República Dominicana, Panamá y Honduras, son las naciones de la región donde la mayoría de la población opina que en los últimos doce meses ha aumentado la corrupción en las instituciones de gobierno.
El reporte "Barómetro Global de la Corrupción: América Latina y El Caribe 2019 - Opiniones y Experiencias de los ciudadanos en materia de corrupción", elaborado por Transparency International y publicado el 23 de septiembre de 2019, evaluó la percepción de la corrupción en los países de la región y algunos aspectos de inseguridad.
En 2018 la percepción de corrupción en las instituciones públicas aumentó en todos los países de la región, con excepción de Panamá, donde se mantuvo igual que en 2017, y en El Salvador, donde disminuyó levemente.
Al igual que años anteriores, el sector público de Nicaragua continúa siendo percibido como más corrupto de la región (nivel de transparencia 25 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (27), Honduras (29), El Salvador (35), Panamá (37), y Costa Rica (56).
Argumentando que "ha violado derechos humanos en Guatemala a través de una justicia selectiva y parcial", el presidente Morales decidió poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, de la Organización de Naciones Unidas.
Luego de la polémica generada por las declaraciones de la Procuradora General de la Nación, el sector empresarial panameño exige que se realice una investigación profunda, ya que aseguran que se avanza "peligrosamente hacia el agotamiento de todo principio de legalidad".
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
En 2017 la percepción de corrupción en las instituciones públicas aumentó en todos los países de la región, con excepción de Guatemala y Nicaragua, donde se mantuvo igual que en 2016, y en Costa Rica, donde disminuyó levemente.
El sector público percibido como más corrupto sigue siendo el de Nicaragua (nivel de transparencia 26 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (28), Honduras (29), El Salvador (33), Panamá (37), y Costa Rica (59).
Se presentó un anteproyecto de ley ante la Asamblea Nacional de Panamá, que intenta agregar la prohibición de participar en contratos con el Estado a las empresas con condenas en otros países por delitos contra la administración pública.
La iniciativa de ley que fue presentada el 23 de enero, solicita la modificación de textos del marco jurídico que regula las contrataciones públicas panameñas, para evitar la adjudicación de contratos a empresas que estén señaladas de actos de corrupción en Panamá y también en el extranjero.
La gremial de empresarios panameños señala que se han generado muchas dudas sobre el manejo que se viene dando a investigaciones y procesos judiciales de alto perfil como el de Odebrecht.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
Proporción de personas que en el último año han pagado un soborno para acceder a un servicio público: en Panamá 38%, en Honduras 33%, en El Salvador 31%, en Nicaragua 30%, en Guatemala 28% y en Costa Rica, 24%.
EDITORIAL
El informe "Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe", elaborado por la organización Transparencia Internacional, muestra cómo los habitantes de los países latinoamericanos nos hemos acostumbrado a la corrupción: desde casos escandalosos al más alto nivel político, hasta los pagos que a diario se hacen por debajo de la mesa al realizar trámites tan sencillos como solicitar asistencia médica en un hospital público o gestionar un documento en una oficina pública.
Un estudio de ICEFI concluye que la corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras abarca "prácticamente todos los sectores" y solo en Guatemala, las pérdidas que genera se estiman en $550 millones anuales.
El libro "La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano", "...
En Costa Rica el Consejo Nacional de Vialidad firmó un acuerdo de confidencialidad con la UNOPS para mantener en secreto la información de dos proyectos de construcción vial, financiados con fondos públicos.
EDITORIAL
La forma en que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en Costa Rica gestiona sus proyectos ya roza lo vergonzoso.
En un acuerdo con el Ministerio Público panameño, la constructora brasileña se comprometió a entregar toda la información relacionada con Panamá y a pagar una multa de $220 millones.
"Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores: cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra tí; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada."
Moody´s proyecta un menor crecimiento económico en Panamá en el corto plazo, debido al potencial impacto negativo que tendría el retraso de inversiones y la eventual cancelación de grandes proyectos adjudicados a la constructora brasileña.
Si bien la polémica empresa brasileña, acusada de haber desarrollado una red mundial de corrupción, tenía intereses en varios países latinoamericanos, fue en Panamá donde concentró una gran cantidad de proyectos, que van desde la renovación urbana de Colón, actualmente en desarrollo y con un valor estimado de $500 millones, hasta el contrato para construir la hidroeléctrica Chan II, estimado en $1000 millones y cancelado recientemente por la administración Varela.
Aunque la multa de $2.600 millones es la más alta de este tipo en la historia, es casi la mitad de lo que había acordado inicialmente la constructora brasileña con la Fiscalía de EE.UU.
La multa impuesta por un juzgado del distrito Este de Nueva York pone fin, al menos en los tribunales estadounidenses, a uno de los casos de corrupción más polémicos de la historia, por el involucramiento de funcionarios y empresas del Estado, empresarios y políticos de alto rango.
El mercado inmobiliario, los casinos, el negocio de conciertos, y hasta el sector ganadero son usados para blanquear capitales en los países centroamericanos.
Extraído del reporte "International Narcotics Control Strategy Report, Volume II, Money Laundering and Financial Crimes" del Departamento de Estado de EE.UU:
Costa Rica Las organizaciones criminales transnacionales continúan favoreciendo a Costa Rica como base para cometer crímenes financieros debido a su ubicación y limitadas capacidades de aplicación. El gobierno de Costa Rica ha intentado fortalecer el marco legal para la supervisión y ejecución; sin embargo, aún quedan retos para mitigar los riesgos de lavado de dinero. Costa Rica es un punto de tránsito que también se utiliza cada vez más como base de operaciones para el narcotráfico; Y sigue habiendo un importante lavado de fondos procedentes de actividades ilícitas. Costa Rica debe seguir cerrando brechas legislativas en delitos financieros y asignar recursos para investigación y procesamiento.
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Vista al océano,...
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