A 12 años de haberse instalado en Guatemala y luego de múltiples pugnas por la no renovación de su mandato, a partir de hoy la Comisión Internacional contra la Impunidad deja de funcionar.
En Agosto de 2007 el Congreso de la República aprobaba la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual llegó al país con la misión de investigar a las estructuras criminales que operan a lo interno de las instituciones gubernamentales, trabajo que hizo en asociación con el Ministerio Público.
Autoridades de Guatemala, único país de la región que está negociando el TLC con Corea de forma unilateral, anunciaron que agilizarán las gestiones para suscribir el acuerdo antes de fin de año.
El anuncio lo hizo el presidente Jimmy Morales en compañía del ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, ante los integrantes de la junta directiva de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), que es uno de los sectores que está demandando la adhesión del país al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Corea del Sur.
Argumentando que "ha violado derechos humanos en Guatemala a través de una justicia selectiva y parcial", el presidente Morales decidió poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, de la Organización de Naciones Unidas.
A más de diez años del inicio de funciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la administración Morales anunciaba en 2018 que no renovaría ante Naciones Unidas el acuerdo que da vida a la institución foránea dedicada a la investigación criminal.
En El Salvador comenzó a funcionar el puesto fronterizo integrado El Poy, en Chalatenango, el primero que cuenta con la infraestructura necesaria para operar en el marco de la integración aduanera del Triángulo Norte.
Luego de la adecuación del puesto fronterizo la infraestructura y sistemas informáticos de El Poy prácticamente están listos para operar, sin embargo, aún debe definirse qué productos contarán con libre circulación entre los tres países y qué mercancías seguirán protegidas.
Argumentando que es hora de "fortalecer las instituciones del Estado", el presidente Morales anunció que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, cuyo periodo vence dentro de un año.
La polémica decisión del gobierno guatemalteco, que fue anunciada durante el fin de semana, se fundamenta, según Morales, en que después de diez años de trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), llegó el momento de transferir sus capacidades al Estado.
Comercios guatemaltecos declaran non gratos a los diputados votantes de la ley que eximía de responsabilidad a los secretarios generales de los partidos políticos del financiamiento electoral ilícito y que aumentaba la posibilidad de conmutar por dinero las penas de prisión.
La ley, llamada popularmente "Pacto de Corruptos", fue fuertemente resistida por la sociedad guatemalteca.
La forma en que el Congreso de Guatemala aprobó las reformas al Código Penal, "sugiere que su objetivo pudiera ser asegurar la impunidad en el país y con ello retroceder en la lucha por un verdadero y efectivo Estado de Derecho."
Aunque el presidente Morales aseguró estar listo para analizar las reformas aprobadas y vetarlas si resultan ser "nocivas para el pueblo de Guatemala", el solo hecho de que el Congreso las haya aprobado con tanta celeridad y simpleza, refleja la delicada crisis política que vive el país.
Con la decisión del Congreso de no retirarle la inmunidad al presidente Morales, se le impide al Ministerio Público y a la Cicig continuar la investigación por financiamiento electoral irregular.
Tal como se esperaba, el congreso guatemalteco decidió votar en contra de la solicitud de antejuicio planteada por el Ministerio Público para retirarle la inmunidad a Jimmy Morales.
La Corte Suprema de Justicia aceptó dar curso a la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público y Cicig en contra del presidente, y ahora los diputados deberán comenzar la investigación.
la crisis política que afecta al país se acentuó en las últimas horas con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de enviar al Congreso el expediente de solicitud de antejuicio.
La Corte Constitucional suspendió de forma definitiva la orden del presidente Jimmy Morales de expulsar del país al líder de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
"... Actuar sin el acompañamiento de sus ministros, como ordena la Constitución, incongruencia en las fechas y no utilizar el proceso para resolver controversias establecido en el acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) son las principales razones por las que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó ayer la suspensión definitiva de la expulsión del país de Iván Velásquez, jefe de la Cicig."
Ya son cuatro las solicitudes de antejuicio presentadas en contra del presidente Morales, luego de que éste solicitara expulsar de Guatemala al líder de la Comisión Internacional contra la Impunidad.
EDITORIAL
En menos de una semana se presentaron una serie de acontecimientos que al día de hoy tienen en vilo al país. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron una solicitud de antejuicio contra el presidente Morales por supuesto financiamiento electoral ilícito; Morales declaró al Comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, persona non grata, y solicitó su expulsión del país. En respuesta a esto, se han presentado otras tres solicitudes de antejuicio en las últimas horas.
En medio de la polémica por los casos de corrupción revelados por el Ministerio Público, la administración Morales anunció que liquidará contratos y asumirá varios de los proyectos de construcción y mantenimiento vial.
El decreto Estado de Calamidad Pública en las carreteras que emitió el gobierno tendrá un plazo de 30 días, periodo durante el cual la administración Morales prevé tomar el control y ejecución de varias de las obras que se encuentran en ejecución. Sin indicar cuánto invertirá en el proceso, el Poder Ejecutivo explicó que comprará maquinaria y equipo para realizar los trabajos de reparación y construcción de vías. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda estará a cargo, con el apoyo del Ministerio de Defensa Nacional.
La administración Morales anunció que formalizarán el cruce entre Ingenieros, Quiché, y Nueva Orizaba, Chiapas, para facilitar el comercio transfronterizo en esa zona.
Como parte de este proyecto el canciller Carlos Raúl Morales explicó que también se proyecta construir una carretera de 19 kilómetros hacia Playa Grande.
Con un préstamo internacional de $300 millones la administración Morales proyecta construir dos centros penitenciarios y doce complejos judiciales, y comprar 1.500 vehículos autopatrulla.
A través del Ministerio de Finanzas Públicas el gobierno gestiona ante el Congreso la aprobación de un préstamo por $300 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla pagó al Estado guatemalteco casi $11 millones equivalentes al 7% de sus utilidades en el año 2016.
Del Diario de Centroamérica:
"... El presidente Jimmy Morales, en representación del Estado, recibió ayer Q84.3 millones de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac), lo cual equivale al 7 por ciento de los dividendos que dejaron los ingresos de esa institución en 2016, informó la Agencia Guatemalteca de Noticias.