A partir del 1 de julio asume la presidencia de Panamá Laurentino Cortizo, quien llegó al poder luego de prometer en campaña reactivar la economía, hacer reformas constitucionales y realizar cambios estructurales en varias entidades.
Laurentino Nito Cortizo Cohen, miembro del Partido Revolucionario Democrático, ganó por un margen estrecho a inicios de mayo las elecciones presidenciales, al concentrar cerca del 33% de los votos. El triunfo electoral de Cortizo se da en un contexto de desaceleración económica de Panamá, pues en 2018 el Producto Interno Bruto del país reportó un crecimiento interanual de 3,7%, alza que dista de los incrementos de 11,3% y 9,8%, reportados en los años 2011 y 2012, respectivamente.
Al cumplirse el primer año de gobierno de Juan Carlos Varela los empresarios hacen balance de su gestión recomendando mejor relación con el sector privado y la modernización del sistema educativo.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
BALANCE: PRIMER AÑO DE GOBIERNO
Al finalizar el primer año de la administración gubernamental, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, institución centenaria que nació en los albores de la República y que ha desarrollado acciones determinantes a lo largo de los años, hace un balance general de su gestión, destacando los aciertos y desatinos, sin dejar de lado nuestra obligación ciudadana de expresar nuestros desacuerdos y recomendaciones.
La parsimonia de la administración Varela en la toma decisiones y la ejecución de proyectos relevantes está afectando la competitividad de la economía panameña.
Representantes de la Cámara de Comercio de Panamá argumentan que "... Venimos de un Estado en el que todo era rápido a uno que está lento, lo que genera un conflicto no solo en la manera de percepción, sino que también los números lo reflejan," es decir, en los resultados.
El sector privado reclama que hay $1.900 millones aprobados por gobiernos anteriores para proyectos de infraestructura pública que aún no han sido ejecutados por la administración Solís.
Surgen inmediatamente preguntas sobre cómo se materializará ese "apoyo" a las empresas con potencial exportador, dado que ya está más que probado que los funcionarios "consultores" que pueblen los cargos de esa nueva dependencia, no saben de "ser empresarios", sino que simplemente terminarán cobrando puntualmente sus sueldos a fin de cada mes, sin importar cual sea la suerte de las empresas a las que "apoyen":
El sector privado productivo señala falta de diálogo, de claridad y mensajes contradictorios de las autoridades del nuevo gobierno costarricense, que además propone leyes que desincentivan la inversión.
Aumento de más del 4% en los salarios de los funcionarios públicos, falta de acciones para bajar el costo de la energía, levantamiento de vetos que generan inseguridad jurídica, e iniciativas para incrementar la presión fiscal sobre los sectores productivos formales, generan preocupación en el empresariado costarricense.
Empresarios proponen que la gestión de las aduanas deje de depender del Ministerio de Finanzas y sea gestionado por una entidad con participación del sector privado.
Con el propósito de agilizar los trámites en las aduanas y facilitar el comercio intrarregional los empresarios salvadoreños prepararon una serie de planteamientos al gobierno, entre los que se incluyen la creación de una superintendencia de Aduanas gestionada de forma conjunta por los sectores público y privado.
El presidente Juan Orlando Hernández cumple los 100 primeros días de mandato con un estilo ejecutivo que marca diferencias.
El artículo en Elheraldo.hn reseña que desde varios sectores del país se aprecia "un inusitado giro económico y social" desde la asunción de la presidencia de Juan Orlando Hernández.
El resumen ejecutivo del Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre el Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales en la fase Previa del Proyecto de Concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (Tcm):
¿Por qué la generalidad de las empresas públicas reflejan pérdidas mientras las privadas normalmente obtienen ganancias?
El análisis del tema por Rogelio Arce Barrantes en artículo en Prensalibre.cr, se resume en la mención del popular dicho "Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta".
Aunque Arce Barrantes se enfoca en la casuística costarricense, la realidad que plantea es extrapolable a los demás países centroamericanos, donde existan empresas de Estado dedicadas a distintas actividades comerciales, sea en la producción de bienes como de servicios.
Se firmó un memorándum de entendimiento para el fomento de la Sociedad de la Información y la modernización de la Administración Pública en la República de Panamá.
De la nota de prensa publicada por Red.es de España:
El director general de Red.es, Borja Adsuara y el administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de la República de Panamá (AIG), Eduardo Jaén, han firmado un memorándum de entendimiento para el fomento de la Sociedad de la Información y la modernización de la Administración Pública en la República de Panamá.
Varios gobiernos centroamericanos han encontrado en la emisión de deuda pública un fácil mecanismo para seguir viviendo fuera de la realidad.
El artículo de Rafael Delgado Elvir en Laprensa.hn analiza con la frialdad necesaria la tendencia de los gobiernos a endeudarse para aliviar los impactos de la caída del crecimiento económico.
En Centroamérica Honduras se percibe como el país con más corrupción (133 en el ranking), seguido por Guatemala (113), Nicaragua (130), El Salvador y Panamá (83), Costa Rica (48).
A nivel latinoamericano el país donde se percibe más corrupción en el sector público es Venezuela (165 en el mundo), y donde menos Chile y Uruguay, que comparten la posición 20 en el ranking mundial.
El presidente de Honduras anunció la licitación de la administración de un fideicomiso para el pago puntual de los salarios de los funcionarios del Estado.
El artículo en Elheraldo.hn reseña que el presidente Porfirio Lobo señaló que "Con esta medida se pretende poner fin a las constantes tomas de instituciones y protestas de trabajadores por el incumplimiento en el pago de salarios y otros beneficios que gozan los empleados de gobierno."
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