Alejandro Giammattei, nuevo presidente de Guatemala, recibe un país con una institucionalidad débil, incertidumbre jurídica y con un sector empresarial que pide un ambiente menos "hostil" para las nuevas inversiones.
A las denuncias realizadas en los últimos meses por empresarios de Guatemala y Nicaragua, se le añade la de una gremial hondureña, que denuncia la invasión de 3.400 manzanas de tierras productivas.
Fortalecer las instituciones gubernamentales en las áreas de cumplimiento de contratos, protección de derechos de propiedad y del inversionista, son parte de las recomendaciones hizo el FMI en su más reciente visita al país.
Según el organismo internacional las políticas para recuperar la confianza del sector privado, incluyendo una evaluación franca del impacto de las recientes medidas, son esenciales para promover la recuperación económica y compensar el incremento de la pobreza. En el corto plazo, el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales en las áreas de cumplimiento de contratos y eficiencia del marco legal para resolución de disputas, la protección de los derechos de propiedad, la protección al inversionista, registro de propiedad, y para resolver insolvencias podría mejorar significativamente la competitividad del país.
Para el sector empresarial guatemalteco, la decisión del Congreso de votar en contra del proyecto de ley que otorgaba la concesión para rehabilitar y operar la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, "manda un mensaje negativo a los potenciales inversionistas".
Surgen las primeras posturas luego de conocerse que el Congreso de la República sepultó el proyecto vial para rehabilitar y administrar la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje, el cual sería otorgado en concesión al Consorcio Autopistas de Guatemala, bajo el formato de Alianza Público Privada.
En Guatemala, un grupo de personas de San Pedro Carchá solicitó ante la Corte de Constitucionalidad que se suspendan las operaciones de Renace, argumentando que no se realizó una consulta comunitaria previa al desarrollo del proyecto.
El 23 de octubre se realizó en la capital del país la vista pública en la que la Corte de Constitucionalidad conoció las posturas de las partes interesadas.
Para los directivos de la empresa, el proyecto de ley que pretende regular la operación en Panamá, genera "más incertidumbre y afecta la inversión de empresas multinacionales".
Debido a que el área de tierra usurpada en Guatemala ha crecido desde alrededor de 10 mil hectáreas en la década de los noventa, hasta 164 mil en 2018, las pérdidas en la producción agrícola ocasionadas por este fenómeno ascendieron a cerca de $650 millones el año pasado.
La Cámara del Agro (Camagro) estima que sólo en 2018, las invasiones a la propiedad privada, principalmente a fincas de producción agrícola, generaron un impacto negativo equivalente al 0,6% del Producto Interno Bruto.
Luego de que tres militares fueran asesinados en Izabal, el sector empresarial guatemalteco pide al gobierno que recupere el control de los territorios en donde dominan grupos criminales.
En varias ocasiones las cámaras empresariales han denunciado que en el área que va desde el Valle del Polochic hasta Izabal, operan grupos del crimen organizado, afectando así la actividad productiva en el área.
A una semana de haber suspendido sus operaciones debido a las extorsiones de grupos criminales de la zona, la empresa Nova Guatemala decidió reanudar sus actividades el 19 de agosto.
Días atrás se informó que debido a las condiciones de inseguridad del municipio de Champerico, en Retalhuleu, la empresa había decidido suspender su operación.
La empresa camaronera Nova Guatemala que opera desde hace más de 20 años en Champerico, Retalhuleu, se mantiene cerrada desde el 12 de agosto, debido a las extorsiones que sufre por parte de grupos criminales.
Reportan la suspensión temporal de la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, en el departamento de Izabal.
Luego de que un grupo de vecinos reclamara ante la Corte Suprema de Justicia que para el proyecto minero en cuestión, no se agotó el proceso de consulta comunitaria, en febrero de este año se otorgó un amparo a favor de los demandantes, pero no se suspendió las operaciones de la empresa.
Pese a que en Guatemala el derecho de operación de la mina El Escobal fue otorgado en ley, el proyecto cumple dos años de estar paralizado, situación que hace inviable futuras inversiones en el país.
Los inconvenientes para las operaciones de Minera San Rafael datan de 2017, cuando en mayo de ese año el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
La decisión de la Asamblea Legislativa de no avalar el proyecto de ley que pretende aprobar el contrato entre el gobierno y Minera Panamá, evidencia la fragilidad de los contratos entre el Estado panameño y las empresas.
Las trabas al proyecto minero datan de varios años atrás, pues la disputa legal comenzó en 2009, cuando el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra del contrato que otorga una concesión por veinte años para explotar y comercializar los yacimientos de oro, cobre y otros recursos minerales del Cerro Petaquilla.
Reducir las barreras comerciales y los trámites, incrementar la seguridad jurídica y mejorar la infraestructura productiva, son parte de los cambios que demanda el sector empresarial para el desarrollo económico de la región.
En Guatemala se lleva a cabo el XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, en el cual el sector privado presenta propuestas para enfrentar los desafíos actuales y generar oportunidades para los países de la región.
Mas de 40 restaurantes, en 15 países desde 1986, famoso por sus extraordinarias pizzas, pastas, postres y ahora, carnes al carbón de la mejor calidad, cinco años de operación en Panamá. Completamente equipada y amoblada, horno a gas y leña,...
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