La posibilidad de realizar una inyección conjunta de $200 millones acordada entre las partes depende ahora de que la aseguradora Zurich aporte $400 millones de la fianza.
La Autoridad del Canal (ACP) y el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) lograron un principio de acuerdo que implicaría la inyección conjunta de $200 millones, el pago a GUPC de una cuenta pendiente y la ampliación del plazo de repago de los fondos adelantados por la ACP.
El repunte en el precio de la acción de Sacyr parece señalar el interés de los inversionistas porque la empresa llegue a un acuerdo con la ACP.
El alza de 4,7% con que cerró la acción de Sacyr el miércoles luego de que se anunciaran acuerdos preliminares entre la Autoridad del Canal y la constructora parecen reflejar el interés del mercado porque el conflicto se resuelva pronto y de manera favorable.
Al margen de los acuerdos que puedan alcanzar el Consorcio y la Autoridad del Canal sobre el contrato, la última palabra la tiene la aseguradora Zurich.
En el caso de la ampliación del Canal de Panamá, el aspecto principal es determinar cuál de las partes es la que está incumpliendo el contrato, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) o el Consorcio Grupo Unido por el Canal (GUPC). En medio de la discusión existe un tercero y es la aseguradora Zurich, quien al final es la que tiene la última palabra.
La aseguradora Zurich no desembolsaría la fianza para terminar la obra si la ACP finiquita el contrato con el consorcio Grupo Unidos por el Canal.
La firma aseguradora Zurich, que dispone de una fianza de cumplimiento de la obra por $400 millones, no estaría dispuesta a ejecutar la garantía si la Autoridad del Canal finaliza la obra con otro contratista, parte del plan B que la ACP tiene en consideración.
El consorcio constructor no cumplió su amenaza de parar las obras al cumplirse el plazo señalado, mientras la Administración del Canal se prepara para asumir el proyecto.
Y este lunes se conoció otra propuesta del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) para permitir la continuación de los trabajos, consistente en que las partes en conflicto cofinancien los llamados costos imprevistos, mientras se decide en las instancias arbitrales previstas en el contrato, quién debe pagarlos.
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