En Guatemala durante la segunda reunión de pre consulta, fue aceptado el equipo y la metodología propuesta para realizar el Estudio del Impacto Cultural y Espiritual del derecho minero “Escobal” en el Pueblo Xinka.
Derivado de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en septiembre de 2018, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
En Nicaragua en este contexto de detenciones que se han realizado en contra de líderes políticos y empresariales, ha aumentado la incertidumbre luego que las autoridades locales capturaran a Luis Alberto Rivas Anduray, Presidente Ejecutivo de Banpro.
En las últimas semanas se ha detenido a Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiaga Blandón y Juan Sebastian Chamorro, estas personas eran precandidatos presidenciales y se les acusa de múltiples delitos.
En el contexto del proceso de la reanudación de las operaciones de la Mina San Rafael, se realizó la primera reunión de pre consulta y se acordó realizar un estudio del impacto espiritual y cultural del derecho minero sobre el pueblo indígena Xinka.
A raíz de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en septiembre de 2018, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
Empresarios centroamericanos manifestaron su preocupación por la falta de información y de transparencia, con la que se desarrollo el caso de la expropiación de la planta de gas licuado del Grupo Tomza en Nicaragua.
A mediados de abril la Empresa Tomza Guatemala S.A.
Empresa Tomza Guatemala S.A. informó que en Nicaragua el Gobierno del presidente Daniel Ortega expropió y confiscó de forma ilegal bienes de la compañía, que en conjunto suman una inversión de $4 millones.
El proceso de expropiación llevó algunos años. Directivos de Tomza explicaron que en 2015 les fueron concedidos los permisos para la construcción de un inmueble que se ubica en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua.
A pocas semanas de que en Guatemala asuman los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el sector empresarial pide que los nuevos integrantes de la máxima corte aboguen por un estado de derecho real y se le brinde seguridad jurídica a las inversiones.
En los últimos años la Corte de Constitucional (CC) de Guatemala ha ganado protagonismo en el ámbito económico del país, pues sus fallos han afectado a distintas inversiones que ya operaban a nivel local.
Ya transcurrieron más de dos años desde que grupos criminales invadieron tierras productivas en Nicaragua, y aunque se ha prometido restablecer los derechos de los dueños, hasta la fecha 29 propiedades se mantienen tomadas.
Luego que la Municipalidad de la cabecera de la provincia de San Marcos, en Guatemala, decretara varias restricciones comerciales para contener el avance del covid19, la Corte de Constitucionalidad decidió suspenderlas.
La máxima Corte en materia constitucional del país conoció el caso luego que la Cámara de Comercio presentara un acción de amparo, en contra de las disposiciones de la corporación municipal de la cabecera de San Marcos, que fueron publicadas el 11 de agosto y están contenidas en el Acta 73-2020.
Después de que la Corte de Constitucionalidad decidiera mantener suspendido el proyecto "Extracción Minera Fénix”, el sector privado pide a las autoridades que se inicie lo más pronto posible el proceso de consulta comunitaria, de forma objetiva y transparente.
Las operaciones de la mina ubicada en el departamento de Izabal fueron suspendidas desde julio de 2019 a raíz de un recurso legal que presentó un grupo de vecinos, quienes argumentaban que no se agotó el proceso de consulta comunitaria para la operación del proyecto minero.
La Corte de Constitucionalidad decidió mantener suspendido el proyecto "Extracción Minera Fénix”, ubicado en el departamento de Izabal, y ordenó realizar dentro del plazo de 18 meses el proceso de consulta comunitaria.
Estados Unidos decidió excluir a la nación centroamericana del listado de los países que se encuentran bajo vigilancia en materia de propiedad intelectual.
Debido a que en esta área se evalúan el registro y protección de patentes, invenciones, procesos, denominaciones de origen y otros temas similares, la salida de este listado representa un avance en materia de atracción de inversiones extranjeras.
El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala decidió derogar la licencia que a inicios de 2020 había otorgado al proyecto hidroeléctrico Rocja Pontilá, ubicado en Cobán, Alta Verapaz.
Respecto a la discusión de una iniciativa que tiene como objetivo modificar la Ley de Marcas en Nicaragua, el sector empresarial opina que se están planteando cambios relevantes en materia de seguridad jurídica, por cuanto a lo que se refiere a la protección del nombre comercial.
En relación al tema, la Asamblea Nacional informó que el 27 de febrero se concluyó "...
Debido a que el marco legal vigente es ineficaz, empresarios guatemaltecos del sector alimentario piden al gobierno que se elabore una nueva ley que tipifique al contrabando como delito y que también lo considere como asunto de seguridad nacional.
Directivos de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) aseguran que el Decreto vigente 58-90 “Ley Contra la Defraudación y el Contrabando”, es obsoleto y no permite el combate directo y frontal contra el contrabando.
Argumentando que no se cumplieron los requisitos que establece la ley para emitir una licencia, en Guatemala las autoridades decidieron suspender el permiso ambiental del proyecto hidroeléctrico Central Rocja Pontila.
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