La creciente importación de vehículos usados, el aumento del parque de motocicletas y la percepción que es bajo el riesgo al que se exponen los conductores, son algunas de las razones que explican que en el mercado guatemalteco la penetración de seguros vehiculares aún sea de apenas el 10%.
De acuerdo a datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) al final de 2020 habían inscritos a nivel nacional 4,11 millones de vehículos, esta cifra superó en 8% los 3,79 millones reportados al cierre de 2019.
Con el objetivo de obligar a las empresas a cumplir con el pago de impuestos sobre las ventas realizadas por canales electrónicos, a partir de junio de 2021 la SAT comenzará a utilizar una plataforma digital que analizará la información que aparece en redes sociales.
Las restricciones a la movilidad decretadas durante 2020 a causa del brote de covid19 y el cambio de hábitos de consumo, potenciaron en el mercado guatemalteco el crecimiento de las ventas online.
Luego de que se detectaran inconsistencias entre las compras reportadas por los contribuyentes y las ventas que la empresa declaraba ante la autoridad tributaria, en Guatemala inició una investigación sobre la cadena de supermercados "La Barata".
Durante la mañana del 7 de diciembre representantes del Ministerio Público (MP) y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ofrecieron una conferencia de prensa en la que explicaron algunos detalles sobre un nuevo caso de supuesta defraudación tributaria por parte de la cadena de tiendas "La Barata".
A causa de las tormentas tropicales Eta e Iota se reportan severos daños en la red vial de los países centroamericanos, y en algunos puestos fronterizos de Guatemala, Honduras y El Salvador se han suspendido las operaciones.
Desde el 17 de noviembre se suspendieron las operaciones de los puestos fronterizos El Corinto, El Florido y Aguas Calientes. Estos recintos que los comparten Guatemala y Honduras se encuentran inhabilitados, informó la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT).
A partir del 1 de octubre Guatemala y Honduras comenzarán a operar tres Aduanas Periféricas, recintos en los que se simplificarán los trámites y permitirán la libre movilidad comunitaria entre ambos países.
Contribuyentes guatemaltecos y hondureños que realicen importaciones definitivas con destino a cada Estado Parte, serán quienes se beneficiarán de la puesta en funcionamiento de este tipo de aduanas, pues las mercancías que importen bajo esta modalidad, gozarán de libre movilidad.
En este escenario de crisis económica, caída de la recaudación fiscal y necesidad de financiar programas de reactivación, en Guatemala y Costa Rica ya se propone aumentar los impuestos actuales y crear nuevos.
Las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021, año en que la economía deberá afrontar los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19.
En Guatemala la Superintendencia de Administración Tributaria autorizó a Corporación Disatel S.A., para que preste el servicio de de marchamos electrónicos para el control de contenedores en el país.
Autoridades de ambos países afinan los últimos detalles para comenzar la construcción y habilitación del Puerto Terrestre Fronterizo Ingenieros en Quiché, Guatemala, que conectará con Nuevo Orizaba, Chiapas, en México.
Autoridades guatemaltecas informaron que el proceso de las Cancillerías es determinar en donde estarán los puntos de entrada y de salida de la aduana, pues en el lado de México habría que hacer modificaciones para que concuerde con el terreno.
Desde el 26 de noviembre las autoridades guatemaltecas tienen la facultad de acceder a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, por lo que ahora podrán corroborar que los ingresos bancarios de las empresas coincidan con el pago de sus impuestos.
Luego que el 25 de noviembre fuera publicada en el Diario de Centroamérica la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en la cual se declaró sin lugar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Escalas Mercantiles S.A., el cual pretendía impedir a las autoridades el acceso a la información bancaria de las empresas y personas, ha cobrado vigencia la ley que faculta a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para investigar a los contribuyentes.
Derivado de la eliminación del secreto bancario en Guatemala, el sector empresarial anuncia que estará vigilante para que se "respete el debido proceso y la confidencialidad de los contribuyentes".
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, a inicios de agosto la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión, por lo que en las próximas semanas comenzarán a regir los cambios.
Especialistas y autoridades opinan que el fallo con el que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala revocó la suspensión que impedía el acceso con fines fiscales a información bancaria de los contribuyentes, podría revertirse con otra acción legal.
En los últimos días el tema ha cobrado mayor relevancia en el país, pues tras un año de estar suspendido el acceso a la información bancaria con fines tributarios, el pasado 6 de agosto la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva, por lo que autoriza a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para que pueda revisar las cuentas de los contribuyentes.
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, en Guatemala la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión.
En los últimos años el número de motocicletas en Guatemala ha aumentado en 13%, al pasar de 1,33 millones de unidades registradas en julio de 2017 a 1,5 millones reportadas en igual mes de 2019.
De acuerdo a los datos del Registro Fiscal de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a julio de 2019 el parque vehicular activo del país registraba 3,76 millones de unidades, de las cuales 40% correspondían a vehículos tipo motocicletas.
Para el sector empresarial guatemalteco están dadas las condiciones para que se facilite la exoneración de multas e intereses pese a ser un año electoral, pero para el gobierno, una amnistía fiscal no será una opción este año.
Ante el problema de la devolución de crédito fiscal que se ha reportado por varios años en Guatemala, empresarios opinan que es viable hacer una amnistía fiscal, pero las autoridades no la consideran, pues argumentan que no es la vía para mejorar los ingresos fiscales.
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