A raíz de la detección en Costa Rica de un foco de caracol gigante africano, en la comunidad de Curubandé en el cantón de Liberia en Guanacaste, las autoridades locales decretaron Estado de
Emergencia Fitosanitaria Nacional.
El objetivo de esta declaratoria es evitar que se disemine la plaga, poniendo en riesgo el agro nacional, la salud pública y el ambiente, informó el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).
El año pasado Centroamérica destinó $784 millones a la importación de abonos, 4% más que en 2019, siendo Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador los mercados que explicaron el alza de las compras regionales.
Cifras del Área de Inteligencia Comercial de CentralAmericaData: [GRAFICA caption="abono"]
El Banco Central aprobó la puesta a disposición del público del equivalente a $110 millones, recursos que serán utilizados para otorgar préstamos en condiciones favorables a sectores productivos de la cadena agroalimentaria del país.
Bajo esta iniciativa, los sectores: agropecuario, ganadero, silvicultura y pecuario recibirán financiamiento para apoyar toda la cadena de valor en la producción nacional con préstamos a una tasa de interés al usuario final de 5% y plazos hasta de quince años, detalla un comunicado oficial.
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en segundo debate el proyecto de ley que crea en el país el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques.
Luego de acoger el veto parcial por inconveniente e inexequible, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó, en segundo debate, el proyecto de Ley 442, informó el 26 de enero el organismo legislativo.
En los primeros siete meses de 2020 empresas en los países de la región importaron desde México abonos por $27 millones, 14% menos que lo reportado en igual período de 2019, baja que se explica por las mermas de las compras de compañías guatemaltecas y costarricenses.
Cifras del Área de Inteligencia Comercial de CentralAmericaData: [GRAFICA caption="Clic para interactuar con la gráfica"]
En Costa Rica fue extendido hasta el 22 de octubre, el plazo para que los empresarios regularicen la situación migratoria de los trabajadores que llegan al país a realizar labores en actividades agropecuarias.
Se decidió no prorrogar el decreto que permite a los empresarios regular la situación migratoria de los trabajadores que llegan a Costa Rica a realizar labores en actividades agropecuarias.
El decreto en cuestión es el N°42406-MAG-MGP y establece que los empleadores del sector agro podrán regularizar la situación migratoria de extranjeros que hayan ingresado al país entre el 15 de enero del 2016 y el 15 de enero del 2020.
Con el rechazo de la apelación presentada por una de las empresas participantes, la Contraloría General de la República dio luz verde a la construcción de una planta agropecuaria en la Zona Sur de Costa Rica.
En Marzo se había adjudicado el contrato para la construcción de este complejo industrial a la empresa Vidalco Constructora, pero el proceso se interrumpió temporalmente con la presentación de una apelación por parte de una de las empresas participantes.
En Guatemala aproximadamente el 75% de las empresas agrícolas han reportado problemas de liquidez en el contexto de la crisis generada por el covid-19.
Un estudio realizado por la Cámara del Agro (Camagro), precisa que durante el mes de mayo las empresas agrícolas registraron afectaciones en sus ingresos, situación que se explica por la cuarentena decretada y las medidas de aislamiento social.
Reducir la tarifa eléctrica, derogar la reforma tributaria y crear una normativa de alivio financiero, forman parte de las propuestas de los productores nicaragüenses para garantizar la producción en el presente ciclo agrícola.
El nuevo ciclo agrícola 2020-2021 está por comenzar y ante la actual pandemia del covid19 es urgente garantizar el funcionamiento óptimo en todos los eslabones que conforman la cadena agroalimentaria del país, aseguró la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic).
Dificultad para contratar nuevos trabajadores y abastecer a las cadenas de supermercados, son algunos de los desafíos que las empresas panameñas enfrentan en el contexto de la cuarentena en el país.
En el contexto del brote de covid19 en el país empresarios aseguran que en los últimos días han enfrentado múltiples limitaciones para la obtención de los salvoconductos de los nuevos trabajadores, situación que se combina con la restricción a la circulación del transporte público.
Construirán en el cantón de Coto Brus, provincia de Puntarenas, una planta industrial para el procesamiento de hortalizas, frutas, granos, lácteos, raíces y tubérculos.
El gobierno costarricense adjudicó el contrato para la construcción de este complejo industrial a la empresa Vidalco Empresa Constructora. Se estima que la inversión global será de aproximadamente $3 millones.
Con el objetivo que los productores guatemaltecos compitan en las mismas condiciones que los países vecinos, el gobierno prepara una propuesta de ley que busca eximir del IVA los insumos agrícolas.
La iniciativa denominada "Ley de Equidad Fiscal" es preparada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), pues según el jerarca de la institución, en otros países de Centroamérica no se les cobra el impuesto al valor agregado (IVA) a los insumos agrícolas.
Autoridades de ambos países definieron las acciones que deben ejecutar en materia de requisitos sanitarios, para que Panamá comience a exportar a Israel productos como piña, carne bovina, café y cacao, entre otros.
El ingreso de estos productos panameños al mercado israelí se da en el marco del Tratado de Libre Comercio entre las dos economías, el cual fue suscrito en mayo de 2018 y ratificado por la Asamblea Nacional de Panamá en octubre de 2019.
Para los productores agrícolas, el uso de biotecnología de precisión en Guatemala necesita de un comité especializado para que las decisiones de las autoridades se basen en evidencia técnica y científica, y no influyan intereses políticos o ideológicos.
Guatemala ya cuenta con reglamentación en el tema, pues el 1 de octubre de 2019 entró en vigencia el marco regulador que fue firmado por el Ministerio de Economía con sus homólogos de El Salvador y Honduras.
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