Aunque en 2019 la llegada de turistas a Costa Rica aumentó 4% respecto a 2018, empresarios del sector continúan enfrentándose a complejos trámites para abrir un nuevo negocio y a los altos costos de los servicios básicos.
Datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, precisan que entre 2018 y 2019 el número de visitantes extranjeros que llegaron al país creció en 122 mil, al pasar de 3,01 millones a 3,14 millones de turistas.
Por factores como el cierre de empresas y falta de oportunidades, se estima que a Honduras y El Salvador la actividad delictiva les representa un costo de 16% del PIB, y en el caso de Guatemala, sus pérdidas podrían ascender a 7% de su producción.
En América Central, los costos humanos de la delincuencia siguen siendo de los más elevados del mundo. En El Salvador, Guatemala y Honduras, países que integran el denominado Triángulo Norte, se registran alrededor del 4,5% de los homicidios en todo el mundo a pesar de tener solamente alrededor del 0,4% de la población mundial, precisa un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI).
A raíz del robo de un contenedor que transportaba productos lácteos, la cámara del sector hizo un llamado a todos los gremios vinculados al comercio internacional y local, para que refuercen sus medidas de precaución.
Mediante un comunicado la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (CANISLAC) denunció que el viernes 13 de diciembre de 2019, se dio el primer robo de un contenedor de Quesillo en la historia de Nicaragua.
El gobierno de Estados Unidos decidió elevar de 1 a 2, el nivel de alerta de seguridad para viajar al país centroamericano, argumentando que se producen delitos violentos que pueden afectar a los turistas.
El país norteamericano mantiene cuatro categorías que clasifican el grado de peligrosidad al que se enfrentan los turistas cuando visitan algún destino. En el caso de Costa Rica pasó de la categoría 1, que indica a los viajeros que deben tomar las precauciones normales, a la categoría 2, que advierte que debe tenerse mayor precaución.
La decisión del gobierno guatemalteco de prorrogar hasta noviembre el Estado de Sitio en seis departamentos y agregar municipios de Sololá, genera preocupación entre los empresarios turísticos.
El 4 de septiembre decretó el Estado de Sitio en 22 municipios de los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso y Petén, a raíz de la muerte de tres miembros del Ejército, a manos de supuestos narcotraficantes en la aldea Semuy II, en El Estor, Izabal.
Luego de que el 7 de septiembre paramilitares motorizados atacaran con armas de fuego a una comitiva de empresarios, el sector productivo pide al gobierno que esclarezca los hechos "de forma objetiva y veraz".
La violenta agresión fuedirigida a la comitiva del Cosep y de la Alianza Cívica, conformada por José Adán Aguerri, Michael Healy y Álvaro Vargas, que acompañaban a los periodistas Jaime Arellano y Aníbal Toruño, en una visita a la ciudad de León, informó el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Luego de que tres militares fueran asesinados en Izabal, el sector empresarial guatemalteco pide al gobierno que recupere el control de los territorios en donde dominan grupos criminales.
En varias ocasiones las cámaras empresariales han denunciado que en el área que va desde el Valle del Polochic hasta Izabal, operan grupos del crimen organizado, afectando así la actividad productiva en el área.
En el marco de las fricciones políticas que ha generado la salida de CICIG, Estados Unidos alertó a sus ciudadanos sobre las manifestaciones y bloqueos que se llevarán a cabo en las carreteras del país.
Del comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala:
La Asamblea del país acordó preparar una reforma a la Ley de Presupuesto para utilizar los recursos en el Plan de Seguridad Ciudadana.
La institución informó que los recursos a incorporar provienen de fondos pendientes de las contribuciones especiales del segundo trimestre y de lo recaudado en el último trimestre, con un total de recursos a distribuir de $22.822.950.
Empresarios en El Salvador opinan que la primera medida que debe implementar el gobierno que entre en funciones en 2019, es la recuperación del control de los territorios dominados por las maras.
La inseguridad ciudadana, la incertidumbre política y los bajos niveles de inversión son los principales factores que siguen afectado la calidad de vida de la población y el clima de negocios en El Salvador.
Un análisis de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (Fusades) señala los principales factores que impiden que la economía salvadoreña alcance mejores niveles de crecimiento. En su informe de Coyuntura Legal e Institucional, destacan avances logrados recientementet en materia de facilitación de comercio, pero señalan que la inseguridad ciudadana sigue siendo el factor que más afecta en términos negativos la calidad de vida de la población y el clima de inversión.
En El Salvador cada semana al menos dos negocios reportan su intención de cerrar debido al impacto de las extorsiones, un problema que, lejos de resolverse, parece empeorar cada año.
Representantes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), manifestaron que los empresarios del país no perciben ninguna mejora significativa en el clima de seguridad, luego de que en abril pasado se extendiera, por seis meses más, las medidas extraordinarias de la administración Sánchez Cerén para intentar controlar la delincuencia y la inseguridad.
Los empresarios salvadoreños señalan que las principales causas del mal desempeño económico del país siguen siendo la creciente inseguridad y la falta de un rumbo político claro.
Las cámaras empresariales salvadoreñas coinciden en que el inicio del año no ha sido el mejor, pues aún persisten los obstáculos que desde hace varios meses dificultan la operación y crecimiento de la actividad del sector privado.
El informe de InSight Crime destaca la tasa de homicidios registrada durante 2017 en Costa Rica, que fue de 12,1 por cada 100 mil habitantes, el mayor número en su historia.
El reporte indica que Costa Rica ha sido un país que tradicionalmente se ha "considerado pacífico", y respecto a la escalada de la tasa de homicidios, aumento que autoridades locales atribuyen al crimen organizado, el informe indica que "...la falta de retrospectiva y una metodología vaga debilita los intentos de las autoridades de atribuir la culpa al crimen organizado."
Una de cada cinco empresas asegura haber sido víctima de la delincuencia este año, y el 80% afirma que alrededor del 10% de sus costos operativos corresponde a seguridad.
Del comunicado de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP):
18 de diciembre, 2017. La situación de inseguridad por la que atraviesa el país, también golpea y con fuerza a las empresas del sector privado. Así lo revela la IV Encuesta Trimestral de Negocios “Pulso Empresarial”, elaborada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).
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