El 3% adicional al IVA de 13% que se pretendía cobrar en Costa Rica como impuesto a los servicios de alojamiento brindados a través de la plataforma Airbnb y otras similares, finalmente fue eliminado del proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa.
El proyecto de ley 20.865 para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales, que se discute en la Asamblea Legislativa y determina los impuestos que deben cobrarse por la actividad, será modificado por la Comisión de Asuntos Económicos.
Señalan como incorrecto el cobro de 15% que hace Tributación por concepto de renta a los intereses generados por inversiones de extranjeros en títulos valores del mercado local.
Un dictamen de la Procuraduría General de la República indica que el cobro de 15% que hace Tributación sobre los intereses generados por extranjeros en sus inversiones en títulos valores del mercado bursátil local es incorrecto, y que debería ser de 8%, como se le cobra a los inversionistas locales.
El polémico cobro de $1.874 para certificar drones de uso comercial fue suspendido por un plazo de seis meses, mientras la Procuraduría General determina su legalidad.
La suspensión del cobro rige para todo tipo de usuarios comerciales de drones por un periodo de seis meses. Al mismo tiempo, el gobierno anunció un régimen diferenciado para las microempresas y emprendimientos registrados como tales ante el MEIC, para que queden eximidas del pago de $1.874 por concepto de certificación.
La cifra es una estimación de la Dirección de Inteligencia en Costa Rica divulgada por el Departamento de Estado de EE.UU., donde se señala el aumento de organizaciones criminales con base en el país, y la poca capacidad para combatirlas.
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013" de Global Financial Integrity, señala que durante los 10 años mencionados, el flujo de dinero ilícito desde Costa Rica superó los $11 mil millones, esto es unos $1.100 millones al año.
Es un riesgo para la democracia liberal el corporativismo estatal que llega al extremo de evadir las normas de competencia para favorecer el gigantismo de las empresas públicas.
EDITORIAL
El artículo editorial publicado por Nacion.com reseña cómo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) insiste en contratar trabajos al estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ahora para ejercer tareas de supervisión de la construcción de una carretera.
Pese a que la empresa pretende operar bajo el esquema de "comunidad de autoabastecimiento", el criterio de la Procuraduría General es que "todo transporte remunerado es un servicio público".
El criterio emitido por la Procuraduría General de la República establece también posibles sanciones a Uer por brindar el servicio de transporte de forma ilegal.
La Procuraduría General de la República recomienda a la Corte Constitucional rechazar el recurso que pretende declarar ilegal la potestad de Tributación para cobrar anticipadamente las deudas tributarias.
El recurso presentado ante la Sala Constitucional por un grupo de contribuyentes aún sigue en estudio por los magistrados y aunque no existe todavía una resolución al respecto, la Procuraduría General de la República "...
El gremio apoya la revisión de la reforma propuesta por la Procuraduría y advierte que tal como está planteada implica riesgos para el desarrollo de la obra en el país.
Del comunicado de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP):
UCCAEP apoya devolución a comisión de reforma al Código Procesal Civil
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), respalda la devolución a comisión del proyecto de reforma al Código Procesal Civil, para atender las observaciones hechas por la Procuraduría General de la República.
La Sutel multó a la compañía y le dio un mes para retirar el servicio, por ofrecer servicios de Internet al margen de la ley.
La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) sancionó a la empresa IBW Comunicaciones, quien provee Internet móvil mediante la marca Japi, con una multa de $38.000 y le ordenó suspender los servicios en un plazo de un mes.
La Procuraduría General de la República costarricense indicó que no pueden estar liberándose transgénicos en el país sin antes contar con un estudio de impacto ambiental.
“Si el grado de afectación al ambiente es relevante la normativa debe contemplar a esa actividad, entre las que deben ser evaluadas desde el punto de vista de su impacto en el ambiente”, explicó la Procuraduría General de la República bajo la firma de la procuradora general Ana Lorena Brenes.
Falta de coordinación entre los organismos involucrados en la entrada en funcionamiento demora por lo menos para julio el encendido digital.
“En el calendario estaba hacer el encendido digital en enero, pero no lo pudimos hacer porque no teníamos el criterio legal de la Procuraduría, que marca la cancha y define la figura jurídica que se debe utilizar.
El Instituto Nacional de Seguros retomará este año su plan para expandir sus operaciones a los países de la región, invirtiendo $300 millones en el proceso.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) pretende ser el socio mayoritario o bien adquirir el 100% de una compañía con presencia a nivel regional, proyecto que se detuvo en el 2009 cuando la compañía enfrentó la oposición de instituciones como la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Pensiones y la Procuraduría General de la República.
Las cooperativas de electrificación rural de Costa Rica tendrían un tratamiento distinto a las cooperativas en general, para el financiamiento de sus proyectos mediante emisión de deuda.
El artículo en Crhoy.com reseña que "La Procuraduría General de la República aclaró a la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), que no se pude medir a estas entidades con la misma vara, que a las cooperativas de ahorro y crédito."
Autopistas del Sol, la concesionaria española de la vía San José - Caldera, presentó una demanda exigiendo una actualización del costo de construcción de la carretera.
La empresa busca que "se reequilibre el contrato con base, únicamente, en una actualización del monto de la oferta original”, señaló Luis Diego Flores, procurador constitucional. La concesionaria sostiene que el costo de las obras superó las cifras establecidas en la oferta original del proyecto.
El Instituto Costarricense de Electricidad convoca a empresas generadoras de energía hídrica y eólica, mientras aun no está claro cómo se fijarán los precios.
El ICE abrió una convocatoria para la compra 140 MW de energía producida a partir de fuentes renovables, para lo que se han destinado $350 millones. Se seleccionará hasta 100 MW en proyectos de energía eólica y 40 MW en hídrica en esta primera etapa.
Ciudad de Panamá, se vende estación de gasolina, de marca multinacional, la estación tiene más de 20 años operando, se encuentra en el centro de la ciudad de Panamá. Estación de gasolina operando, en Ciudad de Panamá,...
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