Con el aumento de la participación cambiaria de 0.65% a 0.70% la autoridad monetaria dispone de más flexibilidad para intervenir en el mercado.
La modificación implica que el margen dentro del cual el Banco Central de Guatemala podrá intervenir comprando o vendiendo dólares en el mercado cambiario será más amplio, permitiendo mayor volatilidad al tipo de cambio.
La regulación de la industria del juego podría aportar al fisco $132 millones en dos años.
La iniciativa de Ley que se discute en el Congreso "crearía un impuesto mensual del 3% sobre la actividad de centros de apuestas, casinos, videoloterías, bingos o juegos de azar, que podrían deducirse de la base imponible del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por el contribuyente", reseña Lorena Álvarez en su artículo de Elperiodico.com.gt.
Preparan proyecto de ley para legalizar las salas de juego, para recaudar impuestos y "controlar el lavado de dinero".
Los juegos de azar están prohibidos en Guatemala, con la excepción de cuatro loterías que están autorizadas. Pero "aunque sean prohibidos, se ejercen en el país y representan Q1 mil millones [$12,5 millones] anuales en lavado de dinero”, dice la diputada Rosa María de Frade, integrante de la Comisión de Economía, según se reseña en el artículo de Suseth Casasola en Sigloxxi.com.
La falta de aprobación de la Ley de la Actividad Aseguradora podría acarrearle al país una sanción de $7 millones por incumplimiento del DR-CAFTA.
La propuesta de ley que renovaría el sector de seguros y permitiría a empresas de seguros de otros países ofrecer sus servicios, tiene ya varios meses de estar detenida en el Congreso.
Jessica Gramajo escribe en Sigloxxi.com, "Desde que se presentó la citada iniciativa de ley, ha habido sectores opuestos a algunos aspectos. Según la Asociación de Corredores de Seguros y Fianzas (Acordes), la propuesta impide ofrecer los servicios de empresas extranjeras, y si se hace podría pagarse con cárcel, lo cual es negativo para la apertura comercial y la libre competencia."
Los cambios a la ley, que permiten la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) en cualquier departamento, están pendientes de aprobación.
A diferencia de las las Zonas Francas que son manejadas por el sector privado, la ubicación de las ZEE es determinada por el Estado.
El presidente de Zona Libre de Industria y Comercio (ZOLIC), César Ortiz, señaló a Sigloxxi.com: "Debido a la falta del reglamento general los funcionarios de Zolic presentarán mañana la propuesta de uso interno ante su Junta Directiva."
Analizan crear para el 2010 un impuesto específico a la telefonía móvil, ya sea a todas las llamadas o sólo a las interancionales.
La creación del impuesto de unos 0,10 quetzales por minuto (aproximadamente 1 centavo de dólar), es una de las opciones que se manejan para incrementar la recaudación fiscal, dentro del Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica (PNERE)
El Congreso de Guatemala tiene pendiente de aprobación 44 leyes en materia económica y financiera fundamentales para la mejora económica.
Modificaciones a la Ley de Contrataciones y al proceso de licitación, nuevo código tributario municipal, normas para regular la actividad aseguradora y la iniciativa de ley de Megaproyectos son algunas de las pendientes de aprobación.
La Ley de Zonas Francas vigente ya tiene veinte años de vigencia, y es urgente su modernización.
Guatemala corre en desventaja con otros países de la región, que ofrecen sistemas de zonas exentas de impuestos más atractivos para la inversión extranjera. Se han realizado intentos de actualización de esa ley, pero hasta ahora sin resultados positivos.
Un error en el texto final de ratificación del Tratado de Libre Comercio con Colombia obliga a regresar el texto al Congreso para su enmienda.
El diputado Mariano Rao, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso, expresó a Prensalibre.com: "Yo, como presidente de la comisión, acepto un error y se obvio explícitamente aprobar un canje de notas en el anexo tres que se refiere al sector agrícola."
Dentro de la región centroamericana es el único país que no cuenta con legislación sobre competencia.
Leonel Díaz en su artículo de PRENSALIBRE.com publica: "El propósito de una normativa de ese tipo es prevenir los monopolios y que las empresas se pongan de acuerdo para establecer precios".
“Nunca ingresó una iniciativa de ley de competencia”, afirmó Mariano Rayo, presidente de la Comisión de Economía del Legislativo."
La iniciativa de ley de Alianzas para el Desarrollo permitiría delegar en empresas privadas la ejecución y administración de megaproyectos.
El objetivo de las APD, según el documento, es permitir al sector privado construir y administrar servicios que tradicionalmente son suministrados por el sector público, como la construcción de autopistas, aeropuertos, puertos marítimos y otras infraestructuras.
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