Desde el 29 de marzo de 2021 cobró vigencia en Panamá la Ley 81 Sobre Protección de Datos, marco jurídico que en el país obliga a pedir a los consumidores una autorización para que su información sea utilizada.
Las disposiciones legales en Costa Rica han obligado a las empresas proveedoras de datos de personas físicas y jurídicas a planear nuevas estrategias.
El artículo de Elfinancierocr.com reseña que “las acciones se dan en respuesta a que el pasado 5 de marzo se cumplió el límite establecido para reorganizar sus operaciones y así cumplir con lo dispuesto en la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales (Ley 8968)”.
Este reglamento establece que la recopilación de información personal de un individuo para incluirla en una base de datos, deberá contar con un consentimiento expreso, el cual debe constar en un documento físico o electrónico, además podrá revocarse en el momento que se desee.
La nueva legislación aprobada por la Asamblea nicaragüense busca la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales.
Con esta ley se pretende la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, ya sea que estén almacenados en ficheros de datos públicos o privados, automatizados o no, garantizándole sus derechos constitucionales establecidos en el Artículo 26 de la Constitución Política de Nicaragua.
La nueva norma introduce instrumentos para que el ciudadano pueda protegerse de errores en la información pública sobre su persona.
El Congreso de Costa Rica aprobó la "Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales", estableciendo normas para el control de las empresas que administran bases de datos con información personal y especialmente historial crediticio, de los ciudadanos.
Las consultas de Constitucionalidad, presentadas a la Sala IV por parte de doce diputados de oposición impide el avance de la discusión del proyecto de ley, que ya fue aprobado en primer debate.
El proyecto busca garantizar a cualquier persona física o jurídica, sin distingo de nacionalidad o domicilio, el respeto a sus derechos en el uso de información relacionada con su vida o actividad privada.
La Asamblea recibió dos proyectos de ley que norman y regulan la protección de datos de los ciudadanos.
Las propuestas recibidas buscan poner un freno a la venta sin control de los datos personales de la población.
"El diputado de ARENA Roberto d’Aubuisson, impulsor de la propuesta de ese partido, manifiesta que la aprobación de una ley de ese tipo solo estaría dando cumplimiento a lo que establece el artículo 2, inciso segundo de la Constitución de la República, relacionado con los derechos individuales de las personas", publica Laprensagrafica.com.
La Sala Constitucional costarricense indica que toda persona tiene el derecho a la autodeterminación informativa, lo que le permite al ciudadano decidir cuándo, quién, dónde y bajo qué circunstancias se tiene acceso a sus datos
Lic. José Joaquín Acuña Solís
jacuna@bdsasesores.com
Durante el desarrollo de la relación laboral el empleador en virtud de diversos motivos entra en contacto con gran cantidad de datos personales de sus colaboradores, datos que van desde números de teléfono, domicilio, pasatiempos, cuentas bancarias, salario hasta información médica de sus trabajadores.
El Índice Legatum de Prosperidad, que mide riqueza y bienestar, adjudica el primer puesto en Latinoamérica a Costa Rica, y el 32 a nivel mundial.
Panamá se ubica en el lugar 42, El Salvador en el 60, Honduras 66, Guatemala 67, y Nicaragua 72, en un total de 104 países analizados.
El Índice de Prosperidad identifica nueve factores clave como base del desarrollo económico y el bienestar personal, que a su vez son sindicados como los factores clave para la prosperidad.
El plan pretende garantizar a cualquier persona física o jurídica, sin distingo de nacionalidad o domicilio, el respeto a sus derechos en el uso de información relacionada con su vida o actividad privada.
También quedan protegidas las operaciones bancarias, los registros tributarios, aduaneros o relativos a actividades económicas.
La iniciativa, que se analiza bajo el expediente 16.679, pasará ahora al plenario de la Asamblea Legislativa para que los diputados decidan si la convierten en ley de la República o no.
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