Para los directivos de la empresa, el proyecto de ley que pretende regular la operación en Panamá, genera "más incertidumbre y afecta la inversión de empresas multinacionales".
Debido a que el área de tierra usurpada en Guatemala ha crecido desde alrededor de 10 mil hectáreas en la década de los noventa, hasta 164 mil en 2018, las pérdidas en la producción agrícola ocasionadas por este fenómeno ascendieron a cerca de $650 millones el año pasado.
La Cámara del Agro (Camagro) estima que sólo en 2018, las invasiones a la propiedad privada, principalmente a fincas de producción agrícola, generaron un impacto negativo equivalente al 0,6% del Producto Interno Bruto.
Luego de que tres militares fueran asesinados en Izabal, el sector empresarial guatemalteco pide al gobierno que recupere el control de los territorios en donde dominan grupos criminales.
En varias ocasiones las cámaras empresariales han denunciado que en el área que va desde el Valle del Polochic hasta Izabal, operan grupos del crimen organizado, afectando así la actividad productiva en el área.
A una semana de haber suspendido sus operaciones debido a las extorsiones de grupos criminales de la zona, la empresa Nova Guatemala decidió reanudar sus actividades el 19 de agosto.
Días atrás se informó que debido a las condiciones de inseguridad del municipio de Champerico, en Retalhuleu, la empresa había decidido suspender su operación.
La empresa camaronera Nova Guatemala que opera desde hace más de 20 años en Champerico, Retalhuleu, se mantiene cerrada desde el 12 de agosto, debido a las extorsiones que sufre por parte de grupos criminales.
Reportan la suspensión temporal de la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, en el departamento de Izabal.
Luego de que un grupo de vecinos reclamara ante la Corte Suprema de Justicia que para el proyecto minero en cuestión, no se agotó el proceso de consulta comunitaria, en febrero de este año se otorgó un amparo a favor de los demandantes, pero no se suspendió las operaciones de la empresa.
Pese a que en Guatemala el derecho de operación de la mina El Escobal fue otorgado en ley, el proyecto cumple dos años de estar paralizado, situación que hace inviable futuras inversiones en el país.
Los inconvenientes para las operaciones de Minera San Rafael datan de 2017, cuando en mayo de ese año el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
La decisión de la Asamblea Legislativa de no avalar el proyecto de ley que pretende aprobar el contrato entre el gobierno y Minera Panamá, evidencia la fragilidad de los contratos entre el Estado panameño y las empresas.
Las trabas al proyecto minero datan de varios años atrás, pues la disputa legal comenzó en 2009, cuando el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra del contrato que otorga una concesión por veinte años para explotar y comercializar los yacimientos de oro, cobre y otros recursos minerales del Cerro Petaquilla.
Reducir las barreras comerciales y los trámites, incrementar la seguridad jurídica y mejorar la infraestructura productiva, son parte de los cambios que demanda el sector empresarial para el desarrollo económico de la región.
En Guatemala se lleva a cabo el XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, en el cual el sector privado presenta propuestas para enfrentar los desafíos actuales y generar oportunidades para los países de la región.
El pronunciamiento del tribunal que declaró legal la huelga de la refinadora y distribuidora estatal de combustibles en Costa Rica "deja todo que desear y nos sumerge en una inseguridad jurídica muy peligrosa para la inversión nacional y la atracción de inversión extranjera".
Del comunicado de la Cámara de Industrias de Costa Rica:
Los combustibles son esenciales y defender a Costa Rica también
La falta de certeza jurídica, los robos de energía eléctrica y los conflictos sociales están obligando a los empresarios del sector energético de Guatemala a optar por trasladar sus inversiones a El Salvador.
Incentivados por las facilidades que ofrecen al sector energético en El Salvador, el año pasado las empresas Applied Energy Services (AES) y Corporación Multi Inversiones (CMI), de capital estadounidense y guatemalteco, decidieron invertir $47 millones en proyectos de energía solar.
Debido a que un grupo de manifestantes tiene tomadas las instalaciones de la hidroeléctrica Chixoy, se corre el riesgo de que en Guatemala las tarifas del servicio eléctrico aumenten hasta en un 10%.
Desde el 25 de septiembre un grupo de personas que reclama el pago de un complemento de resarcimiento mantiene tomada la bocatoma de la planta hidroeléctrica Chixoy, una de las más importantes del país, y amenazan con incendiarla.
Fallos judiciales adversos a las empresas, conflictos sociales y políticos, y problemas fiscales, son algunos de los factores entorpecen el desarrollo de proyectos productivos en los países de Centroamérica.
Uno de los últimos casos de fallos judiciales que afectan a empresas con inversiones en la región fue el de Minera Petaquilla, en Panamá. La semana pasada fue declarado inconstitucional el contrato que ésta compañía había firmado con el Estado panameño.
Debido a conflictos sociales y diversos procesos jurídicos, en Guatemala se encuentran suspendidos 16 proyectos hidroeléctricos, que en conjunto suman una inversión cercana a $1.500 millones.
La Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager) informó que los proyectos de generación de energía se encuentran suspendidos debido a conflictos con las comunidades de las zonas, a procesos de consulta a pueblos indígenas, y a órdenes giradas por la Corte de Constitucionalidad, muchas de las cuales han sido en respuesta a reclamos planteados por organizaciones ambientales. Estos proyectos que aún no logran ver la luz, equivalen a una capacidad instalada de 460 MW.
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