La creciente tendencia a arrendar en lugar de comprar, no solo inmuebles y carros, sino ahora también servicios, está obligando a las empresas tradicionales a reinventarse por completo, para no quedar fuera de la nueva economía digital y colaborativa.
Aunque en Centroamérica esta tendencia no es aun tan marcada como en otras regiones del mundo, las empresas que quieran prevalecer en el futuro deben adelantarse y comenzar a redefinir sus estrategias de largo plazo, tomando en consideración estos cambios que si bien están liderando las nuevas generaciones, no son ajenos a otros segmentos etarios de la población.
Con el marco jurídico aprobado en Costa Rica, que regula la prestación de servicios turísticos de alquiler en viviendas a través de plataformas digitales, directivos de Airbnb prevén una caída considerable en el número de anfitriones en el país.
El 5 de septiembre la Asamblea Legislativa informó que se aprobó en su trámite de segundo debate, el expediente 20865 Ley marco para la regulación de hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales.
En Costa Rica avanza el proyecto de ley para regular la prestación de servicios turísticos de alquiler en viviendas a través de plataformas digitales, que contempla un impuesto de 13% y obligaría a los oferentes a registrarse, lo que encarecería ésta opción de alojamiento.
Los diputados aprobaron en su trámite de primer debate, el expediente N° 20.865 Ley marco para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales, informó la Asamblea el pasado 28 de agosto.
Dado el creciente uso que su plataforma de alquiler vacacional tiene en Panamá, Airbnb tiene planes de ofertar otros servicios como la compra de pasajes, tours y la gestión de trámites para los turistas.
Directivos de Airbnb, informaron que entre 2017 y 2018 el número de visitantes que demandaron sus servicios aumentó en 65%. Esta situación contrasta con la merma en la ocupación hotelera registrada en los últimos años en Panamá.
El 3% adicional al IVA de 13% que se pretendía cobrar en Costa Rica como impuesto a los servicios de alojamiento brindados a través de la plataforma Airbnb y otras similares, finalmente fue eliminado del proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa.
El proyecto de ley 20.865 para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales, que se discute en la Asamblea Legislativa y determina los impuestos que deben cobrarse por la actividad, será modificado por la Comisión de Asuntos Económicos.
A poco más de un mes de la segunda vuelta electoral, los empresarios turísticos de Costa Rica reclaman a los dos candidatos propuestas claras para temas como el impacto de Airbnb, carga tributaria e imagen del país a nivel internacional.
Siguiendo la tendencia de las principales asociaciones empresariales del país, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) comenzó a plantear sus inquietudes e ideas respecto a la forma de mejorar la competitividad del sector a los dos candidatos presidenciales. En la primera reunión, con Fabricio Alvarado, candidato por el partido Restauración Nacional, representantes de Canatur pidieron que se atiendan temas de urgencia, como por ejemplo, el caso de la plataforma de alquiler vacacional Airbnb y el impacto que está teniendo sobre la operación de hoteles y hostales.
La empresa estaría dispuesta a cobrar el impuesto de hospedaje en Panamá si se eliminan las restricciones al alquiler de inmuebles con fines turísticos, y si se protegen los datos de los dueños de las propiedades.
Estas son las condiciones que los representantes de la plataforma de alquiler de propiedades plantearon al gobierno panameño para comenzar a negociar el eventual cobro del impuesto de hospedaje de 10% que también gestionan los hoteles, para poder formalizar su operación en el país.
A Julio de este año se registraban en la plataforma web 8 mil personas y 14 mil aposentos disponibles para alquiler en Costa Rica.
Mientras las autoridades de Airbnb.com siguen con su esfuerzo por consolidar el negocio ofreciendo al Ministerio de Hacienda cobrar el impuesto de venta por las transacciones realizadas en Costa Rica, el número de habitaciones y residencias costarricenses disponibles en el sitio web sigue aumentando, al igual que el número de usuarios dentro del país.
La empresa propuso al gobierno implementar un esquema de cobro de impuestos a los propietarios de los inmuebles que se alquilan a turistas a través de su plataforma web.
La idea de Airbnb es establecer un sistema similar al implementado recientemente en Puerto Rico, donde la empresa firmó un acuerdo con el gobierno para cobrar los impuestos a los dueños de las viviendas en alquiler.
La Autoridad de Turismo de Panamá estima que la oferta de residencias que se alquilan a turistas en el país ya representa el 20% de la ocupación hotelera.
La ocupación hotelera se mantiene en los mismos niveles que hace un año, alrededor del 50%, según datos de la Contraloría General de la República. De acuerdo a los hoteleros y la misma Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), las cifras no han logrado mejorar debido a la creciente oferta de alquileres vacacionales, actividad prohibida desde 2014 según la Ley 80.
Aunque Airbnb se ofreció a recaudar el impuesto de venta por las transacciones realizadas en Costa Rica a través de su plataforma, Tributación evalúa pedir a EE.UU. la información de los anfitriones.
La Dirección General de Tributación intentará agotar todas las vías primero con la empresa Airbnb, pero como una segunda alternativa, anunció que si no llega a un acuerdo con Airbnb, podría solicitar la información sobre los anfitriones haciendo uso de los convenios internacionales de intercambio de información fiscal que rigen con otros gobiernos, como con el estadounidense.
Un proyecto de ley que prepara la gremial hotelera obligaría a plataformas como Airbnb a pagar el 13% de impuesto de ventas y un 5% adicional para parques nacionales.
La propuesta de ley está siendo redactada por la Cámara Nacional de Turismo, que luego presentará el proyecto ante la Asamblea Legislativa.
Ya son más de 1000 las viviendas disponibles para alquilar a través de la plataforma web Airbnb, y la mayoría se concentran en la costa del Pacífico.
La creciente oferta de casas y apartamentos para estadías cortas, está obligando a los hoteles a cambiar sus métodos de atracción de huéspedes para sobrevivir.
La nueva ley contra el fraude fiscal obliga a registrarse y pagar los impuestos de ventas y rentas a quienes alquilen casas y apartamentos por menos de 30 días.
Los servicios de alquiler de casas, apartamentos y condominios por periodos inferiores a un mes deberán pagar impuestos de ventas y de renta, y quienes realicen dicha actividad deberán registrarse como contribuyentes de esos dos gravámenes, para no ser sujetos de multas.
El gobierno habría propuesto a Airbnb que ofrezca sus servicios solamente en el interior del país, donde la oferta hotelera es menor y donde no rige la ley de prohibición de alquiler vacacional.
Autoridades de la empresa de alquileres en línea se reunieron con representantes del gobierno y el sector privado, luego de que un grupo de turistas se viera afectado por una inspección realizada por la ATP en un apartamento alquilado a través de la plataforma.
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