Luego que el país fuera incluido nuevamente en la lista gris de la GAFI, el sector privado opina que las inversiones serán ahuyentadas y el crecimiento económico enfrentará múltiples obstáculos.
Luego que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) decidiera incluir al país en la lista de naciones que necesitan ser supervisadas en el proceso de implementación de medidas para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, empresarios de distintos sectores prevén que los efectos serán negativos para la economía local.
El sector empresarial panameño asegura que los esfuerzos y resultados que se han logrado en tan poco tiempo no han sido reconocidos por la GAFI, que decidió volver a incluir al país en su lista gris.
Aunque a inicios de año en el país se encaminaron esfuerzos por mejorar los controles en relación a la evasión fiscal, como fue el caso de la aprobación por la Asamblea Nacional el proyecto de ley que tipifica como delito la evasión fiscal, cuando el monto defraudado en un periodo fiscal de un año sea igual o superior a los $300 mil, no fue suficiente para que el país regresara a la lista gris de la GAFI.
A partir de mayo de 2019 los clientes extranjeros deberán declarar ante los bancos del sistema local que sus fondos cumplen con las exigencias tributarias de su país.
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó el Acuerdo 02-2019, el cual implementa las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, que consiste en la ampliación de las medidas de diligencia debida de los bancos con sus clientes.
En la nueva versión de la lista de países no cooperantes en temas fiscales que elabora la Unión Europea, el país centroamericano ya no figura.
En diciembre de 2017 Panamá fue incluido por el Consejo de Ministros De Economía y Finanzas de la Unión Europea, en el Anexo II de la Lista de jurisdicciones no cooperadoras en asuntos fiscales.
La inclusión de Panamá en la lista de países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en la batalla contra el lavado de dinero y el terrorismo, aumentaría los costos operativos de los bancos extranjeros en el país.
La Comisión de Europea incluyó días atrás al país centroamericano en un listado de 23 naciones catalogadas como territorios con medidas y controles laxos contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La administración Varela rechaza la propuesta de la Comisión de Europea de incluir al país en una lista de países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en la batalla contra el lavado de dinero y el terrorismo.
Considerando que la publicación emitida el día de hoy por la Comisión Europea debe ser sometida a aprobación del Parlamento Europeo en un plazo de un mes prorrogable, el Gobierno de Panamá anunció que continuará con sus esfuerzos de entablar un canal de comunicación que permita aclarar las preocupaciones de la Comisión.
El gobierno panameño asegura que si no se aprueba el proyecto de ley que tipifica como delito la evasión fiscal, el país se expone a ingresar nuevamente a la lista gris del Gafi en 2019.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:
El Ministerio de Economía y Finanzas considera necesario para Panamá que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley que eleva la evasión fiscal a delito penal y como precedente de lavado de dinero.
El proyecto de ley aprobado en primer debate en Panamá establece penas de dos a cuatro años de cárcel por la evasión de $300 mil o más, y podría utilizarse como antecedente del blanqueo de capitales.
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, aprobó en primer debate el proyecto de ley 591, el cual considera como delito la evasión fiscal.
En el contexto de la discusión de un proyecto de ley de evasión fiscal, el sector empresarial panameño solicita que el monto defraudado para que se considere un delito penal se eleve de $300 mil a $500 mil.
En relación a la solicitud hecha por la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explicó que "... existen puntos que los gremios les gustaría se modifiquen, lo cual debilitaría el proyecto de ley a tal punto que el objetivo de la misma se perdería. Panamá necesita una propuesta robusta. Solicitar que se eleve a 500 mil balboas el monto de defraudación, no demuestra seriedad en combatir el Blanqueo de Capital."
Además del acuerdo que permitirá el intercambio de información financiera y tributaria, ambos países decidieron remover a cada uno de ellos de las listas de naciones que no fomentan la transparencia.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay:
En Panamá se comenzará a recopilar y publicar la lista de personas panameñas condenadas por blanqueo de capitales, así como las listas emitidas también por EE.UU., Canadá y Reino Unido.
El bufete de abogados que se vio involucrado en el escándalo de los "Panama Papers", anunció el cierre de sus operaciones.
"...El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas, han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público a finales del presente mes después de 40 años de crecimiento y de aportar social, cultural y económicamente a nuestro país."
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica reconoce los esfuerzos que se están haciendo para tipificar la evasión como delito penal, pero vuelve a señalar como principal amenaza el ingreso de flujos financieros vinculados a actividades ilícitas cometidas en el exterior.
Del informe "Evaluación mutua de Panamá - Enero 2018":
Panamá y Nicaragua están entre los diez países de Latinoamérica con el mayor riesgo de lavado de dinero, según el Instituto de Governanza de Basilea.
El índice Antilavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) elaborado por el Instituto de Governanza de Basilea, ubica a Panamá en el cuarto lugar en la lista de países con mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas en América Latina y el Caribe.
Y te diré quién eres. En su afán por reducir la exposición al riesgo, las corresponsalías bancarias comienzan a restringir los servicios que brindan a empresas de juegos de azar, remesas y casas de bolsa no vinculadas a grupos bancarios en la región.
Para reducir la exposición al riesgo, algunos bancos internacionales con corresponsalías en Panamá y otros países de la región están dejando de abrir cuentas y brindar servicios a empresas cuyos ingresos provienen de actividades como envío de remesas y juegos de azar. El argumento de los bancos es que son actividades más susceptibles de utilizarse para lavado de dinero. Incluso representantes de casas de bolsa no vinculadas a bancos aseguran tener dificultades para ofrecer a sus clientes productos y servicios, "...ya que los bancos no les abren cuentas en las que los clientes depositan sus fondos y reciben rendimientos de las inversiones."
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