Argumentando que en Nicaragua y Guatemala hay mayor potencial para lograr una expansión sostenible y rentable, el grupo empresarial mexicano dedicado a la producción de lácteos decidió cerrar las operaciones de su planta de producción en Costa Rica.
Argumentando que la decisión obedece al compromiso de la búsqueda de la rentabilidad, a partir del 8 de noviembre la empresa española de transporte por aplicación dejará de brindar sus servicios en Santo Domingo y Ciudad de Panamá.
Como resultado de un constante proceso de análisis de los mercados en los que tiene actividad, la compañía ha tomado la decisión estratégica de detener su servicio en ambas capitales, informó la empresa por medio de un comunicado.
Luego de 20 años de operación, Modas B.I. Apparel, empresa dedicada a la confección de prendas de vestir, decidió cerrar sus puertas causa de la crisis económica que provocó el brote de covid19.
La empresa operaba una planta industrial que empleaba a 800 trabajadores y se ubicaba en el Kilómetro 8 de la Carretera al Atlántico, en jurisdicción del departamento de Guatemala.
Derivado de la crisis sanitaria por la que atraviesa el país y por las restricciones decretadas, a marzo de 2020 se reportaba que seis de cada 10 hoteles estaban cerrado al público y a mayo la cifra subió a ocho de cada 10.
De acuerdo a una encuesta realizada por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), ASI Estrategias y la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur), el 77% de las empresas del sector turismo ha cerrado temporalmente y 5% lo ha hecho de manera definitiva.
Corporación Camino Real, Radisson, Hyatt, Marriot, Adriátika, Hilton Garden y Holiday Inn, son algunos de los grandes hoteles que en Guatemala han suspendido sus operaciones debido a la crisis sanitaria y económica que afecta el mundo.
A raíz del brote de covid19 el hotel Real Intercontinental, suspendió sus operaciones desde el 1 de abril y según sus directivos la reapertura dependerá de las disposiciones gubernamentales.
Identificar necesidades críticas del negocio y fijar planes de cómo mantener suministros y operaciones, así como establecer canales de comunicación con proveedores para estar informados ante cualquier eventualidad, son parte de los consejos para las empresas.
El coronavirus ya afectó a la economía mundial, y sus efectos no parecen detenerse. Con países en cuarentena, mercados financieros en negro y el comercio internacional mermado, las perspectivas económicas no son muy alentadoras, explica un documento de la gremial de exportadores de Guatemala.
Un día después de que se suspendieran las labores en el sector privado, las autoridades informaron que todas las empresas que cumplan con el protocolo de seguridad e higiene, tendrán permitido seguir operando.
La noche del 16 de marzo se informó que se suspendían las actividades laborales del sector público y privado, y que se ordenaba el cierre de centros comerciales, bares y discotecas, y se prohibía la operación del transportes público, con el objetivo de contener la propagación el covid-19.
En Guatemala, un grupo de personas de San Pedro Carchá solicitó ante la Corte de Constitucionalidad que se suspendan las operaciones de Renace, argumentando que no se realizó una consulta comunitaria previa al desarrollo del proyecto.
El 23 de octubre se realizó en la capital del país la vista pública en la que la Corte de Constitucionalidad conoció las posturas de las partes interesadas.
Representantes de la mina El Tambor, situada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, interpusieron una demanda por $300 millones en contra del Estado de Guatemala.
La demanda de arbitraje fue planteada por los estadounidenses Daniel W.
A un año de la suspensión de las operaciones del proyecto minero El Escobal, en Guatemala, la empresa aún sigue a la espera del fallo judicial definitivo de la Corte de Constitucionalidad.
En mayo de 2018 el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
Los industriales exigen a la Corte de Constitucionalidad que se pronuncie respecto al recurso de amparo que fue otorgado a favor de un grupo ambientalista y que mantiene paralizadas las operaciones de la mina.
El proyecto está paralizado desde que una organización ambientalista presentara una acción de amparo en contra de la mina, con el argumento que que el Ministerio de Energía y Minas no realizó las consultas comunitarias debidas antes de autorizar las licencias.
Minera San Rafael deberá paralizar sus operaciones luego de que sus dos licencias de operación quedaran suspendidas con el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia a un grupo ambientalista.
Reseña Prensalibre.com que "... Las licencias El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, quedan suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debe detener sus operaciones.
GoldCorp anunció que el proceso de cierre de la mina de extracción de oro ya comenzó y se terminará en un plazo de entre cuatro y cinco meses.
La empresa propietaria de la mina ubicada en San Marcos comenzó con el proceso de recuperación de vegetación en 2012, cuando finalizó la explotación al aire libre, y ahora se encuentra completando el proceso de recuperación en el área subterránea, que está previsto que culmine este año.
La Autoridad de Aviación Civil salvadoreña suspendió temporalmente su permiso de operación y le otorgó un plazo de 90 días para definir si seguirá o no en el mercado aéreo.
La empresa deberá resolver su futuro en un lapso máximo de tres meses, según lo establecido por la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador. Su director ejecutivo, Jorge Puquirre, explicó a Elmundo.sv que "... 'el argumento de ellos (VECA) se basa en que sus aeronaves actuales no son rentables por su oferta de vuelos a bajo costo'. Sin embargo, 'ellos ya están en conversaciones con otros operadores en busca de arrendar otro tipo de aviones más pequeños'. Si la compañía decide no continuar en el mercado, la Aviación Civil tiene la facultad legal de 'cancelar de manera definitiva el permiso de operación'."
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