En Guatemala los bancos concederán diferimientos y otorgarán esperas en los créditos cuyos deudores resulten directa o indirectamente afectados por la propagación del coronavirus, específicamente en aquellos que la 29 de febrero no presenten mora mayor a un mes.
La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) informó el pasado 21 de marzo que se tomaron estas decisiones con el objetivo apoyar a los clientes y usuarios de servicios bancarios, quienes se verán afectados por la propagación del covid-19.
Con un préstamo de $50 millones otorgado por el BID el grupo empresarial CMI Alimentos ampliará sus operaciones en Guatemala, El Salvador y Honduras.
La colocación del crédito se hizo por medio de BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la operación está dirigida a financiar inversiones fijas que contribuyan a continuar mejorando la productividad de CMI Alimentos.
Al cierre de 2019 en Guatemala la cartera de crédito otorgada al sector privado creció en 5% respecto a diciembre de 2020, sin embargo, esa alza quedó distante del 8,5% pronosticada al inicio del año pasado.
Cifras oficiales del Banco de Guatemala (Banguat) precisan que entre diciembre de 2018 y el mismo mes de 2019, la cartera crediticia del sector privado aumentó de $26.262 millones a $27.640 millones.
El crédito de $286 millones otorgado por el BCIE para renovar las plantaciones de café en Guatemala aún no ha sido aprobado por las autoridades locales, por lo que los recursos estarían disponibles recién en el segundo semestre de 2020.
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, en Guatemala la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión.
Argumentando que no cumple los estándares sobre transparencia e intercambio de información para fines tributarios, la OCDE evaluó negativamente a Guatemala y le recomienda trabajar en el acceso directo a la información bancaria de los contribuyentes.
Tal como había sido previsto, a raíz de la suspensión temporal por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) del artículo de ley que facilitaba el acceso a la información bancaria de los contribuyentes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) decidió incluir a Guatemala en la lista de países que incumplen sus compromisos en materia de información fiscal.
Al cierre de junio en Guatemala el crédito al sector privado registró un crecimiento interanual de 7%, lo que se explica por el repunte de los préstamos hipotecarios y de consumo.
Cifras difundidas por representantes del Banco de Guatemala precisan que al final del primer semestre del año, el crédito total al sector privado ascendió a $26.571 millones, monto que supera en 6,9% a lo reportado una año atrás.
En su próxima evaluación la OCDE podría rebajar la calificación de Guatemala, debido a que en agosto del año pasado fue suspendido el acceso a información bancaria con orden judicial, lo cual podría generar un encarecimiento del crédito.
Respecto a la nueva iniciativa de ley que se presentó ante el Congreso de la República a inicios de 2019, la Superintendencia de Bancos opina que no debe fijarse un tope a la tasa de interés.
La Ley de Tarjetas de Crédito entró en vigencia el 8 de marzo de 2016, pero fue suspendida a fines de ese mismo mes, luego de que las cámaras empresariales, emisores de tarjetas y el Banco de Guatemala interpusieran recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC). A inicios de este año la ley fue declarada inconstitucional de forma definitiva por la CC.
El alza en los microcréditos, préstamos al consumo y al sector de la construcción, explican gran parte del aumento interanual de 7% reportado a abril de 2019.
Datos del Banco de Guatemala precisan que entre abril de 2018 y el mismo mes de 2019, el crédito al sector privado en el país subió de $24.687 millones a $26.534 millones, lo que equivale de un aumento de 7,4%.
Poner tope a las comisiones cobradas en Costa Rica y establecer una Ley que defina límites al mercado en Guatemala, son parte de los intentos que se están haciendo en la región para regular el uso de las tarjetas de crédito.
Una propuesta de Ley presentada el pasado mes de enero ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica, pretende regular el porcentaje de la comisión que pagan los negocios por aceptar tarjetas de crédito o débito. Según la iniciativa, esta tarea estaría a cargo del Banco Central y la Comisión para Promover la Competencia.
Al cierre de 2018 el crédito otorgado al sector empresarial en Guatemala registró un aumento de 7% respecto a diciembre del año anterior.
Cifras de la Superintendencia de Bancos precisan que a diciembre de 2018 la cartera crediticia ascendió a $23.064 millones y la inversión en títulos valores a $11.324 millones, lo que en comparación a 2017 equivale a aumentos de 6,8% y 11,3%, respectivamente.
Después de que se declarara inconstitucional la Ley que pretendía regular el mercado de tarjetas de crédito en Guatemala, se presentó una nueva propuesta.
La Ley de Tarjetas de Crédito que a inicios de 2019 fue declarada inconstitucional, entró en vigencia el 8 de marzo de 2016, sin embargo, luego de que las cámaras empresariales, emisores de tarjetas y el Banco de Guatemala, interpusieran recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC), fue suspendida el 31 de marzo de ese mismo año.
El 29 de enero cobró vigencia la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, la cual contempla crear centros de formación y facilitar el acceso a crédito para pequeños empresarios.
Autoridades guatemaltecas informaron que con la entrada en vigencia de la Ley, se incorporará el emprendimiento en la enseñanza primaria y secundaria, además se creará una nueva figura denominada Sociedad de Emprendimiento, entre otras acciones.
Al cierre del año pasado la cartera crediticia destinada al consumo por medio de tarjetas en Guatemala sumó $1.464 millones, 12% más que el dato reportado al finalizar 2017.
Datos de la Superintendencia de Bancos (SIB) precisan que en 2018 los préstamos con tarjetas de crédito representaron el 6% de la cartera en general, la cual ascendió $23.782 millones.
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