En Panamá aprobaron en tercer debate el proyecto de Ley que crea el régimen de Asociación Pública-Privada, que en su última versión fijó limitaciones a empresas señaladas en actos de corrupción.
Según el texto aprobado y que espera la aprobación del Ejecutivo, las empresas que estén morosas en el pago de las multas por incumplimiento de contratos, también tendrán limitaciones para participar en estos modelo de concesión pública.
El uso de un certificado de operación, la identificación del auto con el logo de Uber y que el conductor tenga una licencia tipo E1, son algunas de las propuestas que recopila un proyecto de ley presentado ante la Asamblea.
El 9 de septiembre se presentó ante la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para modificar el "Decreto Ejecutivo No. 331 del 31 de octubre de 2017", por medio del cual se pretende imponer requisitos a los conductores que presten el servicio de transporte, mediante la plataforma de Uber. Ver iniciativa completa.
La eliminación de lo relativo a la inhabilitación para contratar las personas naturales y jurídicas que hayan sido condenadas por corrupción, es uno de los cambios más importantes realizados al proyecto de ley que crea el Régimen de Asociación Público - Privada.
Proponen modificar la ley para que se limite a una sola vez, el otorgamiento de la dispensa de la sanción penal cuando se pague el monto de la obligación tributaria defraudada antes de la sentencia de primera instancia o durante la fase de investigación.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará próximamente un proyecto para modificar el artículo No. 288-J de la Ley No. 70 de enero de 2019, propuesta que es respaldada por el sector empresarial.
Luego de que sectores obreros y sindicales rechazaran el proyecto de ley que crea el Régimen de Asociación Público - Privada en Panamá, la Asamblea decidió suspender su discusión en segundo debate.
En atención a la solicitud de extender el periodo de consultas por parte de un sector del país, el pleno de la Asamblea Nacional suspendió la discusión del segundo debate del proyecto de Ley 12, que crea el Régimen de la Asociación Público Privada (APP) como una herramienta para el desarrollo a la inversión del sector privado, social y la creación de empleos, informó el gobierno el 27 de agosto de 2019.
La falta de una ley de competencia en Guatemala podría exponer al país a recibir sanciones por parte de las autoridades europeas, pues es un requisito exigido en la normativa del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
El Acuerdo de Asociación (AdA) exigía desde finales de 2016 que Guatemala debía tener una ley en la materia, ya que en 2019 se tendría que crear una autoridad centroamericana de competencia. Sin embargo, esta no puede operar, debido a la inexistencia de un marco jurídico.
Hacer excepciones del registro sanitario de los productos farmacéuticos en situaciones de desabastecimiento crítico, es el cambio más importante que se proponen las autoridades.
Luego de recibir el visto bueno por parte del Consejo de Gabinete, se tiene previsto que la próxima semana, la ministra de Salud, Rosario Turner Montenegro, presente ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley, que busca modificar la Ley 1 de Medicamentos.
Con la propuesta del marco regulatorio para las Alianzas Público Privadas en Panamá, empresarios de la construcción esperan que se logre asegurar que los proyectos concluyan con los parámetros exigidos y que los procesos sean transparentes.
Se presentó un proyecto para modificar la ley que regula las contrataciones públicas, el cual contempla entre sus cambios beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, con las compras menores a nivel nacional.
Según el ministro de Finanzas la actual norma no cuenta con mecanismos que permitan análisis de precios, investigaciones de mercado, denuncias ciudadanas, participación de la sociedad civil y el sector privado, además de la rendición de cuentas, transparencia, la obligatoriedad de contrataciones abiertas la divulgación de la información.
Los cambios en las legislaciones encaminados a restringir el uso de envases y recipientes descartables de plástico, obligan a las empresas a buscar otras opciones, algunas de las cuales podrían ser hasta cinco veces más costosas.
Luego que el 20 de julio entrara en vigencia en el país la ley que prohíbe el uso de bolsas de polietileno en los supermercados, abarroterías, farmacias, entre otros comercios al por menor, los empresarios opinan que la restricción se debe aplicar de forma gradual.
A 18 meses de fuera publicada en la Gaceta Oficial la nueva ley, entró en vigencia para los establecimientos de comercio al por menor, pero, en el caso de los comercios al por mayor, la utilización de las bolsas libres de polietileno, se implementará a partir del 20 de enero de 2020, considerando que la norma establece un plazo de 24 meses desde la promulgación de la ley. Verpublicación completaen Gaceta Oficial.
En Costa Rica la Asamblea Legislativa ratificó la prohibición de la importación, comercialización y distribución de recipientes de poliestireno expandido, más conocido como estereofón.
Con la aprobación en Segundo Debate del expediente 19.833 “Adición de un artículo 42 bis, un inciso d) al artículo 50 y los transitorios XIII, XIV Y XV a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.° 8839, los diputados acordaron prohibir la importación al territorio nacional, la comercialización y la entrega de envases y recipientes de poliestireno expandido en cualquier establecimiento comercial, informó la Asamblea mediante un comunicado.
El proyecto de ley que se discute en Costa Rica en esencia busca extinguir los activos del crimen organizado, pero hay quienes aseguran que tal como está planteado, pone en riesgo la presunción de inocencia de los individuos.
La extinción de dominio es un concepto que en la práctica refiere a incautar o decomisar bienes ligados a actividades delictivas, para luego trasladarlos a favor del Estado.
Aunque a pedido del sector empresarial, el presidente Varela vetó la ley que establece un impuesto de 8% a las bebidas azucaradas locales e importadas, la Asamblea Nacional de Panamá insistirá en aprobarla.
La Asamblea Nacional aprobó en tercera lectura los nuevos impuestos, sin embargo, el sector empresarial pidió a finales de febrero de 2019 al presidente panameño que vetara el proyecto de Ley, que establece un impuesto de 8% para bebidas azucaradas de producción nacional e importadas y de 10% para los jarabes, siropes y concentrados.
En Panamá se establecieron las reglas tanto para fabricantes como para importadores, para garantizar que no haya polietileno en las bolsas que se utilicen en el país.
A inicios de 2018 se sancionó la Ley que prohíbe el uso de bolsas de polietileno en los supermercados, autoservicios, almacenes o comercios en general para transporte de productos o mercaderías, restricción que entrará en vigencia a partir del 19 de julio de este año.
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