Los altos niveles de desempleo y el magro crecimiento del crédito, son factores que se han agravado en el contexto de crisis económica generado por el brote de covid19, lo que ha derivado en el deterioro del récord crediticio de los clientes.
Ante las propuestas que se discuten en la Asamblea de Costa Rica, de aprobar moratorias a empresas y personas que sean afectadas por la crisis sanitaria, la Superintendencia de Entidades Financieras advierte que algunos bancos no soportarían el cese de pagos por hasta 4 meses.
El plan de los diputados es aprobar una iniciativa que se concentre en los préstamos personales, de vivienda, vehículos y de consumo, en el que se incluirían las tarjetas de crédito.
En Costa Rica se discute una iniciativa de ley que busca fijar topes a las tasas de interés de los préstamos, medida que podría generar una reducción en la oferta de los créditos para los deudores catalogados como de más alto riesgo.
Como parte de un proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa, fueron citados los jerarcas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), para que dieran sus puntos de vista, acerca del contenido de la propuesta.
En los últimos dos años 100 mil créditos que estaban al día entraron en morosidad, y los banqueros lo atribuyen principalmente al aumento del desempleo y la merma en la actividad económica.
La desaceleración que ha sufrido la economía costarricense en los últimos dos años está pasando factura no solo a las empresas y familias, sino también al sector bancario.
La morosidad al mes de mayo en los créditos otorgados por bancos públicos a pequeñas empresas ascendió a 5,5%, en los de medianas fue de 3,8% y en los de grandes compañías 3,3%, situación que se atribuye a la desaceleración de la economía.
El porcentaje de créditos que reporta la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), se refiere a la préstamos que entraron en impago de más de 90 días y en cobro judicial, otorgados por entidades públicas como el Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular.
Con el objetivo de flexibilizar la clasificación de deudores y reducir el riesgo de impago, en un contexto donde los créditos en mora siguen al alza, autorizaron en Costa Rica la modificación de dos reglamentos que aplican a las entidades del sistema financiero.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), informaron que se realizaron cambios al "Reglamento para la calificación de deudores" y el "Reglamento sobre gestión y evaluación del riesgo de crédito para el sistema de banca para el desarrollo", que en última instancia pretenden darle acceso a nuevos créditos a cerca de 63 mil personas.
En los últimos dos años la morosidad en las carteras de préstamos al sector agrícola aumentó desde 2,4% hasta 5,9%, entre abril de 2017 y el mismo mes de 2019.
Cifras de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), indican que el alza reportada en la mora de préstamos de agricultura incluye tanto las operaciones con retrasos mayores a los 90 días, como las operaciones que están en cobro judicial.
Entre mayo y septiembre de 2018 se reportaba un alza en la proporción de créditos con atrasos de pago mayores a 90 días, pero entre octubre y diciembre la tendencia fue a la baja.
Datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), precisan que entre septiembre y diciembre de 2018, la proporción de préstamos con atrasos de pago mayores a 90 días, o en cobro judicial, disminuyó desde 2,58% a 2,14%.
Explicado por la desaceleración en la colocación de créditos, en 2018 las utilidades de las entidades bancarias en Costa Rica crecieron apenas 3% respecto a lo registrado en 2017.
Cifras del Banco Central de Costa Rica evidencian la desaceleración reportada en los préstamos otorgados durante los primeros nueve meses del año pasado, pues detallan que a diciembre de 2017 la cartera de crédito al sector privado registró una alza interanual de 8%, mientras que el indicador en cuestión a septiembre de 2018 bajó a 5%.
De julio de 2017 a septiembre de 2018, el porcentaje de préstamos en dólares con atrasos de pago mayores a 90 días o en cobro judicial aumentó desde 1,57% a 2,95%.
La mora en los créditos en dólares aún está por debajo del 3%, por lo que todavía es considerada normal. Sin embargo, de acuerdo a la tendencia de los últimos meses reportada en los registros de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), es probable que el indicador supere la barrera del 3%.
El deterioro de la economía y el creciente desempleo son las principales causas detrás de las dificultades que enfrentan en Costa Rica las empresas y personas para pagar sus préstamos bancarios.
Según cifras de la Superintendencia General de Entidades financieras, entre enero de 2017 y julio de 2018, el porcentaje de créditos con morosidad mayor a 90 días o en cobro judicial, pasó de 1,65% a 2,51%, mostrando una tendencia al alza en los últimos meses.
Las cifras a Octubre de 2017 muestran una tasa de crecimiento interanual de 3%, muy por debajo del incremento de 12% que registraba al mismo mes de 2016.
La desaceleración que la actividad económica ha venido mostrando durante los últimos once meses es parte de las razones que explican parte de la menor demanda por crédito bancario por parte de las empresas en el país.
En el 2010 la deuda de consumo promedio por hogar rondaba los $3 mil, y el año pasado, solo seis años después, la cifra superaba los $6.500.
Los datos recopilados por Nacion.com detallan que la deuda promedio de cada hogar costarricense señalada en el análisis solo toma en cuenta el financiamiento con entidades supervisadas, por lo que se estaría dejando por fuera los créditos tomados para consumo a través de otras fuentes de financiamiento no reguladas, como prestamistas y casas de empeño, entre otros.
Preparan una normativa para supervisar la actividad de las asociaciones solidaristas, cuyo volumen de créditos equivale al que gestionan los 7 bancos privados más pequeños del país.
Al cierre de 2016 el volumen de préstamos otorgados por las asociaciones solidaristas sumaba $6.425 millones, según datos brindados a Nacion.com por el Movimiento Solidarista.
Exigiendo a los bancos requerimientos de capital adicionales, la Sugef pretende desincentivar el otorgamiento de créditos de consumo, vivienda y vehículos a plazos muy largos.
Argumentando que los plazos de más de 30 años en créditos de vivienda y más de 5 en créditos de consumo incentivan el sobreendeudamiento de los costarricenses, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) presentó una propuesta de reforma al reglamento sobre suficiencia patrimonial de las entidades financieras, para exigir requerimientos de capital adicionales a las entidades que realicen estas operaciones de crédito.
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