Empresarios costarricenses respaldan los esfuerzos por evitar cambios al proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa, que originalmente busca frenar los abusos en las contrataciones que realizan de forma directa las entidades públicas.
Con la propuesta del marco regulatorio para las Alianzas Público Privadas en Panamá, empresarios de la construcción esperan que se logre asegurar que los proyectos concluyan con los parámetros exigidos y que los procesos sean transparentes.
Se presentó un proyecto para modificar la ley que regula las contrataciones públicas, el cual contempla entre sus cambios beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, con las compras menores a nivel nacional.
Según el ministro de Finanzas la actual norma no cuenta con mecanismos que permitan análisis de precios, investigaciones de mercado, denuncias ciudadanas, participación de la sociedad civil y el sector privado, además de la rendición de cuentas, transparencia, la obligatoriedad de contrataciones abiertas la divulgación de la información.
Para el sector empresarial de Costa Rica, la gran cantidad de contrataciones directas que se realizan entre instituciones del Estado tiene implícito un sinnúmero de vicios y abusos en el uso de los fondos públicos.
La gremial de empresarios opina que en las contrataciones directas no hay garantía de que realmente se esté dando el mejor uso a los fondos públicos, y existen indicios de falta de transparencia en los contratos.
El proyecto de ley que se analiza en el Congreso de Guatemala pretende regular las compras directas, cotizaciones, licitaciones, la subasta inversa y, específicamente, la contratación en momentos de excepción o de urgencia nacional.
Se presentó un anteproyecto de ley ante la Asamblea Nacional de Panamá, que intenta agregar la prohibición de participar en contratos con el Estado a las empresas con condenas en otros países por delitos contra la administración pública.
La iniciativa de ley que fue presentada el 23 de enero, solicita la modificación de textos del marco jurídico que regula las contrataciones públicas panameñas, para evitar la adjudicación de contratos a empresas que estén señaladas de actos de corrupción en Panamá y también en el extranjero.
Desde el 28 de Octubre rigen las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, incluyendo, la figura del contrato abierto y la subasta electrónica inversa.
El decreto publicado en Diario de Centroamérica indica que "... Las reformas incluyen en total 25 artículos. En el primero de estos se establece que en los procesos de adquisiciones que se realicen con recursos de préstamos externos provenientes de operaciones de crédito público o donaciones a favor del Estado, sus dependencias, instituciones o municipalidades, se aplicarán las políticas y los procedimientos establecidos por los entes financieros o donantes, considerándose estas disposiciones como norma especial."
Con la reforma de la ley se pretende incrementar las compras directas en las instituciones de Estado cuando los montos sean superiores a $3 mil e inferiores a $11 mil.
Con el objetivo de viabilizar la ejecución presupuestaria del Estado, diputados del Congreso de la República aprobaron el Decreto 46-2016, por medio del cual se reformó la Ley de Contrataciones del Estado.
En Guatemala proponen reformas a la Ley de Consejos de Desarrollo para eliminar la injerencia de Diputados y Gobernadores en las licitaciones y en la gestión de los proyectos.
Considerando que la intervención de los gobernadores como coordinadores de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), y en las presiones que ejercen los legisladores en los nombramientos de sus integrantes, el proyecto de Presupuesto General de la Nación contendrá una reforma a la Ley de Consejos de Desarrollo, para evitar esa injerencia que eventualmente genera actos de corrupción.
Diversas organizaciones critican el texto de la nueva ley de contrataciones públicas señalando que no impone la transparencia necesaria en esos procesos.
La principal crítica se refiere a que del texto finalmente aprobado por la Asamblea Nacional se eliminó un artículo que disponía la inhabilitación de empresas condenadas por corrupción.
Sin la cláusula que prohibía la contratación de empresas con condenas por corrupción u otros delitos, la nueva ley elimina las contrataciones abreviadas y disminuye las posibles adendas a los contratos.
La nueva normativa para las compras públicas en Panamá regirá seis meses después de su promulgación por la Presidencia panameña.
El Banco Interamericano de Desarrollo advirtió que condicionará un préstamo de $419 millones para este 2016 a la reestructuración de la Superintendencia de Administración Tributaria y a la adopción de medidas anticorrupción.
Con la aprobación de las últimas reformas a la Ley de Compras Públicas se limitan las adquisiciones por medio de contratos abiertos y se prohíbe la participación de funcionarios públicos como proveedores.
Los funcionarios y sus familiares no podrán venderle bienes o servicios al Estado mientras estén ejerciendo sus cargos, y tampoco podrán actuar como proveedores quienes hayan financiado con montos anuales superiores a $3800 campañas electorales u organizaciones políticas en el proceso electoral inmediato previo a la administración que esté vigente.
Empresarios de Panamá remarcan que los procedimientos de selección de proveedores mediante las contrataciones públicas no solo deben ser independientes y transparentes, sino que también debe percibirse que lo son.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
La eliminación de las licitaciones abreviadas forma parte de la búsqueda de mayor transparencia, e implicará mayor tramitología.
La principal gran modificación en la ley es la eliminación de los cambios que se hicieron a la misma durante la administración Martinelli y volver, prácticamente, a la ley con sus características originales. Una de las premisas que la dirección de Contrataciones Públicas asegura estar siguiendo es a favor de la transparencia, de manera que los procesos de contrataciones sean lo más claros y transparentes posible, principalmente en lo que a costos se refiere.
Con más de 10 años de operar en Costa Rica, CFIA 5 años, contratos con el Estado y con transnacionales, PYMES, CCSS, INS al día y facturando. Fue constituida en el año 2008 y desde hace 5 años se...
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