La decisión de la Asamblea Legislativa de no avalar el proyecto de ley que pretende aprobar el contrato entre el gobierno y Minera Panamá, evidencia la fragilidad de los contratos entre el Estado panameño y las empresas.
Las trabas al proyecto minero datan de varios años atrás, pues la disputa legal comenzó en 2009, cuando el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra del contrato que otorga una concesión por veinte años para explotar y comercializar los yacimientos de oro, cobre y otros recursos minerales del Cerro Petaquilla.
La Autoridad de Turismo informó a CCA-Cocige, responsable de construir el Centro de Convenciones en Amador, la intención de anular el contrato debido a fallas críticas en el diseño y en la infraestructura.
La obra fue adjudicada originalmente a HPC Contratas P&V, pero en 2016, luego que se paralizaran los trabajos durante 24 meses, por un problema de liquidez, el proyecto fue asignado al consorcio CCA-Cocige.
Dos años después de la publicación de la licitación, la administración Varela y el Consorcio Panamá Cuarto Puente, firmaron el contrato para el diseño y construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.
Durante enero de 2018 el Ministerio de Trabajo registró 24.508 contratos laborales, 21% más que los reportados en el mismo mes de 2017.
La actividad económica que mayor cantidad de contratos registró en enero de 2018 fue la construcción con 9.848, seguido de comercio al por mayor y al por menor que sumó 5.201 y en tercer lugar se ubicó las actividades administrativas y servicio de apoyo con 2.648.
La caída registrada en los contratos de trabajo suscritos entre 2016 y 2017, contrasta con el aumento de 5% reportado entre los años 2015 y 2016.
Según cifras del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral panameño, de enero a diciembre de 2017 se registraron en la sede de la entidad 283.358 contratos, de los cuales 122.169 fueron por tiempo definido, 85.573 por obra terminada y 75.616 por tiempo indefinido.
La Caja del Seguro Social dispondrá de los fondos para extender el contrato por servicios de hemodiálisis y asegurar la cobertura hasta Octubre de 2018.
El Consejo de Gabinete autorizó a la Caja del Seguro Social (CSS) a realizar una adenda en el contrato para el servicio de hemodiálisis, de forma de garantizar el servicio hasta Octubre del próximo año.
En el primer trimestre del año se registraron 71 mil contratos de trabajo, 3% más que los 68 mil reportados en el mismo periodo del 2016.
Los datos del informe trimestral de la Contraloría General de la República señalan que respecto al mismo periodo de 2016, los contratos de tipo definido aumentaron 8,4%, los de obra determinada, 1,1%, mientras que los indefinidos se redujeron 2,6%.
HPC Contratas P&V no terminará la construcción de los mercados público y de abastos de La Chorrera, y la afianzadora deberá contratar otra empresa o pagar la fianza de cumplimiento.
Después de tres años de paralización de las obras por problemas de liquidez del consorcio contratista HPC Contratas P&V, la estatal Mercado Nacional de la Cadena de Frío decidió cancelarle el contrato.
La constructora tiene una semana para responder a la propuesta del gobierno panameño, que pretende cancelar la concesión de la hidroeléctrica Chan II sin costo para el Estado.
El Ministerio de Economía y Finanzas entregó la propuesta a la constructora brasileña el 26 de enero, y tiene una semana para responder y comenzar a coordinar su salida del proyecto de construcción de la represa denominada anteriormente Bocas del Toro.
Dos meses después de haber sido adjudicado el contrato por $20 millones para la estrategia de promoción internacional, la empresa adjudicataria aún lo está analizando.
Una vez la empresa VML International termine el proceso de revisión del contrato, éste deberá ser aprobado por la Contraloría General, lo que podría demorar todavía más su puesta en marcha.
Finalmente aprobaron el contrato por $20 millones para que la empresa VML Inc. desarrolle la estrategia de mercadeo y comunicación para promover al país a nivel internacional.
La ejecución de la campaña de promoción turística internacional se llevará a cabo entre 2016 y 2018, y consistirá en una estrategia integral de promoción, publicidad online y tradicional, relaciones públicas y trade marketing (activaciones) para promover a Panamá a nivel internacional.
En los primeros cuatro meses del año se formalizaron 97.234 contratos de trabajo, un 7% más que en el mismo periodo de 2015.
Las cifras del gobierno indican que entre enero y abril se sellaron 97.234 contratos, por encima de los 90.841 del pasado 2015, registrando un incremento absoluto de 6,393 nuevos empleos.
Diez agencias publicitarias han demostrado interés en obtener el contrato para la promoción internacional de Panamá como destino turístico.
El artículo en Prensa.com reseña que "... El contrato para manejar la promoción turística internacional del país ha generado el interés de importantes agencias publicitarias extranjeras. A la fecha, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) ha recibido 10 propuestas y se espera que este número aumente en las próximas semanas."
En Costa Rica 19 proyectos fueron seleccionados como "elegibles" por la estatal eléctrica, pero la misma institución descarta abrir nuevos concursos para contratar más energía generada con viento.
EDITORIAL
La inversión en energías alternativas es riesgosa, pues depende de factores externos incontrolables como variaciones atmosféricas imprevisibles, que tienen especial incidencia en la hidráulica, en la solar y en la eólica. El precio del petróleo es el condicionante mayor, y su caída en los dos últimos años significó el fracaso de muchos proyectos de energía renovable. En unos casos fueron los inversionistas los que pagaron los platos rotos, y en otros fueron los consumidores. Como ejemplo de uno de estos últimos, ya hemos reseñado lo ocurrido en Uruguay, donde "en los dos últimos años el país campeón latinoamericano en energía eólica perdió $63 millones anuales por comprar el MWh eólico a $70 y tener que revenderlo a $7."
Transparencia Internacional considera que el proyecto de ley actualmente en discusión es insuficiente para impedir la corrupción en el sistema de compras del Estado.
Para el capítulo panameño de la organización Transparencia Internacional, el proyecto de ley sobre contrataciones públicas en el país debería incluir aspectos como hacer público el plan anual de acciones, reducir más la discrecionalidad para contratar de forma directa, eliminar la posibilidad de “adendas lesivas a los intereses del Estado” o mejorar el proceso de pago de las cuentas.
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