Fue presentado ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto denominado "Ley General de Recursos Hídricos", marco jurídico que facultaría a la Autoridad Salvadoreña de Agua para autorizar el uso del agua a subsectores, entidades estatales y a privados.
Con el objetivo de beneficiar a la población salvadoreña, el Ministro de Medio Ambiente, Fernando López, entregó al Presidente de la nueva Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, el anteproyecto de la Ley General de Recursos Hídricos, informó la Asamblea el pasado 19 de junio.
Con la aprobación del marco jurídico que en El Salvador reconoce al Bitcoin como una moneda de curso legal, a uno de cada dos empresarios locales les preocupa que la circulación de la criptomoneda sea obligatoria y a uno de cada tres les genera desconfianza este cambio en las leyes.
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador realizó una encuesta entre su base de socios, empresarios en general y ciudadanos consumidores para conocer las expectativas del sector productivo ante la implementación de la criptomoneda.
Luego que en El Salvador los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran la Ley Bitcoin, que crea un marco jurídico que reconoce a esta divisa digital como una moneda de curso legal en el país, el FMI advierte que se han generado riesgos a nivel financiero y legal.
Luego que en El Salvador los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran la Ley Bitcoin, ahora se cuenta con un nuevo marco jurídico que reconoce a esta divisa digital como una moneda de curso legal en el país.
El Presidente de la República, Nayib Bukele, envió a la Asamblea Legislativa, a través de la Ministra de Economía, María Luisa Hayem, el proyecto de ley para permitir la utilización del Bitcoin en el país.
En El Salvador la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación del Fideicomiso para la Soberanía Alimentaria y Rescate del Sector Agropecuario y la Ley de Creación del Fideicomiso para el Rescate de la Caficultura.
Con 77 votos a favor, los diputados de la nueva legislatura aprobaron la Ley de Creación del Fideicomiso y el Rescate de la Caficultura (FIRECAFE), que contempla $640 millones, informó el organismo legislativo.
Empresarios centroamericanos manifestaron su preocupación por la falta de información y de transparencia, con la que se desarrollo el caso de la expropiación de la planta de gas licuado del Grupo Tomza en Nicaragua.
A mediados de abril la Empresa Tomza Guatemala S.A.
Empresa Tomza Guatemala S.A. informó que en Nicaragua el Gobierno del presidente Daniel Ortega expropió y confiscó de forma ilegal bienes de la compañía, que en conjunto suman una inversión de $4 millones.
El proceso de expropiación llevó algunos años. Directivos de Tomza explicaron que en 2015 les fueron concedidos los permisos para la construcción de un inmueble que se ubica en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua.
Luego que en El Salvador la Asamblea aprobara una iniciativa de ley que obliga a las instituciones públicas a comprar leche fluida y sus derivados a productores locales, los fabricantes domésticos esperan aumentar sus ventas.
A finales de enero la Asamblea informó que con el fin de contribuir a la dinamización y al desarrollo del sector ganadero, los diputados aprobaron la Ley para la Adquisición y Consumo de Leche Fluida y sus derivados por parte de las instituciones que manejan fondos públicos, mediante la cual se regula que dichas entidades compren estos productos a los ganaderos salvadoreños.
Aunque el presidente de El Salvador pretende mantener la cuarentena absoluta, la Asamblea Legislativa de ese país aprobó una ley que establece las medidas que se aplicarán para reanudar gradualmente la actividad laborales y económica, en los sectores público y privado.
La aprobación de este marco legal, que establece cuatro fases para la reactivación de la economía, se da en el contexto de fuertes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, quienes han tenido distintos criterios acerca de la cuarentena domiciliar, a la cual fue sometida la población debido al brote de covid19.
En la Asamblea Legislativa de El Salvador se discutirá una iniciativa que como objetivo aplazar postergar hasta el 30 de junio de 2020, la declaración del Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal 2019.
La medida busca apoyar a todos los contribuyentes, personas naturales o jurídicas, que se han visto afectadas económicamente por el estado de emergencia a causa del Covid19, informó la Asamblea.
Mientras dure la emergencia sanitaria en El Salvador, las compras en línea que realicen personas naturales a empresas de Estados Unidos y cuyo monto no supere los $200, no pagarán impuestos.
Ante el brote de covid19 en el país se emitió la Ley de Facilitación de Compras en Línea, la cual permite promover y facilitar la importación de bienes o mercancías sin carácter comercial, es decir de uso personal, por salvadoreños a través de compras en línea, detalla un comunicado de la Asamblea.
Luego que fuera decretada una cuarentena domiciliar en El Salvador, el gobierno pretende prohibir el despido de los empleados que no asistan a laborar.
En el marco de la crisis que se generó por la propagación del covid19, se discute una propuesta que establece que el personal de las empresas que no tengan permitido la continuación de sus actividades deberá ser enviado a casa con goce de sueldo y prestaciones, además, que no podrán ser objeto de despido, descuentos de salario o suspensión de contrato, tampoco obligados a tomar sus vacaciones por adelantado.
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto de ley que tiene como objetivo gravar en el país la venta y autoconsumo de cemento importado o producido a nivel local.
La iniciativa que a mediados de febrero fue aprobada en primer debate en la Asamblea y que aún está pendiente del aval del Poder Ejecutivo, establece que elimpuestoserá sobre elcementoimportado y producido a nivel nacional, en bolsa o a granel, para venta o autoconsumo, de cualquier tipo, cuyo destino sea el consumo y comercialización del producto a nivel nacional.
La empresa "MICARRO SV" es acusada de no entregar los vehículos a un grupo de consumidores que ya los habían pagado.
Los consumidores "pagaron cuantiosas sumas de dinero" a la compañía de Inversiones Latinoamericanas, S.A. de C.V., (COINVERLAT, S.A. de C.V.) y Cristian Javier Pineda Reyes, que operaban la empresa “MICARRO SV”, informó la Defensoría del Consumidor.
En El Salvador demandan que la actualización que pretenden hacer los diputados de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se realice sin descuidar los principios de competencia y transparencia.
Después de que el Ejecutivo entregara en 2019 al Legislativo las enmiendas al proyecto de reforma de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), una subcomisión de la Asamblea examina las propuestas.
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