En Nicaragua a raíz de la captura de cuatro precandidatos presidenciales y la detención del líder empresarial José Adán Aguerri, el sector productivo pide la liberación de los presos políticos y aboga para que el gobierno se comprometa a otorgar todas las garantías democráticas.
Con la detención de Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiaga Blandón y Juan Sebastian Chamorro, ya son cuatro los precandidatos presidenciales que han sido apresados por las autoridades nicaragüenses.
Después que en Nicaragua se detuvieran a los precandidatos a la presidencia Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, el sector empresarial cuestiona la "viabilidad democrática de la realización de un proceso electoral libre, justo, competitivo y transparente".
Luego que en Nicaragua se girara una orden de captura en contra de Cristiana Chamorro Barrios, precandidata presidencial independiente, el sector empresarial opina que se "evidencia la falta de voluntad del gobierno de realizar elecciones libres, justas, transparentes, competitivas y observadas".
A raíz de una acusación en contra de Cristiana María Chamorro Barrios, presentada por el Ministerio Público ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos de los Juzgados de Managua, las autoridades decidieron girar una orden de allanamiento y de captura.
Con la decisión del Congreso de no retirarle la inmunidad al presidente Morales, se le impide al Ministerio Público y a la Cicig continuar la investigación por financiamiento electoral irregular.
Tal como se esperaba, el congreso guatemalteco decidió votar en contra de la solicitud de antejuicio planteada por el Ministerio Público para retirarle la inmunidad a Jimmy Morales.
Ya son cuatro las solicitudes de antejuicio presentadas en contra del presidente Morales, luego de que éste solicitara expulsar de Guatemala al líder de la Comisión Internacional contra la Impunidad.
EDITORIAL
En menos de una semana se presentaron una serie de acontecimientos que al día de hoy tienen en vilo al país. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron una solicitud de antejuicio contra el presidente Morales por supuesto financiamiento electoral ilícito; Morales declaró al Comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, persona non grata, y solicitó su expulsión del país. En respuesta a esto, se han presentado otras tres solicitudes de antejuicio en las últimas horas.
Para los empresarios la temporada preelectoral profundizará los problemas que afectan al país e impedirá que el gobierno avance en temas relevantes, como la inversión pública.
Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), advirtió que "... los próximos 20 meses serán más difíciles en todos los aspectos nacionales, debido a los innumerables riesgos que traerá la época electoral.
La CICIG señala que en la práctica el financiamiento privado de candidatos y partidos políticos es anónimo, ilimitado y sin control, y que el 25% proviene del narcotráfico.
De la introducción del informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), "EL FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA EN GUATEMALA":
La relación entre dinero y política es un tópico problemático que ha sido abordado tanto en el campo de la filosofía y la ciencia política, como en el debate público. En el mundo académico, este asunto ha sido tratado en argumentos sobre lo perjudicial que para el orden social y político es que las mismas personas y grupos que concentran el poder económico concentren también el político, y de ahí que se busquen y se prefieran aquellos diseños institucionales que contribuyan a mantener separadas ambas esferas. Sin embargo, tanto en sociedades con democracias consolidadas como en países en proceso de democratización, la influencia decisiva de los grupos con poder económico se ha mantenido o ha aumentado.
En Costa Rica la Sala Constitucional limitó la cesión de bonos de deuda política a medios de comunicación y personas físicas.
De acuerdo con el magistrado Fernando Castillo, esta sentencia traerá transparencia al proceso mediante el cual se financian los partidos políticos y permitirá controlar a quienes realizan donaciones y prestan servicios durante el proceso electoral.
Ratifican la ley que reduce de $86 millones a $50 millones el monto que el Estado destina para financiar los gastos en campañas electorales.
Nacion.com publica: “El plan redujo de un 0,19% a un 0,11% del producto interno bruto (PIB) del año trasanterior a la elección, el monto que el Estado destinará para financiar los gastos en que incurran los partidos desde este miércoles y hasta al 2 de febrero”.
Las radioemisoras de Costa Rica se oponen a un proyecto de ley que las obligaría a dar espacios de pauta gratuitos a los partidos políticos.
La propuesta realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), implica que las radioemisoras y las televisoras cedan de manera gratuita 30 minutos diarios a los partidos políticos de Costa Rica para que emitan su propaganda.
Proponen cambiar las reglas de elección de los diputados para que la mayoría sean electos en distritos electorales, porque ello los legitimará de cara a sus comunidades.
Un grupo de ciudadanos costarricenses comenzó a actuar bajo la premisa de que el "sistema político costarricense se está debilitando", y es necesario renovarlo.
De lo expresado en "Nuestra posición", en el portal web del movimiento "Poder Ciudadano ¡Ya!:
José María Figueres, ex presidente con grandes posibilidades de volver a serlo en el 2014, propuso construir un tren ligero de alta velocidad dentro de la zona metropolitana.
“En mi gobierno yo cerré el ferrocarril porque me parecía que era un ferrocarril de 200 años y líneas angostas que además tenía un tremendo déficit (pues lo utilizaba solo el 3% de los costarricenses).
Entre mayo y junio de 2011, los partidos electorales del país gastaron $14.3 millones de dólares en publicidad para las elecciones.
Acción Ciudadana, el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, presentó esta semana un reporte sobre el gasto publicitario en la campaña electoral.
El reporte indica que el gasto total es más alto, pues las mediciones no incluyen redes sociales o medios locales, ni los gastos de los candidatos a diputados o alcaldías.
Las diferentes fracciones políticas de Guatemala se valen de artículos promocionales, para dar a conocer a sus candidatos dentro del electorado.
Empresas de artículos promocionales han visto elevar sus ventas con la comercialización de gorras, playeras, llaveros, etc., con los logos de los diferentes partidos políticos y candidatos.
Así como otros comercializan artículos no tan comunes.
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