La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo declaró nulo el contrato de usufructo por 25 años entre la Empresa Portuaria Quetzal y Terminal de Contenedores Quetzal, propiedad de APM Terminals.
"... APM Terminals en un comunicado manifestó: ´Este es un proceso judicial en el cual aún penden recursos, por lo que confiamos en una resolución favorable para la operación de la terminal.
Un fallo judicial dejó sin efecto las resoluciones de la SAT que autorizaban a Empresa Portuaria Quetzal y Terminal de Contenedores Quetzal a operar como depósitos aduaneros temporales.
Aunque la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) anunció que apelará el fallo de la Sala Segunda de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la realidad es que desde el 28 de Junio están suspendidas las actividades de los depósitos aduaneros en Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). "...La resolución ordena que la SAT ya no tenga bajo su administración el servicio aduanero, lo que contraviene el código aduanero centroamericano CAUCA, por lo que la Superintendencia presentará un recurso de apelación en contra de la decisión de la Sala."
La ausencia de un permiso municipal sería la razón detrás de la suspensión temporal de la operación de la Terminal de Contenedores Quetzal que ordenó la Sala Mixta de Apelaciones de Escuintla.
El sindicato de trabajadores de Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) presentó una solicitud de amparo argumentando que la empresa no presentó la licencia municipal para poder operar.
Aunque persisten los cuestionamientos legales, Terminal de Contenedores Quetzal retomó sus funciones y recibió la primera embarcación, luego de nueve meses sin operar.
El interventor Alexander Aizenstatd, explicó que el inicio de operaciones de TCQ se debió a que a la fecha no se ha anulado el contrato y por lo tanto 'no hay ninguna medida que afecte su validez'.
El operador de la terminal de contenedores ya habría informado a sus clientes y navieras que a partir del 9 de marzo comenzará a recibir las primeras embarcaciones.
A finales de enero la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) otorgó el aval a APM Terminals para iniciar las operaciones de la Terminal de Contenedores Quetzal, y ahora la empresa se estaría preparando para comenzar a operar a partir del 9 de marzo.
Mientras crece la presión en Guatemala para que se anule el contrato con APM Terminals, la estadounidense American Ports habría manifestado su interés en operar la terminal portuaria.
Al rechazo que ya ha manifestado el Congreso a la posibilidad de aprobar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone otorgar la concesión directa a APM Terminals, se suma ahora la Contraloría General de Cuentas (CGC), que recomienda declarar nulo el contrato y comenzar con un nuevo proceso.
Mientras la administración Morales insiste en que se apruebe el proyecto de ley que otorga la concesión directa de la operación de la terminal a APM Terminals, en el Congreso reafirman la postura a favor de una nueva licitación.
Debido a la falta de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ya suman más de seis meses sin que exista claridad sobre el futuro de la operación de la terminal portuaria de Guatemala.
El ejecutivo a través del Secretario General de la Presidencia, Rodrigo Colmenares presentó al Congreso de la República la Iniciativa de ley que busca dar en concesión de forma directa de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Un resarcimiento de $43 millones al Estado y una concesión por 21 años para APM Terminals son parte de lo acordado con la empresa extranjera para la operación de la Terminal de Contenedores.
Según el artículo de Publinews, Anabella Morfín, Procuradora General de la Nación (PGN), explicó que "... APM y EPQ se comprometieron a desistir en tribunales de la acción de incompetencia para declarar la nulidad, para agilizar el funcionamiento de TCQ."
Tras la autorización otorgada a TCQ por la Superintendencia de Administración Tributaria para funcionar como depósito aduanero temporal anuncian su entrada en operaciones para octubre.
Un artículo en Prensalibre.com reseña que "...El interventor de TCQ, Alexander Aizenstatd, indicó que con la autorización publicada en el Diario de Centro América este viernes, comienza una fase intermedia donde hay un acoplamiento con las autoridades de la SAT, para luego pedir la entrada en funcionamiento. 'Ya se tienen acercamientos con la Comisión Portuaria Nacional para la certificación y luego se estaría solicitando la otra certificación a la Marina. Se tiene previsto que TCQ entre en funcionamiento a finales de septiembre, principio de octubre'."
Grupo Maersk anunció que una vez que firme el nuevo contrato de concesión prevé ampliar la capacidad de la terminal para movilizar contenedores de 250 mil a 600 mil TEUs.
Sussane Marston, representante de APM Terminals, explicó a Diario de Centroamérica que entre los planes que la empresa tiene para mejorar las condiciones de la terminal, está la inversión de $80 millones para expandir la capacidad de gestión de contenedores.
La subsidiaria de Grupo Maersk habría aceptado resarcir al Estado con $43 millones y firmar un nuevo contrato de concesión para operar la Terminal de Contenedores Quetzal.
El acuerdo sugerido por el interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Alexander Aizenstatd, debe ser aprobado por el Congreso guatemalteco.
La Fiscalía de Guatemala tomó control de la Terminal de Contenedores Quetzal, para someter la empresa a una auditoría y decidir el futuro de la concesión.
Del comunicado del Ministerio Público de Guatemala:
La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, dio a conocer en conferencia de prensa, que se solicitó ante el Juzgado de Extinción de Dominio, la intervención de la Terminal de Contenedores Quetzal –TCQ-, la cual fue decretada con lugar.
“Hemos solicitado el embargo al Juez de Extinción de Dominio y el nombramiento de un interventor, petición judicial que fue resuelta con lugar. El mismo estará a cargo del abogado Alexander Aizenstatd, quien ha tomado desde ya, posesión para iniciar con sus funciones”, señaló la Fiscal General. Además, explicó que el 11 de julio de 2012 se celebró el contrato entre Terminal de Puerto Quetzal y TCQ, esta última es una Sociedad Anónima, que fue constituida de manera emergente para simular un contrato de usufructo.
El Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo: “Hoy podemos presentar al Interventor que estará con una responsabilidad altísima sobre sus hombros, pero estoy seguro que fue seleccionado por un pasado digno que le garantizará al pueblo de Guatemala, que se hará en este y en todos los casos lo correcto”. Por su parte, Aizenstatd detalló que dentro de sus primeras acciones figura el nombramiento de un auditor que le apoyará durante este proceso y que el próximo fin de semana realizará una visita a la Terminal de Contenedores.
“El mensaje que quiero mandar a la población es que mi función principal es conservar y administrar con integridad y eficiencia. No he sido nombrado para liquidar la terminal de contenedores, sino por el contrario, para ponerla a operar, es un mensaje claro que quiero mandar a los acreedores, clientes y personas que tienen que ver con esta operación”, concluyó el ahora interventor.
El presidente Morales ya dio claras señales de que el contrato de concesión de Puerto Quetzal con la empresa TCB, tendrá que ser anulado.
Pese a ser una decisión que le corresponde tomar a la Procuraduría General de la Nación, ante insistentes consultas de periodistas, el presidente Jimmy Morales dijo que "...'La declaración de nulidad es un hecho que se tiene que dar'."
La adquisición de TCB por APM Terminals implica que cualquier litigio sobre la concesión de Puerto Quetzal involucrará al mayor grupo del mundo en el sector marítimo, la naviera Maersk.
Después de que el Ministerio Público denunciara la existencia de una red ilícita de lavado de dinero que operaba en la Terminal de Contenedores Quetzal, el gobierno de Jimmy Morales se debate entre declarar nulo el contrato de concesión con la actual operadora, TCB, tal como recomendó la Procuraduría General de la Nación en varias ocasiones, o llegar a otro tipo de arreglo con la empresa. El gobierno de Morales debería negociar con el gigante danés Maersk Group, que habría comprado el 100% de las acciones de la española TCB en octubre de 2015, según reseña Elperiodico.com.gt.
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