración de la economía.
El porcentaje de créditos que reporta la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), se refiere a la préstamos que entraron en impago de más de 90 días y en cobro judicial, otorgados por entidades públicas como el Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular.
Con el objetivo de flexibilizar la clasificación de deudores y reducir el riesgo de impago, en un contexto donde los créditos en mora siguen al alza, autorizaron en Costa Rica la modificación de dos reglamentos que aplican a las entidades del sistema financiero.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), informaron que se realizaron cambios al "Reglamento para la calificación de deudores" y el "Reglamento sobre gestión y evaluación del riesgo de crédito para el sistema de banca para el desarrollo", que en última instancia pretenden darle acceso a nuevos créditos a cerca de 63 mil personas.
Con el objetivo de dinamizar la colocación de crédito, el Banco Central redujo de 15% a 12% la tasa de encaje mínimo legal que deben mantener como reserva las entidades del sistema bancario.
La nueva tasa, que comenzará a regir el 16 de junio de este año, no se reducía desde 2002, y las autoridades esperan que esta disminución genere una mayor disponibilidad de recursos prestables en colones, así como una reducción, para las entidades financieras, del costo de captación en moneda nacional.
En los últimos dos años la morosidad en las carteras de préstamos al sector agrícola aumentó desde 2,4% hasta 5,9%, entre abril de 2017 y el mismo mes de 2019.
Cifras de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), indican que el alza reportada en la mora de préstamos de agricultura incluye tanto las operaciones con retrasos mayores a los 90 días, como las operaciones que están en cobro judicial.
En los últimos meses la cartera crediticia de los bancos públicos y privados en Costa Rica ha venido creciendo a menor velocidad, debido en parte a los altos niveles de endeudamiento de la población.
Según cifras del Banco Central de Costa Rica, entre octubre de 2018 y marzo de 2019 el crecimiento interanual del crédito ha mermado en general, pues el alza de la cartera de los bancos privados cayó de 14% a 12%, en los bancos públicos el descenso fue de 1,37% a 0,75%, y en el caso de otros intermediarios financieros la baja fue de 8,86% a 6,97%.
En Costa Rica la baja actividad económica y el crecimiento del desempleo explican el alza de 25% reportada entre febrero de 2018 y el mismo mes de 2019 en el valor de los activos adquiridos por los bancos para recuperar créditos.
Cifras de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) precisan que entre febrero de 2018 y el mismo mes de este año, el monto de bienes y valores adquiridos por las entidades financieras debido a que las personas y empresas no pagaron sus créditos subió de $425 millones a $533 millones.
Entre mayo y septiembre de 2018 se reportaba un alza en la proporción de créditos con atrasos de pago mayores a 90 días, pero entre octubre y diciembre la tendencia fue a la baja.
Datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), precisan que entre septiembre y diciembre de 2018, la proporción de préstamos con atrasos de pago mayores a 90 días, o en cobro judicial, disminuyó desde 2,58% a 2,14%.
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