Derivado de la eliminación del secreto bancario en Guatemala, el sector empresarial anuncia que estará vigilante para que se "respete el debido proceso y la confidencialidad de los contribuyentes".
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, a inicios de agosto la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión, por lo que en las próximas semanas comenzarán a regir los cambios.
Especialistas y autoridades opinan que el fallo con el que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala revocó la suspensión que impedía el acceso con fines fiscales a información bancaria de los contribuyentes, podría revertirse con otra acción legal.
En los últimos días el tema ha cobrado mayor relevancia en el país, pues tras un año de estar suspendido el acceso a la información bancaria con fines tributarios, el pasado 6 de agosto la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva, por lo que autoriza a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para que pueda revisar las cuentas de los contribuyentes.
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, en Guatemala la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión.
En los últimos años el número de motocicletas en Guatemala ha aumentado en 13%, al pasar de 1,33 millones de unidades registradas en julio de 2017 a 1,5 millones reportadas en igual mes de 2019.
De acuerdo a los datos del Registro Fiscal de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a julio de 2019 el parque vehicular activo del país registraba 3,76 millones de unidades, de las cuales 40% correspondían a vehículos tipo motocicletas.
Para el sector empresarial guatemalteco están dadas las condiciones para que se facilite la exoneración de multas e intereses pese a ser un año electoral, pero para el gobierno, una amnistía fiscal no será una opción este año.
Ante el problema de la devolución de crédito fiscal que se ha reportado por varios años en Guatemala, empresarios opinan que es viable hacer una amnistía fiscal, pero las autoridades no la consideran, pues argumentan que no es la vía para mejorar los ingresos fiscales.
Se reportan retrasos en las aduanas salvadoreñas San Cristóbal y La Hachadura, y dificultades en el puerto Santo Tomás de Castilla, en Guatemala, debido a la implementación del DUCA.
La Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL) de El Salvador pidió a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala, que intervenga para solucionar los problemas que empresas salvadoreñas están enfrentando en el puerto Santo Tomás de Castilla, terminal marítima guatemalteca que se encuentra en el Atlántico, derivado de la implementación de la Declaración Única Centroamericana (DUCA).
En su última visita a Guatemala el FMI advirtió que si en el país no se levanta el secreto bancario, se podría menoscabar el cumplimiento "respecto a tratados internacionales de transparencia".
Luego de la última visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Guatemala, el organismo internacional advirtió que revertir la disminución en la recaudación de impuestos pasa por fortalecer el control de los grandes contribuyentes, mejorar el uso de la información tributaria para reducir el incumplimiento, reasignar recursos hacia auditorías basadas en el riesgo, y reconsiderar el levantamiento del secreto bancario a efectos de auditoría tributaria.
A partir de abril las compras que haga el Estado de Guatemala por montos superiores a $11.500, deberán realizarse utilizando factura electrónica en línea.
La disposición de pagarse a través de Factura Electrónica en línea FEL aplica para las compras públicas en las modalidades de Licitación, Cotización, Contrato Abierto o Subasta Electrónica Inversa, informó el Ministerio de Finanzas.
En los próximos cinco años el gobierno de Guatemala prevé invertir en el remozamiento de edificios ya existentes y la construcción de nueva infraestructura aduanera.
Las inversiones, que estarán a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y que corresponden al Programa de Modernización Integral Aduanera (MIAD) 2019-2023, contemplan dos grandes componentes, que son infraestructura y tecnología.
Guatemala, El Salvador y Honduras siguen sin finiquitar su Unión Aduanera, pues esta semana comenzaron una nueva ronda de negociaciones en la cual darán seguimiento al proyecto de implementación de la declaración anticipada.
A pesar que en diciembre de 2018 se reportó que en El Salvador comenzó a funcionar el puesto fronterizo integrado El Poy, en Chalatenango, el primero que cuenta con la infraestructura necesaria para operar en el marco de la integración aduanera del Triángulo Norte, el proceso de unificación aún sigue negociándose entre los países.
Este mes se prevé que dos empresas completen la certificación para brindar el servicio de marchamo electrónico en Guatemala, y en enero de 2019 estarían funcionando en todo el sistema aduanero.
En julio de este año se anunció que la licitación para el servicio de marchamos electrónicos para contenedores en las aduanas guatemaltecas ya no se llevaría a cabo, por lo que varias empresas podrán brindar sus servicios independientemente.
El 12 de noviembre comenzó en San Salvador la VII Ronda de Negociaciones para la adhesión de El Salvador al proceso de integración hacia el libre tránsito de personas naturales y mercancías entre Guatemala y Honduras.
Las negociaciones entre los tres países durarán toda la semana y se pretende que en esta ronda de diálogos se aborden temas relacionados con retos aduaneros, migratorios, sanitarios y fitosanitarios que tiene El Salvador.
En 2018 el número de vehículos registrados en los departamentos de la región central del país ascendió a 1,7 millones de unidades, cifra que supera en 75% el dato reportado en 2008.
Según estadísticas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el parque vehicular registrado en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Chimaltenango, ha crecido considerablemente en los últimos diez años, al pasar de 982.430 en 2008 a casi 1,8 millones de unidades en 2018.
Industria La Popular, Grupo Cropa y Grupo Vical, son las tres empresas habilitadas como nuevos Operadores Económicos Autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria.
Según las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la figura de Operador Económico Autorizado (OEA), que es reconocida por la Organización Mundial del Comercio, facilita el comercio, seguridad y control, así como el cumplimiento en temas tributarios, aduaneros y legales.
Suspendieron temporalmente el artículo de la ley que en Guatemala facilitaba el acceso a la información bancaria de empresas con una orden judicial a solicitud de las autoridades tributarias.
La decisión fue tomada por la Corte de Constitucionalidad luego de que una empresa presentara un recurso de inconstitucionalidad. Con base en los argumentos planteados, la CC decidió decretar la suspensión provisional del artículo 52, que facultaba a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a solicitar a un juez una orden para levantar el secreto bancario de personas o empresas cuando existiera "... duda razonable sobre los resultados de los procesos o ejecución de los planes de fiscalización selectiva y masiva'." Ver "Guatemala: Rige levantamiento de secreto bancario"
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