En Nicaragua en este contexto de detenciones que se han realizado en contra de líderes políticos y empresariales, ha aumentado la incertidumbre luego que las autoridades locales capturaran a Luis Alberto Rivas Anduray, Presidente Ejecutivo de Banpro.
En las últimas semanas se ha detenido a Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiaga Blandón y Juan Sebastian Chamorro, estas personas eran precandidatos presidenciales y se les acusa de múltiples delitos.
Empresarios centroamericanos manifestaron su preocupación por la falta de información y de transparencia, con la que se desarrollo el caso de la expropiación de la planta de gas licuado del Grupo Tomza en Nicaragua.
A mediados de abril la Empresa Tomza Guatemala S.A.
Empresa Tomza Guatemala S.A. informó que en Nicaragua el Gobierno del presidente Daniel Ortega expropió y confiscó de forma ilegal bienes de la compañía, que en conjunto suman una inversión de $4 millones.
El proceso de expropiación llevó algunos años. Directivos de Tomza explicaron que en 2015 les fueron concedidos los permisos para la construcción de un inmueble que se ubica en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua.
Ya transcurrieron más de dos años desde que grupos criminales invadieron tierras productivas en Nicaragua, y aunque se ha prometido restablecer los derechos de los dueños, hasta la fecha 29 propiedades se mantienen tomadas.
Respecto a la discusión de una iniciativa que tiene como objetivo modificar la Ley de Marcas en Nicaragua, el sector empresarial opina que se están planteando cambios relevantes en materia de seguridad jurídica, por cuanto a lo que se refiere a la protección del nombre comercial.
En relación al tema, la Asamblea Nacional informó que el 27 de febrero se concluyó "...
A las denuncias realizadas en los últimos meses por empresarios de Guatemala y Nicaragua, se le añade la de una gremial hondureña, que denuncia la invasión de 3.400 manzanas de tierras productivas.
Fortalecer las instituciones gubernamentales en las áreas de cumplimiento de contratos, protección de derechos de propiedad y del inversionista, son parte de las recomendaciones hizo el FMI en su más reciente visita al país.
Según el organismo internacional las políticas para recuperar la confianza del sector privado, incluyendo una evaluación franca del impacto de las recientes medidas, son esenciales para promover la recuperación económica y compensar el incremento de la pobreza. En el corto plazo, el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales en las áreas de cumplimiento de contratos y eficiencia del marco legal para resolución de disputas, la protección de los derechos de propiedad, la protección al inversionista, registro de propiedad, y para resolver insolvencias podría mejorar significativamente la competitividad del país.
Debido a que el área de tierra usurpada en Guatemala ha crecido desde alrededor de 10 mil hectáreas en la década de los noventa, hasta 164 mil en 2018, las pérdidas en la producción agrícola ocasionadas por este fenómeno ascendieron a cerca de $650 millones el año pasado.
La Cámara del Agro (Camagro) estima que sólo en 2018, las invasiones a la propiedad privada, principalmente a fincas de producción agrícola, generaron un impacto negativo equivalente al 0,6% del Producto Interno Bruto.
Reducir las barreras comerciales y los trámites, incrementar la seguridad jurídica y mejorar la infraestructura productiva, son parte de los cambios que demanda el sector empresarial para el desarrollo económico de la región.
En Guatemala se lleva a cabo el XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, en el cual el sector privado presenta propuestas para enfrentar los desafíos actuales y generar oportunidades para los países de la región.
La falta de certeza jurídica, los robos de energía eléctrica y los conflictos sociales están obligando a los empresarios del sector energético de Guatemala a optar por trasladar sus inversiones a El Salvador.
Incentivados por las facilidades que ofrecen al sector energético en El Salvador, el año pasado las empresas Applied Energy Services (AES) y Corporación Multi Inversiones (CMI), de capital estadounidense y guatemalteco, decidieron invertir $47 millones en proyectos de energía solar.
Fallos judiciales adversos a las empresas, conflictos sociales y políticos, y problemas fiscales, son algunos de los factores entorpecen el desarrollo de proyectos productivos en los países de Centroamérica.
Uno de los últimos casos de fallos judiciales que afectan a empresas con inversiones en la región fue el de Minera Petaquilla, en Panamá. La semana pasada fue declarado inconstitucional el contrato que ésta compañía había firmado con el Estado panameño.
Una nueva ley aprobada por la Asamblea compila toda la normativa referente a la inversión extranjera y local en propiedades inmuebles, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a los inversionistas.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo pretende reforzar la seguridad jurídica y la transparencia de los procesos a través de mejores mecanismos de licitación.
Señala los esfuerzos que hace la administración de Ortega para atraer más inversión extranjera, pero advierte de deficiencias en el estado de derecho y un amplio control ejecutivo.
El reporte "Investment Climate Statements for 2016", elaborado por el Departamento de Estado de EE.UU. detalla los esfuerzos que ha hecho Nicaragua para atraer inversión extranjera brindando incentivos fiscales a diferentes sectores productivos como la minería y el turismo, señala también algunos elementos que estarían afectando el clima de inversiones en el país, como instituciones gubernamentales débiles, deficiencias del estado de derecho y un omnímodo control ejercido por el Poder Ejecutivo.
El inaudito aumento de la violencia en Costa Rica, otrora un oasis de paz en la región, es otra señal del fracaso de la lucha antidrogas tradicional.
EDITORIAL
Más poderoso que los Estados centroamericanos, el narcotráfico avanza no solo aumentando la oferta de estupefacientes en los países de la región, sino permeando las instituciones con el poder de su dinero y generando una creciente cultura de violencia que hace irrisorio proclamar que en Centroamérica no existe la pena de muerte. Sí existe, y lo peor es que no es la Justicia institucionalizada la que la decreta, sino los capos mafiosos, que señalan -a verdugos cada vez más jóvenes- quienes deben ser ejecutados.
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