En Costa Rica la Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto de ley que prohíbe la entrega y venta de pajillas plásticas y la compra de plástico de un solo uso en las instituciones del Estado.
La iniciativa ahora solo espera el visto bueno del Poder Ejecutivo.
La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto que prohíbe la comercialización de pajillas plásticas en todo el territorio nacional, así como la compra de plástico de un solo uso en todas las instituciones del Estado.
Se prohíbe además la comercialización y entrega gratuita de bolsas de plástico al consumidor final en supermercados y establecimientos comerciales cuya finalidad sea la de acarrear los bienes hasta su destino final, explica un comunicado oficial.
La cadena de supermercados acusa al Ministerio de Economía de Costa Rica de no realizar los controles adecuados para evitar la práctica de vender arroz con otro producto añadido como regalo, conocido como bandeo.
La práctica que denunció la cadena de supermercados ante el Tribunal Contencioso Administrativo el pasado 20 de junio en la que se acusa al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de no controlarla, es conocida como "bandeo" y está prohibida mediante un decreto que rige desde el 4 de abril de 2017.
El proyecto de ley que se discute en Costa Rica en esencia busca extinguir los activos del crimen organizado, pero hay quienes aseguran que tal como está planteado, pone en riesgo la presunción de inocencia de los individuos.
La extinción de dominio es un concepto que en la práctica refiere a incautar o decomisar bienes ligados a actividades delictivas, para luego trasladarlos a favor del Estado.
Debido a que en Costa Rica la Sala Constitucional admitió una acción en la que se impugnan los artículos que reglamentan las fusiones y adquisiciones, han sido suspendidos temporalmente los procesos de aprobación de expedientes.
Autoridades informaron que desde el pasado 19 de marzo la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) se abstiene de aprobar o reprobar, procesos de empresas que pretenden adquirir otras o fusionarse en el país.
Siete años después de que Cofasa presentara una denuncia por prácticas monopólicas en contra de Fischel, en Costa Rica la Comisión para la Promoción de la Competencia resolvió imponerle a la cadena de farmacias una multa de casi $19 millones.
Representantes de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), informaron que la multa impuesta a Fischel es de carácter provisional, pues la resolución se encuentra en la fase de recursos de apelación, por lo cual no está en firme y no se pueden dar a conocer las cifras ni otros aspectos del fallo.
Fallos judiciales adversos a las empresas, conflictos sociales y políticos, y problemas fiscales, son algunos de los factores entorpecen el desarrollo de proyectos productivos en los países de Centroamérica.
Uno de los últimos casos de fallos judiciales que afectan a empresas con inversiones en la región fue el de Minera Petaquilla, en Panamá. La semana pasada fue declarado inconstitucional el contrato que ésta compañía había firmado con el Estado panameño.
Un tribunal internacional falló a favor del gobierno de Costa Rica en un proceso legal en donde inversionistas estadounidenses denunciaron actuaciones arbitrarias en el desarrollo de un proyecto inmobiliario en playa Esterillos.
Del comunicado del Ministerio de Comercio Exterior:
A partir del 1 de marzo los bufetes de abogados, notarios y asesores legales, así como otros profesionales y servicios jurídicos deben tener listo el nuevo sistema de facturación electrónica.
"... Representantes del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, los proveedores y la asociación empresarial GS-1 señalan que las dificultades iniciales del sistema se superaron. Aún así aconsejan que tanto los contribuyentes del sector legal, como a quienes deben empezar a usar la factura electrónica en abril y mayo, se preparen para evitar inconvenientes por la saturación que se da a la hora de realizar el registro en el sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV)."
Desde octubre de 2017 las construcciones cuya cobertura supere el 20% del terreno, deberán presentar un estudio hidrogeológico.
La entrada en vigencia de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, ha generado dudas respecto a cuáles son realmente los proyectos que deben cumplir con la presentación del estudio hidrogeológico. Por un lado, la guía indica que las construcciones que tengan una cobertura del terreno igual o inferior al 20% del área no necesitarán el estudio, y por otro lado, representantes del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas de Riego y Avenamiento (Senara), plantean una interpretación distinta.
En Costa Rica la estatal eléctrica deberá pagar $112 millones al contratista del proyecto hidroeléctrico Chucás, por "gastos adicionales que le autorizó y luego se negó a reconocerle".
En el laudo emitido por el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA), al que recurrió la empresa Enel Green Power Costa Rica para resolver el conflicto que se originó en 2015 por el encarecimiento de casi $148 millones del proyecto hidroeléctrico Chucás, que aún no se ha terminado, se establece que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) actuó con "mala fe contractual".
A partir del 24 de noviembre de este año regirá una nueva guía con requisitos y condiciones para movilizar ganado porcino en el país.
La directriz SENASA-DG-D001-2017, publicada el 24 de agosto pasado, oficializó la nueva “Guía Oficial de Movilización de Ganado Porcino”, que será la nueva reglamentación para transportar el ganado porcino a partir del próximo 24 de noviembre.
Tras la cesión por Abdul Waked de la mayoría accionaria de Gese a la Fundación Publicando Historia, se levantaron las restricciones de acceso del Grupo Editorial al sistema financiero de Estados Unidos.
Las sociedades que fueron disueltas por el Registro Nacional de Costa Rica por estar morosas en el pago del impuesto a personas jurídicas pueden liquidar sus bienes, pese a no estar activas.
El Registro Nacional aclaró que los activos de las 265 mil sociedades que fueron disueltas no son cancelados, lo que queda sobre ellos son prendas o hipotecas, por lo que los dueños pueden disponer de ellos por medio de un proceso de liquidación.
En Costa Rica rechazaron una demanda interpuesta contra el ICE por Unión Fenosa Generadora La Joya, que reclamaba $7,9 millones por supuestos sobrecostos por la suspensión de un proyecto hidroeléctrico en Turrialba.
Reseña Nacion.com que "... El caso se remonta al 2002 en el marco de un contrato BOT —construir, operar y transferir— suscrito entre el ICE y el generador privado español para producir 50 Megavatios (MW) de energía con fuente hídrica en el cantón de Turrialba."
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