Luego que en El Salvador la Asamblea aprobara una iniciativa de ley que obliga a las instituciones públicas a comprar leche fluida y sus derivados a productores locales, los fabricantes domésticos esperan aumentar sus ventas.
A finales de enero la Asamblea informó que con el fin de contribuir a la dinamización y al desarrollo del sector ganadero, los diputados aprobaron la Ley para la Adquisición y Consumo de Leche Fluida y sus derivados por parte de las instituciones que manejan fondos públicos, mediante la cual se regula que dichas entidades compren estos productos a los ganaderos salvadoreños.
Aunque el presidente de El Salvador pretende mantener la cuarentena absoluta, la Asamblea Legislativa de ese país aprobó una ley que establece las medidas que se aplicarán para reanudar gradualmente la actividad laborales y económica, en los sectores público y privado.
La aprobación de este marco legal, que establece cuatro fases para la reactivación de la economía, se da en el contexto de fuertes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, quienes han tenido distintos criterios acerca de la cuarentena domiciliar, a la cual fue sometida la población debido al brote de covid19.
En la Asamblea Legislativa de El Salvador se discutirá una iniciativa que como objetivo aplazar postergar hasta el 30 de junio de 2020, la declaración del Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal 2019.
La medida busca apoyar a todos los contribuyentes, personas naturales o jurídicas, que se han visto afectadas económicamente por el estado de emergencia a causa del Covid19, informó la Asamblea.
Mientras dure la emergencia sanitaria en El Salvador, las compras en línea que realicen personas naturales a empresas de Estados Unidos y cuyo monto no supere los $200, no pagarán impuestos.
Ante el brote de covid19 en el país se emitió la Ley de Facilitación de Compras en Línea, la cual permite promover y facilitar la importación de bienes o mercancías sin carácter comercial, es decir de uso personal, por salvadoreños a través de compras en línea, detalla un comunicado de la Asamblea.
Luego que fuera decretada una cuarentena domiciliar en El Salvador, el gobierno pretende prohibir el despido de los empleados que no asistan a laborar.
En el marco de la crisis que se generó por la propagación del covid19, se discute una propuesta que establece que el personal de las empresas que no tengan permitido la continuación de sus actividades deberá ser enviado a casa con goce de sueldo y prestaciones, además, que no podrán ser objeto de despido, descuentos de salario o suspensión de contrato, tampoco obligados a tomar sus vacaciones por adelantado.
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto de ley que tiene como objetivo gravar en el país la venta y autoconsumo de cemento importado o producido a nivel local.
La iniciativa que a mediados de febrero fue aprobada en primer debate en la Asamblea y que aún está pendiente del aval del Poder Ejecutivo, establece que elimpuestoserá sobre elcementoimportado y producido a nivel nacional, en bolsa o a granel, para venta o autoconsumo, de cualquier tipo, cuyo destino sea el consumo y comercialización del producto a nivel nacional.
La empresa "MICARRO SV" es acusada de no entregar los vehículos a un grupo de consumidores que ya los habían pagado.
Los consumidores "pagaron cuantiosas sumas de dinero" a la compañía de Inversiones Latinoamericanas, S.A. de C.V., (COINVERLAT, S.A. de C.V.) y Cristian Javier Pineda Reyes, que operaban la empresa “MICARRO SV”, informó la Defensoría del Consumidor.
En El Salvador demandan que la actualización que pretenden hacer los diputados de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se realice sin descuidar los principios de competencia y transparencia.
Después de que el Ejecutivo entregara en 2019 al Legislativo las enmiendas al proyecto de reforma de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), una subcomisión de la Asamblea examina las propuestas.
La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje, con el objetivo de lograr un manejo correcto de los residuos en el país, a través de la separación de desechos orgánicos e inorgánicos.
Del comunicado de la Asamblea Legislativa de El Salvador:
La Asamblea de El Salvador aprobó el marco legal que brinda seguridad jurídica a las relaciones de índole comercial, para la celebración contratos, transacciones de bienes y servicios entre proveedores y consumidores realizadas por medios electrónicos.
Las autoridades informaron que la normativa entrará en vigencia un año después de haber sido publicada.
El gobierno salvadoreño anunció que en Enero de 2020 entregará una propuesta para regular el funcionamientos de las salas cuna dedicadas al cuidado de los hijos de los empleados, que serán obligatorias para empresas con más de 100 trabajadores.
El reglamento será parte de la aplicación de la Ley Especial para la Regulación de Salas Cunas, que entrará en vigencia a partir del 19 de junio de 2020.
Las autoridades del Ministerio de Salud cerraron el tercer restaurante de la cadena Mister Donut, argumentando que no contaban con las medidas de higiene necesarias mientras realizaban trabajos de remodelación en sus instalaciones.
Con este nuevo cierre, los locales que se encuentran clausurados por el momento son el de la 29a. Calle Poniente, el del parque San José, en el centro de San Salvador, y el ubicado en el Paseo General Escalón.
Autoridades del Ministerio de Trabajo cerraron dos restaurantes de la cadena Mister Donut, argumentando que existen violaciones a los derechos laborales y por incumplimiento de normas de seguridad y salud ocupacional.
Los restaurantes que fueron clausurados por existir un riesgo latenten en perjuicio de las personas, según las autoridades, se ubican en la 29a. Calle Poniente y en el parque San José, en el centro de San Salvador.
Nayib Bukele devolvió a la Asamblea Legislativa la reforma a la ley de Zonas Francas que otorgaba beneficios tributarios por un período adicional de 10 años, a las empresas que en el país aumentaran su inversión en 100% respecto a la realizada inicialmente.
El 29 de agosto de 2019 la Asamblea informaba que el Pleno Legislativo avalaba la reforma a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, estableciendo que los usuarios de estas zonas contarían con un plazo de 10 años adicionales (antes eran cinco) para continuar gozando de exención total de impuestos, lo cual sería aplicable una vez vencido el período establecido para el goce regular de este beneficio.
La falta de una ley de competencia en Guatemala podría exponer al país a recibir sanciones por parte de las autoridades europeas, pues es un requisito exigido en la normativa del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
El Acuerdo de Asociación (AdA) exigía desde finales de 2016 que Guatemala debía tener una ley en la materia, ya que en 2019 se tendría que crear una autoridad centroamericana de competencia. Sin embargo, esta no puede operar, debido a la inexistencia de un marco jurídico.
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