La Comisión Europea anunció que los dos países centroamericanos forman parte del listado de naciones con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panamá y Zimbabue, son los países incluidos en el listado, informó la Comisión Europea.
Argumentando que el país no implementó en el plazo acordado las reformas a las que se había comprometido, la Unión Europea decidió incluirlo nuevamente en su listado de territorios no cooperantes en materia fiscal.
El país centroamericano fue excluido de la lista que elabora Rusia de naciones que no intercambian información con fines fiscales, en la que figuraba desde 2016.
El anuncio de confirmación lo dio el vicecanciller ruso, Sergei Riabkov, durante la presentación de las credenciales del nuevo embajador de Panamá ante la Federación de Rusia, Efraín Villarreal, informó la Cancillería de panameña.
El gobierno francés informó que quitó a Guatemala de la lista de países que no colaboran con el intercambio de información fiscal, pero mantuvo a Panamá.
Las autoridades del país europeo informaron que Guatemala salió de la lista debido a que ratificó la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal del Consejo de Europa y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En Panamá la Superintendencia de Bancos asegura que como resultado de los cambios que se han hecho para cumplir con las exigencias del GAFI, se han recuperado 93 corresponsalías bancarias.
Desde que las autoridades en Panamá comenzaron a realizar los cambios que exigía el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en los procesos regulatorios, los resultados han comenzado a verse, ya que varios bancos extranjeros habrían manifestado interés en volver a la plaza financiera panameña.
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros, y ahora la propuesta sólo espera el visto bueno del Ejecutivo.
El proyecto de ley, que fue enviado por el Órgano Ejecutivo para ser analizado en las sesiones extraordinarias y que busca establecer la competencia privativa para regular y supervisar en la vía administrativa a los sujetos obligados no financieros con la intención de prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, ya superó el trámite en la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en segundo debate el proyecto de ley, por medio del cual se pretende crear la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
Este proyecto legislativo, enviado por el Órgano Ejecutivo para ser analizado en las sesiones extraordinarias, busca establecer la competencia privativa para regular y supervisar en la vía administrativa a los sujetos obligados no financieros con la intención de prevenir el blanqueo de capitales, el financimiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, informó la Asamblea Nacional.
Luego que el país fuera incluido nuevamente en la lista gris de la GAFI, el sector privado opina que las inversiones serán ahuyentadas y el crecimiento económico enfrentará múltiples obstáculos.
Luego que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) decidiera incluir al país en la lista de naciones que necesitan ser supervisadas en el proceso de implementación de medidas para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, empresarios de distintos sectores prevén que los efectos serán negativos para la economía local.
El sector empresarial panameño asegura que los esfuerzos y resultados que se han logrado en tan poco tiempo no han sido reconocidos por la GAFI, que decidió volver a incluir al país en su lista gris.
Aunque a inicios de año en el país se encaminaron esfuerzos por mejorar los controles en relación a la evasión fiscal, como fue el caso de la aprobación por la Asamblea Nacional el proyecto de ley que tipifica como delito la evasión fiscal, cuando el monto defraudado en un periodo fiscal de un año sea igual o superior a los $300 mil, no fue suficiente para que el país regresara a la lista gris de la GAFI.
A partir de mayo de 2019 los clientes extranjeros deberán declarar ante los bancos del sistema local que sus fondos cumplen con las exigencias tributarias de su país.
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó el Acuerdo 02-2019, el cual implementa las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, que consiste en la ampliación de las medidas de diligencia debida de los bancos con sus clientes.
En la nueva versión de la lista de países no cooperantes en temas fiscales que elabora la Unión Europea, el país centroamericano ya no figura.
En diciembre de 2017 Panamá fue incluido por el Consejo de Ministros De Economía y Finanzas de la Unión Europea, en el Anexo II de la Lista de jurisdicciones no cooperadoras en asuntos fiscales.
La inclusión de Panamá en la lista de países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en la batalla contra el lavado de dinero y el terrorismo, aumentaría los costos operativos de los bancos extranjeros en el país.
La Comisión de Europea incluyó días atrás al país centroamericano en un listado de 23 naciones catalogadas como territorios con medidas y controles laxos contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La administración Varela rechaza la propuesta de la Comisión de Europea de incluir al país en una lista de países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en la batalla contra el lavado de dinero y el terrorismo.
Considerando que la publicación emitida el día de hoy por la Comisión Europea debe ser sometida a aprobación del Parlamento Europeo en un plazo de un mes prorrogable, el Gobierno de Panamá anunció que continuará con sus esfuerzos de entablar un canal de comunicación que permita aclarar las preocupaciones de la Comisión.
El gobierno panameño asegura que si no se aprueba el proyecto de ley que tipifica como delito la evasión fiscal, el país se expone a ingresar nuevamente a la lista gris del Gafi en 2019.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:
El Ministerio de Economía y Finanzas considera necesario para Panamá que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley que eleva la evasión fiscal a delito penal y como precedente de lavado de dinero.
El proyecto de ley aprobado en primer debate en Panamá establece penas de dos a cuatro años de cárcel por la evasión de $300 mil o más, y podría utilizarse como antecedente del blanqueo de capitales.
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, aprobó en primer debate el proyecto de ley 591, el cual considera como delito la evasión fiscal.
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