Desde el 3 de junio en Guatemala, las compras y ventas de propiedades tendrán que realizar un sólo proceso para obtener la certificación de inmueble y avalúos catastrales.
Antes de implementarse este cambio, se debía recopilar por aparte las certificaciones del valor al que estaba inscrito el bien inmueble en la Municipalidad, el valor fiscal de Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) o el valor declarado en la escritura de Compra-Venta o sea lo que pactaron comprador y vendedor.
Debido a fallos en las estimaciones de costos de la obra, en Costa Rica la Contraloría declaró inviable la licitación para construir un centro deportivo, valorado supuestamente en $40 millones.
Desde que se modificó la ley de zonas francas, en los últimos dos años en Guatemala han cerrado casi 100 empresas, y para 2019 se prevé que la cifra siga creciendo, si no se logra enmendar el marco regulatorio.
Datos del Banco de Guatemala detallan que de enero a octubre de este año las exportaciones de las empresas de zonas francas sumaron $471 millones, 2% menos que los $479 millones registrados en los primeros diez meses de 2017.
El sector farmacéutico de Guatemala reclama demoras en la autorización de medicamentos, pues se estima que más de mil expedientes esperan el aval para ser comercializado legalmente en el país.
Según autoridades del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala el funcionamiento del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha sido irregular desde enero de 2017, cuando su antigua sede ubicada en la zona 15 de la Ciudad de Guatemala se incendió.
A través de una nueva plataforma de información se pretende identificar los principales inconvenientes que enfrentan en las aduanas y en la gestión de trámites, las empresas que movilizan mercadería a través de la región.
La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) presentó la Plataforma de Incidencias de Comercio, la cual recopilará la información de los inconvenientes que tengan las empresas en el área de aduanas, transporte, trámites sanitarios, fitosanitarios, de importación o exportación.
En Guatemala crearon una nueva figura denominada Sociedad de Emprendimiento, cuyo costo de registro oscilará entre $128 y $192 y estaría disponible a partir del primer trimestre de 2019.
El Ministerio de Economía trabaja para que el procedimiento, que quedará establecido dentro del Reglamento de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, esté a disposición de los interesados para el primer trimestre del próximo año.
A dos años de haberse presentado en el Congreso de Guatemala, la iniciativa para reformar la Ley de Zonas Francas sigue a la espera de ser aprobada.
En 2016 fue presentada ante el Congreso de la República la iniciativa 5174, que ha sido debatida en citaciones hechas por los diputados y en reuniones del Gabinete Económico del Poder Ejecutivo, sin llegar a aprobarse.
Después de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para reanudar la operación de la Mina San Rafael, la empresa ahora reclama que los plazos del proceso no son claros.
Ante las dudas que existen sobre el plazo que tiene el gobierno para completar el proceso de consulta comunitaria, la empresa minera decidió realizar otro recorte de personal, dado que se desconoce cuánto tiempo pasará antes de que puedan reanudar las operaciones de la mina, paralizadas desde el 3 julio de 2017.
En Guatemala la gremial de constructores y el gobierno firmaron un convenio para trabajar en la simplificación y reducción de trámites necesarios para obtener la licencia de construcción.
La Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) y el Ministerio de Economía (Mineco), firmaron un convenio para que las instituciones que trabajan en el proceso de emisión de licencias, trabajen en conjunto para la reducción de la burocracia existente.
En Costa Rica una acción de inconstitucionalidad presentada hace casi tres años impide la construcción de un puesto aduanero en la frontera con Nicaragua, que permitiría al transporte de carga ahorrarse un recorrido de 160 kilómetros.
Pese a que el gobierno dispone de los $12 millones necesarios para la construcción definitiva del puesto fronterizo, donde opera uno temporal de contenedores desde 2013, la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el ambientalista Alvaro Sagot, impide avanzar con el proyecto.
Con 19% de pobreza endémica, 10% de desempleo abierto y 40% de empleo informal, y una economía estancada que soporta las tarifas eléctricas más altas de la región, Costa Rica rechaza $1.000 millones en inversiones en proyectos de energías limpias.
Un fondo de ahorro, préstamos para vivienda, gastos de recreación y garantías, becas para los hijos, y servicio de restaurante de los funcionarios de la estatal y monopólica distribuidora de hidrocarburos de Costa Rica, son financiados vía precios que pagan los consumidores, aun los más pobres.
OPINION
Jorge Cobas González
Director fundador de CentralAmericaData.COM
En Guatemala preparan cuatro iniciativas de ley para facilitar la inscripción de sociedades unipersonales, la exportación e importación de mercaderías y regular la quiebra de una empresa.
El objetivo del Programa Nacional de la Competitividad (Pronacom) es implementar una serie de medidas que ayuden a mejorar el deteriorado clima de negocios en el país, que además de haberse visto afectado por los problemas políticos, sigue enfrentando graves problemas de exceso de burocracia. Pronacom trabaja en cuatro iniciativas de ley que prevé presentar el próximo año.
Factor clave de la competitividad de las economías es la movilidad irrestricta de los recursos humanos y materiales disponibles, y en eso se queda muy corta la integración aduanera de Honduras, Guatemala y El Salvador.
EDITORIAL
Jorge Cobas González
Director de CentralAmericaData.COM
A 10 años de la fundación de CentralAmericaData.COM, se confirma el acierto de nuestra visión de América Central (incluyendo a Panamá) como una unidad económica, más allá de las fronteras nacionales. Desde ese entonces, nos impusimos como misión el prestar servicios de información sobre América Central como un todo, a las empresas centroamericanas y a las del resto del mundo con intereses de negocios en el istmo.
Los industriales salvadoreños reclaman que con el veto del presidente Sánchez Cerén a la ley de simplificación administrativa, se pierde una valiosa oportunidad para mejorar las ya deterioradas condiciones que ofrece el país para generar negocios.
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