Después de que Guatemala pagara lo que le adeudaba a Teco Energy, fue eliminado el embargo de $15,75 millones, recursos que el país había asignado para el pago de intereses de algunos tenedores de eurobonos.
Argumentando que del 2008 al 2013 la Comisión Nacional de Energía de Guatemala fijó un monto máximo que las compañías de distribución de electricidad podían cobrar al usuario, Teco Energy, empresa que fue accionista de la Empresa Eléctrica de Guatemala, demandó a nivel internacional al país.
Después de recibir un fallo en contra por el arbitraje internacional disputado con Teco Energy, la Suprema Corte del Estado de Nueva York ordenó el embargo de $15,75 millones a Guatemala.
Teco Energy es una empresa que fue accionista de la Empresa Eléctrica de Guatemala y años atrás reclamó un arbitraje internacional, argumentando que del 2008 al 2013 la Comisión Nacional de Energía fijó un monto máximo que las compañías de distribución de energía podían cobrar al usuario. Esta medida le ocasionó pérdidas a la distribuidora.
Luego de que IC Power Asia Development demandara al Estado de Guatemala por violar sus derechos en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, la Corte Permanente de Arbitraje falló a favor del gobierno guatemalteco.
El 20 de febrero de 2018, la entidad israelí IC Power Asia Development LTD. (ex propietaria de Energuate) demandó al Estado de Guatemala como resultado de una fiscalización llevada a cabo por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para verificar la liquidación del Impuesto sobre la Renta (ISR), informó el Ministerio de Economía (Mineco).
Luego que la Municipalidad de la cabecera de la provincia de San Marcos, en Guatemala, decretara varias restricciones comerciales para contener el avance del covid19, la Corte de Constitucionalidad decidió suspenderlas.
La máxima Corte en materia constitucional del país conoció el caso luego que la Cámara de Comercio presentara un acción de amparo, en contra de las disposiciones de la corporación municipal de la cabecera de San Marcos, que fueron publicadas el 11 de agosto y están contenidas en el Acta 73-2020.
El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala decidió derogar la licencia que a inicios de 2020 había otorgado al proyecto hidroeléctrico Rocja Pontilá, ubicado en Cobán, Alta Verapaz.
Argumentando que no se cumplieron los requisitos que establece la ley para emitir una licencia, en Guatemala las autoridades decidieron suspender el permiso ambiental del proyecto hidroeléctrico Central Rocja Pontila.
En Guatemala un grupo de diputados presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo ministerial que aprueba el proyecto hidroeléctrico Central Rocja Pontila.
La autorización para la hidroeléctrica, propiedad de Proyecto de Desarrollo Integral Pontila y que se proyecta construir en el río Icbolay, en Alta Verapaz, fue emitida el 13 de enero de 2020.
Para los productores agrícolas, el uso de biotecnología de precisión en Guatemala necesita de un comité especializado para que las decisiones de las autoridades se basen en evidencia técnica y científica, y no influyan intereses políticos o ideológicos.
Guatemala ya cuenta con reglamentación en el tema, pues el 1 de octubre de 2019 entró en vigencia el marco regulador que fue firmado por el Ministerio de Economía con sus homólogos de El Salvador y Honduras.
La aerolínea interpuso una demanda argumentando que la entidad le adeuda pagos por servicios de publicidad prestados en 2018.
El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y la compañía Wamos Air, suscribieron un convenio de cooperación para promocionar al país como destino turístico durante 2017, el cual se prorrogó a 2018.
Juan Antonio Tarjuelo, representante de la oficina de prensa de Wamos Air, aseguró a Prensalibre.com que "...
La Compañía Guatemalteca de Níquel anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para pedir medidas cautelares en respuesta a la decisión de las autoridades locales de suspender las operaciones de la mina Fénix, en Izabal.
Reportan la suspensión temporal de la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, en el departamento de Izabal.
Luego de que un grupo de vecinos reclamara ante la Corte Suprema de Justicia que para el proyecto minero en cuestión, no se agotó el proceso de consulta comunitaria, en febrero de este año se otorgó un amparo a favor de los demandantes, pero no se suspendió las operaciones de la empresa.
Fue conformado el panel arbitral que conocerá la demanda en contra del Estado de Guatemala, que fue presentada por la suspensión de las operaciones de la mina El Tambor, ubicada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
Luego que la demanda de arbitraje fuera planteada por los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el 11 de diciembre de 2018, el organismo anunció que fue conformado el panel.
Pese a que en Guatemala el derecho de operación de la mina El Escobal fue otorgado en ley, el proyecto cumple dos años de estar paralizado, situación que hace inviable futuras inversiones en el país.
Los inconvenientes para las operaciones de Minera San Rafael datan de 2017, cuando en mayo de ese año el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
El proyecto de ley que se discute en Costa Rica en esencia busca extinguir los activos del crimen organizado, pero hay quienes aseguran que tal como está planteado, pone en riesgo la presunción de inocencia de los individuos.
La extinción de dominio es un concepto que en la práctica refiere a incautar o decomisar bienes ligados a actividades delictivas, para luego trasladarlos a favor del Estado.
Fallos judiciales adversos a las empresas, conflictos sociales y políticos, y problemas fiscales, son algunos de los factores entorpecen el desarrollo de proyectos productivos en los países de Centroamérica.
Uno de los últimos casos de fallos judiciales que afectan a empresas con inversiones en la región fue el de Minera Petaquilla, en Panamá. La semana pasada fue declarado inconstitucional el contrato que ésta compañía había firmado con el Estado panameño.
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