Debido a que se ha incrementado la oferta de edificios de oficinas y de uso comercial, y paralelamente la desocupación también ha ido al alza, en Costa Rica los administradores de estos inmuebles anticipan que el próximo año las partes deberán renegociar los contratos.
Datos recabados por Colliers International precisan que entre junio de 2019 y el mismo mes de 2020 el inventario total de inmuebles de uso comercial se incrementó en 1,5% al pasar de 1,16 millones de m2 a 1,18 millones de m2.
Derivado de la crisis sanitaria y económica que ha provocado la propagación del covid19, para el tercer trimestre de 2020 el 26% de los empleadores tienen previsto disminuir sus planillas.
El 3% de los empleadores espera un incremento en sus plantillas laborales, el 26% anticipa una disminución y el 68% no prevé cambios, resultando una Tendencia Neta del Empleo de -23%, informó Manpower.
Millicom anunció que ejerció su derecho a rescindir el Acuerdo de Compra de Acciones para la adquisición de la filial operativa de Telefónica en el país centroamericano.
En Costa Rica la estatal eléctrica ICE evalúa renegociar precios y condiciones en los contratos de compra de energía con empresas de generación privada.
Los ajustes que prevé realizar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en los contratos con generadores privados se fundamentan en la necesidad de reducir costos y adecuar los precios y cantidades compradas a las condiciones actuales de demanda y de disponibilidad de recursos para generar energía.
En Costa Rica un proyecto de ley propone inhabilitar por un plazo de cinco años a las empresas constructoras que incumplan contratos con entidades del Estado.
La propuesta de ley es analizada por la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, y según representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), si es aprobada, la ley permitiría sancionar a las empresas de construcción que no finalicen las obras pactadas con el Estado.
Por cuarta vez en tres años, la Contraloría General encontró deficiencias en el proceso de contratación a cargo de UNOPS y anuló la adjudicación de un viaducto a la constructora MECO.
Mediante un comunicado, la Contraloría General de la República (CGR) anunció que resolvió el recurso de apelación interpuesto por FCC Construcción América S.A. en contra del acto de no objeción del concurso promovido por la Unops para la construcción de la obra denominada “Intersección Garantías Sociales y colector hacia el río María Aguilar, San José Costa Rica”, acto recaído a favor de Constructora Meco S.A. por un monto de $17.625.113.37.
La polémica generada por la decisión de UNOPS de impedir el acceso a los expedientes de las obras viales que tenía a su cargo, llevo al gobierno a desistir de otorgarle nuevos proyectos en el futuro.
Derivado de la negativa por parte de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), de hacer público los expedientes de los proyectos y la posterior cancelación de los contratos por parte de la Contraloría, el Ministerio de Obras Públicas habría decidido no continuar con la asistencia del organismo internacional en futuros proyectos.
En la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley que permitiría que las contrataciones que hacen las entidades de gobierno no requieran del refrendo de la Contraloría General de la República.
El proyecto de ley 20.202 es iniciativa de la misma Contraloría General de la República, que planteó la propuesta con el objetivo de reducir los tiempos y la burocracia que implica la revisión y posterior refrendo de cada contrato.
En Costa Rica la Contraloría General de la República decidió anular los contratos de dos proyectos de construcción vial de la UNOPS, luego de que ésta decidiera mantener en secreto los expedientes con los detalles de dichas contrataciones.
La decisión de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), de ocultar los detalles de las contrataciones realizadas para los dos proyectos de construcción vial que le fueron asignados por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavo) le costó caro a las arcas del Estado.
En Costa Rica la estatal eléctrica deberá pagar $112 millones al contratista del proyecto hidroeléctrico Chucás, por "gastos adicionales que le autorizó y luego se negó a reconocerle".
En el laudo emitido por el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA), al que recurrió la empresa Enel Green Power Costa Rica para resolver el conflicto que se originó en 2015 por el encarecimiento de casi $148 millones del proyecto hidroeléctrico Chucás, que aún no se ha terminado, se establece que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) actuó con "mala fe contractual".
Debido al retraso que presenta y al incremento exagerado que ha tenido el costo del proyecto, evalúan rescindir el contrato para la construcción de la nueva carretera a San Carlos y reasignar los trabajos pendientes a través de varias contrataciones separadas.
El contrato para construir el tramo de 29,7 kilómetros entre Sifón, San Ramón, y La Abundancia, en San Carlos, fue adjudicado hace más de 9 años a la empresa Sánchez Carvajal, a un costo inicial de $61 millones. Desde entonces, el costo del proyecto aumentó 250%, hasta $213 millones.
Después de varios meses de discusiones, finalmente aprobaron cederle al Banco de Costa Rica el control total del proyecto de construcción de la ruta entre San José y San Ramón.
La estructuración financiera y la ejecución de la obra estarán ahora a cargo del Banco de Costa Rica (BCR), a quien se le adjudicó el contrato de administración del fideicomiso. Por cuatro meses la discusión giró en torno al conflicto de interés que podía surgir al otorgarle el control total al BCR, retrasando el comienzo de la obra.
El proyecto que tendrá a cargo Grupo Orosi en Puntarenas incluye, además de la pavimentación de 18 kilómetros, la construcción de muros de estabilización y protección de taludes.
El Consejo Nacional de Vialidad anunció que el contrato con la empresa, que no requiere de refrendo por ser contratación directa, consiste en realizar el proceso de asfaltado del tramo de 18 kilómetros entre Guacimal y Santa Elena, en Puntarenas.
Por cuarta vez la Contraloría devolvió sin aprobar el contrato para la construcción del nuevo centro de convenciones, que en mayo fue adjudicado a la constructora Edica por $32 millones.
Rechazando los argumentos de tres constructoras participantes en la licitación, la Contraloría refrendó los contratos otorgados a MECO, Hernán Solís y Quebradores del Sur.
El contrato adjudicado a Constructora MECO es por $116 millones, el de Hernán Solís por $76 millones y el de Quebradores del Sur, por más de $14 millones. El plazo de los tres contratos para mantenimiento de la red vial nacional es de cuatro años. Las obras deberán iniciar en un plazo máximo de 15 días hábiles.
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