Las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado que se discuten en Guatemala, establece cinco causales para que el Gobierno rescinda el contrato de forma anticipada, con una empresa.
Actualmente la propuesta está en discusión en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, del Congreso de la República, y entre sus objetivos principales está resolver los problemas que derivan de los litigios entre los contratistas y las entidades del Estado, debido a temas relacionados con obras sin concluir.
El gobierno de Guatemala liquidará el contrato de trabajos de ampliación de 100 kilómetros de la carretera CA2 Oriente, que comunica al departamento de Escuintla con la frontera con El Salvador.
Autoridades del Ministerio de Comunicaciones anunciaron que este mes prevén liquidar el contrato con la empresa Sigma Constructores, el cual tenía como objetivo ampliar de dos a cuatro carriles el tramo carretero que va de Escuintla y finaliza en la frontera Ciudad Pedro de Alvarado, en departamento de Jutiapa.
Luego de intentar en múltiples ocasiones liquidar el contrato y cobrar las fianzas por la obra vial que se había adjudicado a la constructora brasileña, finalmente el gobierno guatemalteco recibió los dineros y podrá volver a licitar los trabajos.
Representantes del ejecutivo anunciaron que ya recibieron las dos fianzas correspondientes a la obra vial de 140 kilómetros de la carretera de la CA-2, por lo que prácticamente queda libre el camino para licitar nuevos contratos.
Luego de que la constructora brasileña abandonara la obra vial que se le había adjudicado, el gobierno pretende ejecutar las fianzas de anticipo y cumplimiento, que sumarían $122 millones.
El contrato que consiste en la ampliación de 140 kilómetros de la carretera CA-2 Occidente fue adjudicado a la constructora Odebrecht en 2012, sin embargo, la empresa abandonó la obra luego de realizar trabajos en solo 43 kilómetros.
En medio de la polémica por los casos de corrupción revelados por el Ministerio Público, la administración Morales anunció que liquidará contratos y asumirá varios de los proyectos de construcción y mantenimiento vial.
El decreto Estado de Calamidad Pública en las carreteras que emitió el gobierno tendrá un plazo de 30 días, periodo durante el cual la administración Morales prevé tomar el control y ejecución de varias de las obras que se encuentran en ejecución. Sin indicar cuánto invertirá en el proceso, el Poder Ejecutivo explicó que comprará maquinaria y equipo para realizar los trabajos de reparación y construcción de vías. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda estará a cargo, con el apoyo del Ministerio de Defensa Nacional.
Mientras crece la presión en Guatemala para que se anule el contrato con APM Terminals, la estadounidense American Ports habría manifestado su interés en operar la terminal portuaria.
Al rechazo que ya ha manifestado el Congreso a la posibilidad de aprobar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone otorgar la concesión directa a APM Terminals, se suma ahora la Contraloría General de Cuentas (CGC), que recomienda declarar nulo el contrato y comenzar con un nuevo proceso.
El Ejecutivo analiza anular el contrato de arrendamiento entre Ferrovías y Cobigua luego de que la Procuraduría General de la Nación presentara una denuncia por presuntas anomalías.
El Poder Ejecutivo evalúa declarar la nulidad del contrato de arrendamiento entre la Compañía Desarrolladora Ferroviaria (Ferrovías) y la Compañía Bananera Guatemalteca Independiente (Cobigua), días después de que la PGN presentara una acción para que el Ministerio Público inicie una investigación que permita determinar "... quiénes fueron los responsables de firmar ese contrato, además de identificar cuáles fueron las normas legales utilizadas por Ferrovías para concretar dicho, ya que esa compañía no tiene facultades sobre el Estado." Ver "Denuncian corrupción en concesión y gestión de Puerto Quetzal". Reseña Lahora.gt que "... El contrato faculta a Cobigua a utilizar el muelle de Puerto Barrios, Izabal, hasta el 2048, luego que venciera el año pasado el contrato de usufructo oneroso, otorgado en 1990. Para la ex procuradora general de la Nación, María Eugenia Villagrán, Ferrovías no tenía facultades para darle la administración del puerto a Cobigua."
El presidente Morales ya dio claras señales de que el contrato de concesión de Puerto Quetzal con la empresa TCB, tendrá que ser anulado.
Pese a ser una decisión que le corresponde tomar a la Procuraduría General de la Nación, ante insistentes consultas de periodistas, el presidente Jimmy Morales dijo que "...'La declaración de nulidad es un hecho que se tiene que dar'."
En Costa Rica 19 proyectos fueron seleccionados como "elegibles" por la estatal eléctrica, pero la misma institución descarta abrir nuevos concursos para contratar más energía generada con viento.
EDITORIAL
La inversión en energías alternativas es riesgosa, pues depende de factores externos incontrolables como variaciones atmosféricas imprevisibles, que tienen especial incidencia en la hidráulica, en la solar y en la eólica. El precio del petróleo es el condicionante mayor, y su caída en los dos últimos años significó el fracaso de muchos proyectos de energía renovable. En unos casos fueron los inversionistas los que pagaron los platos rotos, y en otros fueron los consumidores. Como ejemplo de uno de estos últimos, ya hemos reseñado lo ocurrido en Uruguay, donde "en los dos últimos años el país campeón latinoamericano en energía eólica perdió $63 millones anuales por comprar el MWh eólico a $70 y tener que revenderlo a $7."
Entre las obras cuya ejecución fue suspendida por falta de recursos está la construcción de puentes, escuelas, sistemas de agua potable y carreteras en diferentes zonas del país.
El Fondo de Desarrollo Social (Fodes) señaló que necesita al menos $15 millones para poder reanudar los 43 proyectos que fueron suspendidos luego de que el Ministerio de Finanzas rechazara la solicitud de los fondos.
La Procuraduría General de la Nación recomienda declarar nulo el contrato de usufructo oneroso firmado con la española Terminal de Contenedores Quetzal.
Si el Poder Ejecutivo no declara la nulidad, tal como recomienda la Procuraduría General de la Nación (PGN), ésta podría "tomar las acciones que correspondan". El argumento de la PGN se basa en que "...
Anuncian acciones de la Contraloría General de Cuentas para que se declare lesivo el contrato firmado en julio de 2012 con la española Terminal de Contenedores Quetzal.
El artículo en Lahora.gt reseña que "... el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, confirmó a La Hora que a más tardar la próxima semana, un grupo de abogados de la entidad presentará a la Procuraduría General de la Nación, la documentación necesaria para que se declare lesivo el contrato de usufructo entre la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y EPQ, suscrito en julio de 2012."
La planta generadora de electricidad a base de carbón no comenzó a suministrar energía en la fecha establecida en el contrato, por lo que Energuate canceló el contrato y ejecutará la garantía.
Rescindieron el contrato para construir y operar una terminal de combustible en el aeropuerto La Aurora, que había sido adjudicado a Terminales del Atlántico S.A.
Había sido adjudicado a la empresa suiza Security Assistance Group, S.A. y es una de las contrataciones cuestionadas en el contexto de actos de corrupción que se están desvelando en el país.
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