Cuando existan sospechas sobre la gestión de los dineros de los partidos políticos en Costa Rica, se levantará el secreto bancario y tributario de donantes o proveedores.
El artículo en Nacion.com reseña que "... El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) levantará el secreto bancario y tributario de los donantes de los partidos políticos para verificar su solvencia económica, ante sospechas sobre el origen de sus recursos. La medida pretende evitar el uso de dinero ilícito durante las campañas electorales y también se aplicará a cualquier persona que dé o reciba dinero de una agrupación, como por ejemplo, prestamistas, proveedores y tenedores de bonos de deuda política."
El presidente del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica evalúa en $80 millones el costo de un sistema de voto electrónico que enlace a todas las juntas receptoras de votos.
Las declaraciones de Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones costarricense, permiten situar los precios de mercado a los que habría accedido esa institución, durante el proceso de evaluación de un sistema de voto electrónico.
En Costa Rica la Sala Constitucional limitó la cesión de bonos de deuda política a medios de comunicación y personas físicas.
De acuerdo con el magistrado Fernando Castillo, esta sentencia traerá transparencia al proceso mediante el cual se financian los partidos políticos y permitirá controlar a quienes realizan donaciones y prestan servicios durante el proceso electoral.
Ratifican la ley que reduce de $86 millones a $50 millones el monto que el Estado destina para financiar los gastos en campañas electorales.
Nacion.com publica: “El plan redujo de un 0,19% a un 0,11% del producto interno bruto (PIB) del año trasanterior a la elección, el monto que el Estado destinará para financiar los gastos en que incurran los partidos desde este miércoles y hasta al 2 de febrero”.
Las radioemisoras de Costa Rica se oponen a un proyecto de ley que las obligaría a dar espacios de pauta gratuitos a los partidos políticos.
La propuesta realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), implica que las radioemisoras y las televisoras cedan de manera gratuita 30 minutos diarios a los partidos políticos de Costa Rica para que emitan su propaganda. Esta propuesta fue analizada y rechazada por la junta directiva de la Cámara Nacional de Radio (CANARA), que agrupa a unas 80 radioemisoras.
El contrato incluye el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implantación, mantenimiento y migración de datos, con el fin de renovar y automatizar los siguientes procesos y servicios:
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