Luego que el gobierno de Panamá decidiera prohibir el ingreso de productos de origen animal provenientes de Costa Rica, empresarios panameños apoyan la medida y piden que se discutan los requisitos de exportación e importación, pues aseguran que a sus productos agropecuarios se les impide el acceso al mercado costarricense.
La disputa comercial surgió cuando el 10 de julio Panamá informó al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (MAG), sobre la decisión de no extender la habilitación para la exportación a una lista de establecimientos costarricenses previamente autorizados y que exportan a Panamá desde hace muchos años.
En Panamá el gobierno estableció el margen de ganancia bruto máximo de venta en toda la cadena de comercialización, para distintos artículos de higiene personal, limpieza y consumo, que sean de primera necesidad.
Según el Decreto 152 de fecha 13 de mayo, la medida decretada es con el objetivo de mitigar el brote de covid19 y para lograr dar acceso a la mayoría de productos a la población en general.
Argumentando que las importaciones pueden estar próximas a alcanzar el nivel de activación automático del mecanismo especial de salvaguarda, el gobierno panameño ordenó investigar las compras de carne de cerdo hechas a empresas en Estados Unidos.
La Dirección General de Defensa Comercial ha analizado la información disponible a través de informes periódicos solicitados a la Autoridad Nacional de Aduanas sobre las importaciones de las mercancías antes descritas y ha presentado un informe advirtiendo que dichas importaciones pueden estar próximas a alcanzar el nivel de activación automático del mecanismo especial de salvaguardia agrícola, explica la resolución del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
Con el inicio de la administración Cortizo la cantidad de productos con precios controlados en Panamá se redujo de 22 a 14, y a partir del 1 de enero de 2020 la lista disminuirá a 7.
La eliminación gradual del control de precios ha sido una de las acciones que ha potenciado la administración Cortizo, pues desde el 7 de julio los huevos, macarrones, poroto, lentejas, chuleta, jarrete, pecho y atún, dejaron de formar parte del listado de productos, cuyos precios son controlados.
La Asamblea Nacional panameña ratificó el acuerdo de Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica, que tiene como objetivo salvaguardar las relaciones comerciales de cara al proceso del Brexit.
El Proyecto 154, el cual fue aprobado el 28 de octubre, preserva en esencia los derechos adquiridos por ambas partes y no cambia en esencia el conjunto de derechos y obligaciones adquiridas por la República de Panamá. Este acuerdo se fundamenta en tres pilares que son el diálogo político, el aspecto comercial y de cooperación, informó la Asamblea Nacional.
Semanas después de que decidiera interrumpir las negociaciones del acuerdo comercial, el gobierno de Cortizo anunció que en 2020 se podría comenzar a ver nuevamente el tema del TLC con el gigante asiático.
El tema ha generado expectativa, pues luego de haber avanzado hasta la quinta ronda de negociaciones durante la administración Varela, con la llegada de Laurentino Cortizo al poder se interrumpió por completo el proceso de suscripción del acuerdo.
En Panamá la administración Cortizo ha anunciado que no planean suscribir nuevos acuerdos comerciales, pues lo que el país necesita en la actualidad es "fortalecer a sus exportadores".
Representantes del Ministerio de Comercio e Industrias, informaron que hasta que se fortalezca la oferta exportable de Panamá, comenzarán a avanzar en la negociación de tratados comerciales con otros países.
Pese a que ya se han realizado cinco rondas de negociación para firmar un tratado de libre comercio, la administración Cortizo anunció que decidieron limitarse a la suscripción de un acuerdo de alcance parcial.
Representantes del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) explicaron que buscan que el alcance del acuerdo comercial con el gigante asiático se limite al intercambio de bienes agrícolas e industriales, lo que es conocido como un Tratado de Libre Comercio (TLC) de alcance parcial.
Luego que el 20 de julio entrara en vigencia en el país la ley que prohíbe el uso de bolsas de polietileno en los supermercados, abarroterías, farmacias, entre otros comercios al por menor, los empresarios opinan que la restricción se debe aplicar de forma gradual.
A 18 meses de fuera publicada en la Gaceta Oficial la nueva ley, entró en vigencia para los establecimientos de comercio al por menor, pero, en el caso de los comercios al por mayor, la utilización de las bolsas libres de polietileno, se implementará a partir del 20 de enero de 2020, considerando que la norma establece un plazo de 24 meses desde la promulgación de la ley. Verpublicación completaen Gaceta Oficial.
Después de completar todos los requisitos, autoridades panameñas anunciaron que el próximo 21 de junio saldrá el primer contenedor con 200 toneladas de carne bovina rumbo al país asiático.
A finales de marzo se informó que las plantas de productos cárnicos que recibieron el aval de la Administración General de Aduanas de China para comenzar a comercializar sus productos fueron Matadero de Chiriquí, S.A. (Machisa), Unión Ganadera, S.A. (Ungasa) y Macello.
Para los empresarios del sector en Panamá, las normativas y regulaciones que se aplican en la actualidad a la importación de cemento en el país se han quedado rezagadas.
Según la Cámara de la Construcción (Capac), el cemento no es el único material que debe reglamentarse, pues el resto de los principales insumos para la construcción que se comercializan y utilizan en la industria, también deben regularse.
En Panamá la Asamblea Nacional autorizó el traslado de $11 millones para financiar la rehabilitación de proyectos turísticos en Isla Colón, el Valle de Antón y la construcción del centro de convenciones de Boquete.
En relación a la gestión administrativa para proporcionar los fondos, la Asamblea Nacional informó que la Comisión de Presupuesto fue la encargada de aprobar dos traslados de partidas del Ministerio de Comercio e Industrias para la Autoridad de Turismo de Panamá.
La decisión del gobierno panameño de elevar de 3% a 30% el arancel a la carne importada de Nicaragua para que los productores locales pudieran competir, no ha mostrado hasta ahora resultados claros.
En septiembre de 2018 el gobierno panameño decidió imponer barreras a la entrada de carne bovina procedente de Nicaragua, al subir el arancel de importación desde 3% a 30%. Dicha acción no ha tenido los efectos esperados, pues los precios que se pagan a los productores locales no ha subido.
La medida que inicialmente fue definida como transitoria, se volvió permanente en Panamá, pues desde el comienzo de la administración Varela ha sido prorrogada nueve veces, dejando saldos negativos en algunos sectores.
Juan Carlos Varela cerrará su gestión con una nueva prórroga de la polémica medida que regula los precios de 22 productos de la canasta básica, afectando a varios sectores, entre ellos, los productores de carne, que reportan pérdidas económicas.
En Panamá el sector agroindustrial y el gobierno acordaron revisar todos los detalles legales para evaluar aplicar un incremento desde 15% a 30% al arancel de importación de quesos mozzarella.
Esta semana el sector agroindustrial lácteo del país, se reunió con el presidente Juan Carlos Varela y representantes de los ministerios de Desarrollo Agropecuario y Comercio e Industrias.
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