En Costa Rica la Sala Constitucional falló a favor del Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, institución que presentó un recurso por medio del cual pretende obtener información de cuántas personas físicas aparecen como dueñas de acciones.
Luego que el Observatorio solicitara ante el Ministerio de Hacienda información estadística que se pueda obtener del Registro de Accionistas y Beneficiarios Finales (RABF), las autoridades se negaron.
Además de los $1.750 millones que el gobierno pretende obtener por medio del préstamo que gestiona con el FMI, durante los cuatro años comprendidos entre 2022 y 2025 el país prevé colocar $4.000 millones por concepto de bonos de deuda externa.
Durante el 8 y 9 de febrero el Ministerio de Hacienda logró renegociar cerca de $130 millones correspondientes a vencimientos de títulos de deuda interna de los años 2021 y 2022.
Este es el primer canje de deuda interna en colones que se realiza en 2021. En esta sesión el Ministerio de Hacienda logró renegociar bonos de deuda por ¢79.814 millones, que equivalen a cerca de $130 millones.
Argumentando que existe una necesidad temporal de liquidez en colones, el 26 de octubre el Banco Central de Costa Rica decidió intervenir en el mercado secundario comprando dos distintas series del Ministerio de Hacienda, con vencimiento a 9 y 10 años.
El pasado 13 de abril del 2020, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) autorizó a su Administración participar en el mercado secundario de valores del Ministerio de Hacienda y definió las condiciones bajo las cuales se ejecutarían esas transacciones, con el objetivo de mitigar situaciones de tensión sistémica causadas por necesidades temporales de liquidez en colones, informó la autoridad monetaria.
Luego que Costa Rica con la intención de mitigar la propagación del covid19 decretara restricciones a las unidades de transporte de carga que ingresan a su territorio, el gobierno de Nicaragua ordenó el cierre del tránsito por el puesto fronterizo de Peñas Blancas.
Autoridades de Hacienda anunciaron que los planes para este año son gestionar ante la Asamblea Legislativa la aprobación para emitir deuda en el mercado internacional, y de recibir el visto bueno, la colocación se haría en 2021.
El año pasado los planes del Ejecutivo eran emitir eurobonos por $6.000 millones, sin embargo, la Asamblea del Legislativa aprobó la colocación de sólo $1.500 millones, argumentando que el monto propuesto al inicio, era demasiado alto.
Debido a que el costo de las bicicletas eléctricas es considerablemente menor al de otro tipo de vehículos eléctricos, en los últimos años la cantidad de unidades importadas en el país ha aumentado de forma exponencial.
De acuerdo a cifras del Ministerio de Hacienda, durante 2019 se importaron en el país 3.585 bicicletas y motocicletas eléctricas, 93% más que las 1.857 reportadas en 2018.
Para asegurar el financiamiento de sus funciones a futuro, el gobierno costarricense buscará que el Banco Mundial, el BID, el BCIE y la CAF le concedan préstamos durante 2020, y además planea insistir con la aprobación de $4.500 millones en eurobonos.
Para el año que recién empieza, el gobierno de Costa Rica prevé continuar con la negociación de préstamos para apoyo presupuestario con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericanos de Integración Económica (BCIE) y la Corporación Andina de Fomento - Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
En Costa Rica el Ministerio de Hacienda propone aplicar el IVA a servicios como Netflix, Airbnb, Tinder, Skype, PlayStation Network y publicidad en redes sociales, entre otros.
De acuerdo a una resolución del Ministerio de Hacienda que debería estar en consulta en los próximos días, los emisores de tarjetas de crédito estarían obligados a recibir el impuesto del 13%.
El Ministerio de Hacienda prevé presentar un nuevo proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para colocar $4.500 millones en bonos de deuda externa el próximo año.
El monto que será solicitado es lo que falta para llegar a los $6.000 millones que fueron pedidos este año ante el Congreso, de los cuales sólo $1.500 millones fueron autorizados. Por lo tanto, de avalarse los $4.500 millones, se estaría consiguiendo el monto solicitado inicialmente.
La proporción de la deuda pública sobre el PIB está cerca de llegar a 60%, límite máximo permitido por ley, lo que obligará a restringir el gasto en capital en los próximos años, para evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas.
Las autoridades de Hacienda indicaron que al cierre de 2019 la deuda pública del país representará el 59% de la producción, escenario adverso para la inversión, pues según la regla fiscal, en el momento en que la proporción llegue al 60% se afectará el gasto en capital, ya que el gobierno deberá comenzar a contener los egresos.
En Costa Rica el sector bancario ganó una demanda que impuso en contra del Ministerio de Hacienda, derivado de las inconformidades por la fórmula utilizada para el cálculo del pago de impuestos.
La disputa legal data de varios años atrás, pues en 2003 la Dirección General de Tributación (DGT) validó la metodología que había sugerido la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) para calcular el pago de impuestos sobre la renta de los intermediarios financieros. Sin embargo, en 2005 las autoridades echaron para atrás la decisión.
Con los beneficios fiscales que se otorgaron a la importación de autos eléctricos, el número de unidades que ingresaron en Costa Rica pasó de 40 en 2017 a 350 en 2018.
El año pasado entró en vigencia la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, la cual otorga beneficios fiscales a la importación de autos eléctricos, como lo es la exoneración de entre 50% y 100% para los impuestos de ventas, consumo y aduanero, según el valor de importación de cada auto.
El 3% adicional al IVA de 13% que se pretendía cobrar en Costa Rica como impuesto a los servicios de alojamiento brindados a través de la plataforma Airbnb y otras similares, finalmente fue eliminado del proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa.
El proyecto de ley 20.865 para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales, que se discute en la Asamblea Legislativa y determina los impuestos que deben cobrarse por la actividad, será modificado por la Comisión de Asuntos Económicos.
Debido a las dudas que han surgido en el sector empresarial, en Costa Rica se informó que el inicio de registro de accionistas se postergó seis meses, y entrará en vigencia el 1 de septiembre de este año.
El objetivo de este proceso es facilitar el cumplimiento de la obligación que tienen las empresas de informar a Hacienda sobre la composición de su capital social, así como la identificación de los beneficiarios finales, según lo dispuesto en la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, precisa un comunicado del Banco Central de Costa Rica (BCCR).