El próximo Ministro de Agricultura habla de subsidios de "los otros" y de "competencia desleal", pero no de las abismales diferencias de productividad de los arroceros costarricenses con esos "otros".
El designado Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, ya anunció que revisará -para extenderlo- el plazo fijado por el gobierno saliente para liberalizar el precio del arroz. La fijación del precio del grano constituye un subsidio indirecto que suma más de $100 millones excediendo largamente los límites permitidos por la Organización Mundial de Comercio. Además, obliga a los consumidores a pagar precios que están entre los más altos del mundo.
Se permite la hipoteca de inventarios, flujos de efectivo, contratos, propiedad intelectual, marcas, entre otros, como opción alterna a la tradicional garantía sobre bienes inmuebles.
Adicionalmente, la Ley aprobada por la Asamblea Legislativa este 30 de abril, faculta considerar activos circulantes o derechos dados en contratos, equipo, cuentas por cobrar, bienes muebles, cosechas, reservas turísticas y hasta derechos futuros sobre el valor de la madera en pie. Se encuentra pendiente la firma de la Presidenta de la República, su posterior publicación y la emisión del Reglamento respectivo por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
Avanza la aprobación de un proyecto de ley que permitiría a las pequeñas y medianas empresas agruparse en consorcios comerciales.
La Comisión de Hacendarios de la Asamblea dictaminó el proyecto de ley que permitiría a las pequeñas y medianas empresas conformar consorcios de exportación, de cooperación empresarial y de origen.
La extensión del plazo de aplicación del decreto que elimina el mecanismo de fijación de precios del arroz, significa una transferencia de $75 millones de los bolsillos de los consumidores hacia el sector arrocero.
Desde hace años otros países critican la fijación de precios del arroz en Costa Rica pues se considera como un subsidio y se violan límites definidos.
Un nuevo reglamento en Costa Rica impone más requisitos, más costos y genera más burocracia para las PyMEs que elaboran alimentos para el mercado local.
Del comunicado de prensa de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria de Costa Rica:
"La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) solicita al Gobierno suspender reglamento de Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) que se encuentra en proceso.
La Junta Directiva del Banco Central señala que los intentos de control de precios y de restricción de la competencia impulsan a la economíainformal.
El artículo en Nacion.com reseña que "El Gobierno presentó, a finales de agosto, a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de Defensa al Consumidor ante la Usura en Tarjetas de Crédito."
El Gobierno se mantiene firme en su posición de eliminar la fijación estatal del precio del arroz y pretende organizar al sector en cooperativas.
De acuerdo con Mayi Antillón, jerarca de Economía, Industria y Comercio, a partir de marzo de 2014 el precio del arroz será liberado con el fin de beneficiar a los pequeños productores y reducir el valor a los consumidores.
Mediante un impuesto a la banca extranjera pretenden generar fondos por hasta $20 millones para fortalecer el Sistema de Banca para el Desarrollo.
De acuerdo con la jerarca del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Mayi Antillón, ya iniciaron las discusiones con el Ministerio de Hacienda, para establecer los parámetros del instrumento. De acuerdo con la funcionaria, lo que se pretende es fortalecer el capital del Fideicomiso Nacional de Desarrollo (Finade), mismo que aporta una partida importante al Sistema.
En Costa Rica recomiendan la formulación de una Ley de Fomento a la Competitividad de las PyMEs que incluya la promoción de la figura de los Consorcios Exportadores.
La definición de las condiciones y requisitos establecidos para los clientes, será responsabilidad de cada entidad, según lo establezca en sus políticas y análisis de riesgos.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), aprobó a partir de este martes, cambios a la norma 15-10 establecida por la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), dentro del Reglamento para la calificación de deudores con operaciones otorgadas con recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley 8634, el cual determina: “Es responsabilidad de la Junta Directiva u órgano equivalente de cada entidad financiera, aprobar las políticas, los procesos y controles que se utilizarán para identificar, medir y gestionar los riesgos asociados a las operaciones de crédito, otorgadas con recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley 8634”.
La Corporación Arrocera Nacional y el Gobierno acordaron avanzar hacia un esquema alternativo a la fijación de precios.
“También decidieron establecer un proceso de transición para ordenar el mercado y aumentar la productividad del sector, el cual deberá estar listo esta semana”, reseña el artículo de Elfinancierocr.com.
Un restaurante de la capital de Costa Rica obtuvo en 10 días su patente comercial, utilizando el portal Crear Empresa, puesto en funcionamiento recientemente.
Del comunicado del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC):
La idea de que el Banco Central de Costa Rica fuera el administrador de fondos de la Banca de Desarrollo fue rechazada por su Presidente Rodrigo Bolaños.
Según lo reseña el artículo en Nacion.com, la peregrina idea tendría origen en el despacho del segundo vice presidente de Costa Rica, Luis Liberman, de donde habría pasado por el de la ministra de Economía Mayi Antillón, quien la habría presentado en la Comisión de banca de Desarrollo de la Asamblea Legislativa.
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1977