La decisión de la Asamblea Legislativa de no avalar el proyecto de ley que pretende aprobar el contrato entre el gobierno y Minera Panamá, evidencia la fragilidad de los contratos entre el Estado panameño y las empresas.
Las trabas al proyecto minero datan de varios años atrás, pues la disputa legal comenzó en 2009, cuando el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra del contrato que otorga una concesión por veinte años para explotar y comercializar los yacimientos de oro, cobre y otros recursos minerales del Cerro Petaquilla.
Reducir las barreras comerciales y los trámites, incrementar la seguridad jurídica y mejorar la infraestructura productiva, son parte de los cambios que demanda el sector empresarial para el desarrollo económico de la región.
En Guatemala se lleva a cabo el XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, en el cual el sector privado presenta propuestas para enfrentar los desafíos actuales y generar oportunidades para los países de la región.
El pronunciamiento del tribunal que declaró legal la huelga de la refinadora y distribuidora estatal de combustibles en Costa Rica "deja todo que desear y nos sumerge en una inseguridad jurídica muy peligrosa para la inversión nacional y la atracción de inversión extranjera".
Del comunicado de la Cámara de Industrias de Costa Rica:
Los combustibles son esenciales y defender a Costa Rica también
La falta de certeza jurídica, los robos de energía eléctrica y los conflictos sociales están obligando a los empresarios del sector energético de Guatemala a optar por trasladar sus inversiones a El Salvador.
Incentivados por las facilidades que ofrecen al sector energético en El Salvador, el año pasado las empresas Applied Energy Services (AES) y Corporación Multi Inversiones (CMI), de capital estadounidense y guatemalteco, decidieron invertir $47 millones en proyectos de energía solar.
Debido a que un grupo de manifestantes tiene tomadas las instalaciones de la hidroeléctrica Chixoy, se corre el riesgo de que en Guatemala las tarifas del servicio eléctrico aumenten hasta en un 10%.
Desde el 25 de septiembre un grupo de personas que reclama el pago de un complemento de resarcimiento mantiene tomada la bocatoma de la planta hidroeléctrica Chixoy, una de las más importantes del país, y amenazan con incendiarla.
Fallos judiciales adversos a las empresas, conflictos sociales y políticos, y problemas fiscales, son algunos de los factores entorpecen el desarrollo de proyectos productivos en los países de Centroamérica.
Uno de los últimos casos de fallos judiciales que afectan a empresas con inversiones en la región fue el de Minera Petaquilla, en Panamá. La semana pasada fue declarado inconstitucional el contrato que ésta compañía había firmado con el Estado panameño.
Debido a conflictos sociales y diversos procesos jurídicos, en Guatemala se encuentran suspendidos 16 proyectos hidroeléctricos, que en conjunto suman una inversión cercana a $1.500 millones.
La Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager) informó que los proyectos de generación de energía se encuentran suspendidos debido a conflictos con las comunidades de las zonas, a procesos de consulta a pueblos indígenas, y a órdenes giradas por la Corte de Constitucionalidad, muchas de las cuales han sido en respuesta a reclamos planteados por organizaciones ambientales. Estos proyectos que aún no logran ver la luz, equivalen a una capacidad instalada de 460 MW.
Finalmente la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se manifestó sobre la operación de Minera San Rafael, que ha estado paralizada por más de un año, ordenando realizar una consulta comunitaria como requisito para reanudar operaciones.
El proyecto está paralizado desde mediados de 2017, cuando la organización ambientalista Calas presentó una acción de amparo en contra de la mina, argumentando que el Ministerio de Energía y Minas no había realizó las consultas comunitarias debidas antes de autorizar las licencias de operación.
En Guatemala la empresa Minera San Rafael, cuyas operaciones siguen paralizadas a la espera de un fallo definitivo de la Corte de Constitucionalidad, anunció el despido de otros 200 empleados.
A un año de la suspensión de las operaciones del proyecto minero El Escobal, en Guatemala, la empresa aún sigue a la espera del fallo judicial definitivo de la Corte de Constitucionalidad.
En mayo de 2018 el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
En El Salvador cada semana al menos dos negocios reportan su intención de cerrar debido al impacto de las extorsiones, un problema que, lejos de resolverse, parece empeorar cada año.
Representantes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), manifestaron que los empresarios del país no perciben ninguna mejora significativa en el clima de seguridad, luego de que en abril pasado se extendiera, por seis meses más, las medidas extraordinarias de la administración Sánchez Cerén para intentar controlar la delincuencia y la inseguridad.
Por tercer año consecutivo en 2017 la inversión extranjera que recibió Guatemala se redujo respecto a 2016, explicado por la falta de certeza jurídica, particularmente en la industria minera.
Aunque no se esperaban grandes resultados al cierre de 2017, la caída de 3% respecto a la inversión extranjera recibida en 2016 preocupa al sector empresarial, pues viene a reforzar la tendencia a la baja que se aprecia desde 2015, cuando la IED que recibió el país fue 12% inferior a la reportada el año previo.
Los industriales exigen a la Corte de Constitucionalidad que se pronuncie respecto al recurso de amparo que fue otorgado a favor de un grupo ambientalista y que mantiene paralizadas las operaciones de la mina.
El proyecto está paralizado desde que una organización ambientalista presentara una acción de amparo en contra de la mina, con el argumento que que el Ministerio de Energía y Minas no realizó las consultas comunitarias debidas antes de autorizar las licencias.
La Corte Suprema de Justicia panameña revocó la resolución que aprobaba el estudio de impacto ambiental para construir un oleoducto que suministraría combustible al aeropuerto de Tocumen.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia llega apenas pocos días después de que ésta misma institución acogiera un amparo en contra de un proyecto de construcción de una terminal portuaria en isla Margarita, Colón, con una inversión estimada de $600 millones. También fue anulado por la Corte, a mediados de enero, el EIA para instalar un parque eólico de 150 MW, que estaba previsto construirse en la reserva forestal Fortuna.
Ejecutivos financieros señalan que para recuperar la confianza en la economía, el país urge de mejoras en certeza jurídica y disminución de la inestabilidad política.
Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), dijo a Prensalibre.com que "... este año se debe mejorar lo relacionado con la certeza jurídica para los inversionistas y con la estabilidad política. Los mismos empresarios han mostrado en los índices que miden el clima de confianza su preocupación de que se debe contar con 'reglas claras'."
Esta gran finca tiene seis estados que varían en tamaño desde 5,280 a 75,360 m2 (1.3 a 18.8 acres). Las fincas están ubicadas entre el pueblo de Barroeta, a solo diez minutos de la ciudad de Atenas y la nueva autopista de San José-Playa. La ubicación es casi ideal, con San José, el...
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