En Costa Rica los contribuyentes interesados en beneficiarse con exoneraciones o tarifas reducidas del pago del Impuesto al Valor Agregado, deberán registrarse ante la Dirección General de Tributación.
Los cambios se detallaron el 15 de octubre de 2019, cuando se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la resolución de la Dirección General de Tributación (DGT) N° DGT-DGH-R-060-2019, denominada “Procedimiento para solicitar el registro, las ordenes especiales para la autorización de exoneración o tarifa reducida del Impuesto sobre el Valor Agregad (IVA)".
Se estima que en El Salvador la facturación electrónica estará vigente en 2020, pues aún deben realizarse reformas al Código Tributario y a la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles.
Autoridades del Ministerio de Hacienda informaron que para la puesta en funcionamiento de la facturación electrónica, ya se reúnen con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y además esperan la llegada de expertos de Costa Rica.
Prevén implementar en los próximos dos meses un plan piloto para probar el sistema de facturación electrónica, iniciando con seis empresas.
El proyecto global que simplificaría 63 procesos que en la actualidad realizan los grandes contribuyentes, se pretende consolidar en los próximos dos o tres años, ya que aún se encuentra en la etapa de de compra de equipo informático.
Detalles del nuevo acuerdo sobre el Régimen de Factura Electrónica en Línea, segmentos de contribuyentes y los plazos para su incorporación al régimen.
Del memorándum tributario de Tezó y Asociados:
En septiembre 2007, por medio del Acuerdo del Directorio Número 24-2007, la SAT implementó el “Régimen Optativo Factura Electrónica” – FACE 1- y como su nombre lo indica, el uso de Facturas Electrónicas fue optativo para los contribuyentes.
La SAT prorrogó hasta el 19 de septiembre el plazo para la exoneración del 90% en multas, intereses y recargos para los contribuyentes, sean naturales o jurídicos.
La amnistía tributaria que anunció la Superintendencia de Administración Tributaria en Mayo de este año y que iba a tener un plazo de tres meses, fue extendida 30 días más, hasta el 19 de septiembre.
La Sala Primera declaró sin lugar una demanda de la Cámara de Industrias, y Tributación podrá exigir a los grandes contribuyentes la presentación de información considerada sensible en el sistema AMPO.
Del comunicado del Ministerio de Hacienda:
Sala Primera confirma potestad de Tributación para solicitar información por medio del AMPO
Se encuentra en trámite una modificación al reglamento de las leyes del impuesto sobre la renta y ventas, que permitirá a las empresas emitir facturas electrónicas en dólares.
El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, explicó a Nacion.com que el objetivo de la modificación es ajustar el reglamento a la realidad del país, ya que "...si las leyes permiten hacer transacciones en dólares, entonces permitamos facturas en dólares".
Anuncian que a partir de marzo un grupo de grandes contribuyentes deberá comenzar a utilizar el sistema de facturación electrónica de forma obligatoria.
Según la Dirección General de Tributación, comenzarán con un grupo de empresas consideradas grandes contribuyentes, que ya recibieron la capacitación para poder implementar la factura electrónica a partir de marzo.
La Dirección General de Tributación contrató un servicio externo que cruza datos de los contribuyentes en bases de datos públicas para identificar patrones sospechosos que puedan sugerir conductas irregulares.
El proyecto denominado Modelo Predictivo comenzó a implementarlo el Ministerio de Hacienda de Costa Rica este año, y pretende analizar el comportamiento de las empresas y personas para identificar patrones sospechosos o inusuales en el proceso de declaración de ingresos y pago de impuestos.
El 14 de febrero iniciará un plan piloto que conectará seis grandes empresas seleccionadas previamente con el sistema de facturación digital que operará Hacienda.
Con la publicación en La Gaceta de la resolución se establece la forma en que comenzará a implementarse el sistema de facturación electrónica a partir de febrero de 2017, dos años después de los previsto inicialmente.
En enero de 2017 comenzará a regir la norma que permite el levantamiento del secreto bancario mediante orden judicial a solicitud de la Superintendencia de Administración Tributaria.
El decreto 37-2016 Ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal y Gobernanza para la SAT fue publicado hoy en el Diario de Centroamérica, donde se establece las fechas en que entran en vigencia cada una de las modificaciones aprobadas en la reforma.
La principal gremial del sector privado de Costa Rica aceptó conformar un equipo técnico en conjunto con el gobierno para crear una base de datos de accionistas de las empresas.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) acordó con el Gobierno de la República conformar un equipo de trabajo (entre expertos tributarios e informáticos) que evalúe las condiciones para crear una base de datos de accionistas, informó Nacion.com.
En Panamá un fallo constitucional impide tercerizar el cobro de impuestos a personas naturales y jurídicas privadas, derogando así un decreto presidencial.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el numeral 3 y párrafo subsiguiente del Decreto de Gabinete 109 del 7 de mayo de 1970 que permitía ejercer funciones públicas fiscales de cobro de impuestos a personas naturales y jurídicas privadas, y que tenía el objetivo de vigilar la recaudación de las rentas.
Rechazan un recurso presentado por el sector privado y Hacienda podrá exigir a los grandes contribuyentes la presentación en el sistema AMPO de información considerada sensible.
Del comunicado del Ministerio de Hacienda:
El Ministerio de Justicia resolvió en definitiva, a favor de la Administración Tributaria, el proceso que la Cámara de la Industria Alimentaria y varios coadyuvantes interpusieron contra la herramienta Análisis Multifuncional Programado y Objetivo (AMPO).
Otra vez el sector privado propone al gobierno postergar, esta vez hasta junio de 2016, la vigencia de la obligación de retener el 50% del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios.
Esta es la segunda ocasión en que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) solicita al gobierno aplazar la medida, esta vez argumentando que la cantidad de transacciones que gestionan las empresas que deben apegarse a la nueva norma es muy elevada y dificulta la implementación del sistema necesario para hacer la retención.
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