Después que se emitiera una resolución de reordenamiento de la banda 700 MHz, Telecomunicaciones de Guatemala S.A. y la Procuraduría de los Derechos Humanos, presentaron recursos de revocatoria ante la Superintendencia de Telecomunicaciones.
La polémica se originó, luego que en 2019 la empresa Comunicaciones Celulares S.A. comprara a Albavisión títulos de usufructos que están inmersos en la banda 700Mhz.
Se estima que entre 2018 y 2020, creció 2,5 veces la demanda de servicios de datos en la red fija y móvil, alza que se explica en parte, por la necesidad de trabajar a distancia y recibir servicios educativos en línea.
A causa de la propagación del covid19 y la imposición de restricciones a la movilidad, las empresas, los trabajadores y los consumidores han tenido que migrar al entorno digital a gran velocidad.
Debido a la transformación del comportamiento de las personas por las restricciones a la movilidad, empresas de telecomunicaciones en Panamá reportan que durante las últimas tres semanas el tráfico en sus redes aumentó 50%.
La propagación del covid19 ha obligado a las autoridades a decretar cuarentenas domiciliares, situación que ha transformado aceleradamente el comportamiento de las personas.
En Guatemala la empresa de telefonía Tuenti informó que ahora formará parte de América Móvil, propietaria de la marca Claro, a raíz de la venta de las acciones de Telefónica a inicios del 2019.
La Superintendencia de Telecomunicaciones anunció que antes de junio se prevé publicar las licitaciones de una parte del espectro radioeléctrico, concretamente, frecuencias para comunicaciones privadas y enlaces en UHF. Pero la subasta más esperada por las tres operadoras locales, la de la frecuencia AWS, sigue sin poder avanzar desde 2015 debido a los 16 recursos de revocatoria que que aún no se han resuelto.
El gobierno anunció que antes de finalizar el año prevé licitar parte de las frecuencias del espectro que actualmente están sin utilizarse.
El plan de la administración Morales es darle uso al espectro de 700 MHz que actualmente está a disposición de la televisión abierta y a una parte de la banda AWS, para asignar a operadores de telecomunicaciones para mejorar los servicios de transmisión de datos.
La designación como ministro de Economía y de Comisionado para la Competitividad de personas ligadas al sector de las telecomunicaciones ha generado fuertes suspicacias en el momento en que está en juego un negocio de $250 millones.
Un artículo en Plazapublica.com.gt reseña que "... los nombramientos de Ricardo Sagastume y Acisclo Valladares Urruela, como ministro de Economía y Comisionado Presidencial para la Competitividad, respectivamente, en un Gobierno que agoniza y hundido en señalamientos de corrupción, ha generado dudas y suspicacias. Cuando todos abandonan el barco, ellos se aprestan a abordarlo. A falta de explicaciones coherentes de parte de la Presidencia y de los nuevos funcionarios, todo apunta hacia Tigo, la empresa telefónica de la cual provienen ambos y un negocio millonario a su favor como resultado del río revuelto en el que se encuentra el país."
La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) no autorizó la fusión entre Tigo y Telecable, sin dar a conocer en detalle las razones de esta decisión.
La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) falló en contra de la fusión que se pretendía realizar entre ambas empresas.
Se suspendió temporalmente la aplicación del impuesto de $0,65 por línea de teléfono móvil que había sido propuesto por el Ejecutivo para financiar parte del presupuesto 2015.
La Corte Constitucional suspendió provisionalmente el cobro del impuesto a la línea telefónica luego de que la Cámara de Industria y las tres compañías telefónicas que operan en el país presentaran un recurso de amparo en contra del tributo.
En respuesta al nuevo impuesto aprobado de $0,65 por línea teléfono, las empresas operadoras devolvieron 6 millones de líneas a la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Representantes de las empresas Claro, Tigo y Telefónica devolvieron cada una 2 millones de números inactivos, con el fin de ajustar sus políticas internas para poder adaptarse al nuevo impuesto que entrará en vigencia el próximo año.
El 95% de los 21 millones de terminales móviles registradas a julio 2013 operan bajo la modalidad de prepago.
Los datos fueron revelados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). “Es decir que de cada 10 teléfonos activos, nueve son prepago con recarga y solo uno maneja el plan de crédito con la empresa proveedora del servicio”, reseña el artículo de Prensalibre.com.
En Costa Rica el creciente negocio es liderado por Tigo con el 78% del mercado, Callmyway con 16%, Telecable con el 5% y otras compañías con apenas 1%.
Estudios recientes de la Sutel muestran que el uso de la telefonía por internet ha tenido grandes avances en su utilización. “Mientras en el cuarto trimestre del 2010 se registraron 10 conexiones VoIP, dos años después ya había 18.144 conexiones de este tipo”, explica Pablo Fonseca en su artículo de Nacion.com.
Tras reservar frecuencias para la estatal Hondutel, la Conatel adjudicó el resto de la banda a Tigo y a Claro que pagarán $12 millones cada una.
El artículo en Latribuna.hn reseña que "El gobierno vendió la licencia para operar la banda móvil 4G por un valor de 24 millones 105,000 mil dólares, reservando una parte a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), para que la explote a futuro conjuntamente con un socio privado."
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