Luego de que se detectaran inconsistencias entre las compras reportadas por los contribuyentes y las ventas que la empresa declaraba ante la autoridad tributaria, en Guatemala inició una investigación sobre la cadena de supermercados "La Barata".
Durante la mañana del 7 de diciembre representantes del Ministerio Público (MP) y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ofrecieron una conferencia de prensa en la que explicaron algunos detalles sobre un nuevo caso de supuesta defraudación tributaria por parte de la cadena de tiendas "La Barata".
Empresarios guatemaltecos reclamaron que sus operaciones son afectadas por las demoras de hasta tres años en el reintegro, cuando los períodos establecidos son de 30 a 60 días.
La semana pasada el Ministerio Público anunció el desmantelamiento de una estructura que agilizaba por medio de pagos ilícitos los trámites de reembolso del crédito fiscal, operando tanto a lo interno como a lo externo de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Cerca de $14 millones habrían defraudado al fisco de Guatemala un grupo de personas que a través de empresas de cartón, emitían facturas falsas para simular la compra de ganado.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una lista de 150 empresas que estarían involucradas en el caso de evasión tributaria a través de la creación de entidades de fachada o de cartón.
Con la decisión del Congreso de no retirarle la inmunidad al presidente Morales, se le impide al Ministerio Público y a la Cicig continuar la investigación por financiamiento electoral irregular.
Tal como se esperaba, el congreso guatemalteco decidió votar en contra de la solicitud de antejuicio planteada por el Ministerio Público para retirarle la inmunidad a Jimmy Morales.
Ya son cuatro las solicitudes de antejuicio presentadas en contra del presidente Morales, luego de que éste solicitara expulsar de Guatemala al líder de la Comisión Internacional contra la Impunidad.
EDITORIAL
En menos de una semana se presentaron una serie de acontecimientos que al día de hoy tienen en vilo al país. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron una solicitud de antejuicio contra el presidente Morales por supuesto financiamiento electoral ilícito; Morales declaró al Comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, persona non grata, y solicitó su expulsión del país. En respuesta a esto, se han presentado otras tres solicitudes de antejuicio en las últimas horas.
Un año después de haber tomado el control de la Terminal de Contenedores Quetzal, el Ministerio Público de Guatemala ordenó finalizar el proceso de intervención de la empresa.
Reseña Elperiodico.com.gt que "... La resolución de la instancia judicial fue dictada el jueves 15 de abril luego de un año y días de vigencia de la medida para la TCQ, una empresa que a juicio de la fiscalía quedó constituida en el 2012 como sociedad anónima emergente “para simular un contrato de usufructo” con la estatal Empresa Portuaria Quetzal (EPQ)."
Proponen crear un impuesto especial y temporal a patrimonios que superen un monto determinado para financiar la operación del Ministerio Público contra la impunidad y actos de corrupción en el Estado.
Iván Velásquez, jefe de Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), considera que es necesario pasar "...del discurso anticorrupción a la acción", por lo que propone, junto al Ministerio Público, crear un nuevo impuesto que fortalezca el presupuesto de la institución en su lucha contra la impunidad y la corrupción.
Una red integrada por empresarios y funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, acordaba precios de compra de medicinas y la lista de empresas que podían participar en las contrataciones.
El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, explicó en conferencia de prensa que la red desarticulada estaba compuesta por "...
Como parte de una investigación por defraudación, ordenaron el cierre temporal de diez tiendas que el panameño Grupo Wisa opera en el aeropuerto guatemalteco, bajo la marca La Riviera.
La orden del Ministerio Público de Guatemala es parte de una investigación abierta por defraudación, e implica el cierre temporal de diez locales y una bodega de la empresa Tiendas Libres de Guatemala S.A., conocida como La Riviera.
El expresidente guatemalteco deberá enfrentar el juicio por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
El juez Miguel Angel Gálvez dictó auto de procesamiento contra el ex presidente Otto Pérez Molina, luego de analizar la evidencia presentada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig).
Horas después de que el Congreso votara quitarle la inmunidad, el Ministerio Público anunció que una vez sea citado en el juzgado, solicitará el cese de funciones del presidente guatemalteco.
El anuncio fue realizado por la fiscal general del Ministerio Público, que aseguró, según reseña Prensalibre.com, "... que cuando el presidente Otto Pérez Molina llegue al juzgado pedirá que sea cesado de su cargo."
La Corte Constitucional considera que la evidencia presentada por el Ministerio Público es suficiente para dar trámite al antejuicio y que el Congreso decida si retira o no la inmunidad al mandatario.
La decisión de levantar la inmunidad al presidente Pérez Molina para que enfrente las acusaciones por corrupción recae ahora en el poder legislativo. Los diputados que integran la Comisión Pesquisidora deberán investigar en base a las pruebas presentadas por los fiscales, y definir posteriormente en el plenario, su decisión.
Para el sector privado la decisión del presidente Pérez Molina de no renunciar a su cargo deteriora aún más la imagen del país, en momentos en que la economía muestra señales de estabilidad.
Así como la decisión de realizar la investigación por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) fue aplaudida por el sector empresarial guatemalteco, la decisión del presidente de permanecer en su cargo genera repudio y gran preocupación, principalmente por el impacto negativo que tiene sobre el país como destino de inversiones extranjeras.
El Ministerio Público de Guatemala considera "probable" el involucramiento del presidente Otto Pérez Molina en la red de defraudación aduanera "La Línea" y solicitó el antejuicio a la Corte Suprema de Justicia.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) y el Ministerio Público presentaron una solicitud de antejuicio para levantar la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina y poder realizar la investigación formal con base en las pruebas recabadas.
Solo en la contratación de agentes de seguridad las empresas gastan por año $243 millones, además del pago por las extorsiones a los transportistas en las carreteras.
La delincuencia e impunidad que existe afecta no solo a las empresas de transporte de mercancías que operan en el país, sino que reduce cada vez más la posibilidad de Guatemala de atraer más y mejor inversión extranjera que coadyuve al desarrollo socioeconómico.