Una de cada cinco empresas asegura haber sido víctima de la delincuencia este año, y el 80% afirma que alrededor del 10% de sus costos operativos corresponde a seguridad.
Del comunicado de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP):
18 de diciembre, 2017. La situación de inseguridad por la que atraviesa el país, también golpea y con fuerza a las empresas del sector privado. Así lo revela la IV Encuesta Trimestral de Negocios “Pulso Empresarial”, elaborada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).
A los costos de producción que asumen los cañicultores salvadoreños durante la zafra se suman los gastos que deben realizar en seguridad privada y en apoyo a la policía para evitar robos y extorsiones.
Los cañicultores tienen destinado un presupuesto adicional para los costos de seguridad que deben asumir debido al aumento de las amenazas y extorsiones por parte de los delincuentes.
Los límites al número de oficiales contratados y otras condiciones legales obligan a las grandes empresas de seguridad a crear subsidiarias más pequeñas dedicadas a brindar servicios en zonas específicas.
En lo que va del año se registraron 145 nuevas empresas de seguridad ante el Ministerio de Seguridad Pública, casi el mismo número de nuevos negocios creados durante todo el 2013, cuando se registraron 150. Con las que se incorporaron este año, asciende a 1.539 el total de empresas autorizadas para brindar servicios de seguridad privada en el país.
Solo en la contratación de agentes de seguridad las empresas gastan por año $243 millones, además del pago por las extorsiones a los transportistas en las carreteras.
La delincuencia e impunidad que existe afecta no solo a las empresas de transporte de mercancías que operan en el país, sino que reduce cada vez más la posibilidad de Guatemala de atraer más y mejor inversión extranjera que coadyuve al desarrollo socioeconómico.
Entre 2003 y 2013 el número de empresas registradas para brindar servicios de vigilancia y seguridad privada se multiplicó por 13.
Un informe de la Contraloría General de la República detalla que al número de empresas que brindan servicios de seguridad se suman las personas físicas registradas como agentes, los cuales a la fecha suman 29.582 personas.
Narcotráfico y pandillas son los principales factores del asesinato intencional en los países más violentos del mundo: Honduras, Belice, El Salvador y Guatemala.
Según el reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC), al 2012 Honduras registra 90,4 homicidios por cada 100 mil habitantes.
El crecimiento de la oferta de viviendas ha provocado un incremento en la demanda de sistemas de seguridad electrónica.
“…el sector residencial requiere de seguridad física (vigilancia), cercas eléctricas, sistemas de alarmas y sistemas de cámaras, pero no todos los hogares la tienen. El consumo está dado en las alarmas y el sistema de respuesta”, dijo Lilliam Jerez, vicegerente de la empresa de Seguridad Ultranic.
Pese al aumento en los pagos por extorsión, en El Salvador en el 2013 murieron 33 conductores a manos de los delincuentes.
Catalino Miranda, representante de la Federación de Cooperativas de Transporte (FECOATRANS), explicó “que esta cantidad de dinero fue pagada por los empresarios de las 10.500 unidades que existen a escala nacional”. En 2012 se reportaron $18 millones en pago por extorsiones.
Los empresarios agrícolas guatemaltecos gastan $300 millones en seguridad privada lo que representa entre 12% y el 16% de sus presupuestos.
Prensalibre.com reseña que “la Cámara del Agro (Camagro) denunció que durante el 2013 se incrementaron los hechos delictivos como secuestros, amenazas y retenciones contra sus trabajadores, así como el robo y la destrucción de la propiedad privada…”.
Hasta un 12% del presupuesto de las empresas es utilizado para dar seguridad a sus equipos de transporte.
En artículo de Prensalibre.com, Carolina Castellanos, directora ejecutiva de Amcham, señala que los bloqueos en carreteras causan incertidumbre a las empresas y eso impacta en el alza de los costos.
El fenómeno afecta a gran parte de América Latina, cuyos países destinan en promedio el 8% de su producto bruto a costos de seguridad.
Esa fue la conclusión a la que se llegó durante el foro “Conectando las empresas como socios para la prosperidad con seguridad en las Américas”, organizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el sector privado, en el marco del Guatemala Investment Summit.
Una encuesta entre empresarios salvadoreños revela que durante 2012 el 66% de sus empresas o su personal fueron afectadas hasta en dos veces por extorsiones, secuestros o asesinatos.
La Encuesta ENADE 2013 evaluó la percepción empresarial sobre el desempeño de funcionarios de gobierno, la seguridad pública, la política fiscal y la institucionalidad democrática.
En El Salvador el presupuesto estatal destinado a Seguridad es de $500 millones anuales, mientras que en su conjunto la empresa privada invierte $600 para autoprotegerse.
“Los presupuestos sumados (Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y Fuerza Armada de El Salvador) llegan alrededor de $500 millones y el sector privado invierte arriba de $600 millones anuales en el tema de seguridad”, dijo Jorge Daboub, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
La inseguridad imperante en los países centroamericanos incrementa los costos del transporte terrestre de carga, obligando solo en el último año a pagar unos $20 millones por concepto de seguridad.
Contratación de empresas de seguridad privada, asistencia de patrullas y sistemas satelitales de GPS son algunos de los costos necesarios de pagar para poder trasladar mercancía en Centroamérica.
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