La Corte de Constitucionalidad suspendió de forma provisional el acuerdo que permitía a las empresas que actualmente no tienen capacidad económica para cumplir con el pago de la Bonificación Anual, a conciliar con los empleados la amortización de la obligación.
El acuerdo del Ministerio de Trabajo (Mintrab) 250-2020 que fue publicado en el Diario de Centroamérica el 10 de julio, estipula que para aplazar el pago del Bono 14, los patronos que no estén en la posibilidad de efectuarlo debido a la crisis económica que deriva del brote de covid19, podían hacer una gestión ante el Ministerio.
Los representantes de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica están más preocupados por defender sus inaceptables privilegios, que por realizar con imparcialidad y de forma moral el trabajo para el cual fueron designados.
EDITORIAL
Argumentando que la reforma fiscal aprobada en primer debate en la Asamblea Legislativa impone medidas de contención de gasto sobre los salarios del Poder Judicial, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia anunciaron que se opondrán a la reforma si no se eliminan de la misma los puntos que, a su criterio, afectan el funcionamiento de las instituciones del Poder Judicial.
Argumentando que no se cumplió con los principios básicos de contratación pública, en Panamá declararon inconstitucional el contrato entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla.
La disputa legal comenzó en 2009, cuando el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra del contrato que otorga una concesión por veinte años para explotar y comercializar los yacimientos de oro, cobre y otros recursos minerales del Cerro Petaquilla.
Luego de la polémica generada por las declaraciones de la Procuradora General de la Nación, el sector empresarial panameño exige que se realice una investigación profunda, ya que aseguran que se avanza "peligrosamente hacia el agotamiento de todo principio de legalidad".
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
La gremial de empresas privadas promueve una reforma que permita robustecer la administración de justicia y asegure la independencia de jueces y fiscales.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP):
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
En los últimos días, la opinión pública se ha visto consternada por diferentes hechos presentados en torno a investigaciones que se adelantan por señalamientos de delitos contra la administración pública. Mucho se ha comentado sobre el otorgamiento de medidas cautelares potencialmente desproporcionadas y otras actuaciones cuestionadas, creando intranquilidad y desasosiego.
El Fiscal General denunció las barreras existentes para que los delitos de cuello blanco y en especial la corrupción dentro del Estado puedan perseguirse eficazmente.
La autorización de un juez para que se abra una caja de documentos públicos como parte de una investigación, y la aprobación de recursos de apelación aún cuando la ley establece que no procede, son parte de las trabas jurídicas que demoran el procesamiento de casos de delitos de cuello blanco.
En Panamá un fallo constitucional impide tercerizar el cobro de impuestos a personas naturales y jurídicas privadas, derogando así un decreto presidencial.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el numeral 3 y párrafo subsiguiente del Decreto de Gabinete 109 del 7 de mayo de 1970 que permitía ejercer funciones públicas fiscales de cobro de impuestos a personas naturales y jurídicas privadas, y que tenía el objetivo de vigilar la recaudación de las rentas.
La capacidad de los Poderes Ejecutivos y Legislativos para conducir efectivamente la economía de sus países está seriamente disminuida por la acción descomedida de los Poderes Judiciales, en especial de las Cortes Constitucionales.
EDITORIAL
Ocurre en Centroamérica pero es un problema que crece en toda Latinoamérica. El legítimo afán de asegurar a todos los ciudadanos la plena vigencia de los derechos que otorga la bienvenida vigencia de la democracia liberal, ha generado una cultura de aceptación de prácticamente todo recurso que se interponga en tribunales contra acciones ejecutivas de gobierno, y también contra leyes formalmente bien aprobadas.
Aunque los países centroamericanos tienen grandes problemas que deterioran su imagen en el exterior, a veces son episodios pequeños los que desde afuera se destacan como inadmisibles en una sociedad moderna.
EDITORIAL
Muchos políticos pretenden hacer creer a los pueblos donde lideran, que la principal función del Estado es el asistencialismo, cuando el camino a la prosperidad y la justicia social comienza con el buen funcionamiento del Poder Judicial y de la voluntad estatal para hacer cumplir la ley. Si el Estado cumple bien estas funciones primordiales, el desarrollo está a resguardo de la veleidad de los eventuales malos dirigentes, y se asegura la formación de una cultura de justicia y de respeto de las normas que es esencial para el progreso humano.
Una encuesta realizada a empresarios nicaragüenses revela que el 73% desconfía del sistema judicial del país, y percibe mucha corrupción en el Estado.
Pese a este resultado, según la cuarta encuesta de Confianza e Intención de las Empresas, realizada por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), la situación ha presentado una ligera mejoría.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador conformó un equipo de abogados constitucionalistas para apelar cualquier resolución emitida por un tribunal que consideran nombrado en forma ilegal.
Ya en un comunicado de prensa emitido el 1 de julio la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) señalaba que:
"Los diputados del FMLN, GANA, CN y PES, en complicidad con el Presidente de la República, insisten en pisotear la Constitución de la República y la soberanía de los salvadoreños, intentando dar un Golpe de Estado al Poder Judicial."
Los fondos se destinarían a apoyar al poder Judicial en materia de seguridad y proyectos del Instituto de Estadísticas.
Otro proyecto en el que se trabaja es en el sector tecnológico educativo con el plan de una computadora por cada niño que curse el nivel básico.
"Miguel Manzi, representante residente del BID, aseguró que existe un monto por desembolsar de unos 500 millones de dólares que siguen ejecutándose en diversos proyectos a nivel nacional desde hace más de cinco años y para lo cual se necesita dinamismo de parte del Estado para avanzar en estos desembolsos", reseña Elheraldo.hn.
La licitación es para el suministro e implementación de una solución informática integral para el Sistema Penal Acusatorio.
La contratación además del suministro e implementación incluye la puesta en marcha de la etapa inicial en el segundo distrito judicial que comprende las provincias de Coclé y Veraguas.
La fecha prevista de recepción de las ofertas es el próximo 15 de febrero del 2011.
Los responsables de la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio panameño presentaron el presupuesto necesario para su arranque en Coclé y Veraguas.
El artículo de Yureth Paredes en Laestrella.com.pa, señala que "Las subcomisiones de la Comisión de Coordinación Institucional para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) presentaron, durante una reunión de trabajo, el presupuesto total para iniciar esta nueva modalidad, que implica casi 52 millones de dólares."
OEHC Lubricants cubre los mercados automotrices, industrial, marítimo, agrícola y equipos pesados. Ofrecemos una excelente oportunidad de negocio para cantidades de un contenedor de 40 pies. Berkol International es una empresa en Estados Unidos...