Standard & Poor´s redujo desde BB a BB- la calificación de deuda de Guatemala, argumentando que la inestabilidad política y la debilidad de las instituciones gubernamentales están afectando las perspectivas de crecimiento económico.
La serie de acontecimientos que comenzó a principios de año, cuando el presidente Jimmy Morales declaró persona non grata al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala,Iván Velásquez, y siguió con el "Pacto de Corruptos" que hicieron 107 diputados al aprobar una reforma al Código Penal para favorecer a políticos señalados de financiamiento ilícito y ampliar las penas conmutables es la principal razón detrás de la reducción en la calificación de deuda.
El sector privado exige al gobierno que investigue la posible existencia de estructuras criminales que pudieran estar operando de manera organizada detrás de la paralización de algunos puertos y aduanas.
Del comunicado de la Cámara del Agro de Guatemala:
Guatemala, 2 de Noviembre 2016. Ante la situación que por sexto día consecutivo mantiene las operaciones de importación y exportación de productos en Puerto Quetzal, Puerto Santo Tomás de Castilla y la frontera Tecún Umán,
El presupuesto planteado por la administración Morales para 2017 contempla $736 millones para desarrollar 2500 proyectos de infraestructura pública.
Obras de agua y saneamiento, construcción y rehabilitación vial y construcción de cárceles y hospitales son parte de los proyectos incluidos en el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo para 2017.
Sin establecer una fecha para presentar una nueva propuesta, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso la devolución del polémico proyecto de ley.
Luego de recibir críticas por la ausencia de reformas en el control y transparencia del gasto público, el Poder Ejecutivo solicitó retirar de la discusión en el Congreso el proyecto de ley de reforma fiscal, que pretendía, entre otras cosas, elevar el impuesto a la distribución de cemento, la actividad minera y los combustibles.
La Cámara de Industrias y el gobierno organizan para el 9 y 10 de noviembre un foro internacional de inversión con ruedas de negocio entre empresas y conferencias.
Del comunicado de Guatemala Investment Summit:
Es el evento internacional de inversión más relevante de la región centroamericana, cuya exitosa y primera edición tuvo lugar en el año 2013. Es organizado por Cámara de Industria de Guatemala en conjunto con el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Economía.
La adquisición de TCB por APM Terminals implica que cualquier litigio sobre la concesión de Puerto Quetzal involucrará al mayor grupo del mundo en el sector marítimo, la naviera Maersk.
Después de que el Ministerio Público denunciara la existencia de una red ilícita de lavado de dinero que operaba en la Terminal de Contenedores Quetzal, el gobierno de Jimmy Morales se debate entre declarar nulo el contrato de concesión con la actual operadora, TCB, tal como recomendó la Procuraduría General de la Nación en varias ocasiones, o llegar a otro tipo de arreglo con la empresa. El gobierno de Morales debería negociar con el gigante danés Maersk Group, que habría comprado el 100% de las acciones de la española TCB en octubre de 2015, según reseña Elperiodico.com.gt.
La adhesión al acuerdo de la OMC mejoraría la competitividad de las exportaciones a través de una mayor disponibilidad de información, simplificación de trámites, y mayor transparencia.
La adhesión al Acuerdo sobre Facilitación Comercial de la Organizxación Mundial del Comercio (OMC), que solo nueve países han ratificado hasta ahora, mejoraría las condiciones de acceso al mercado internacional, principalmente a través de menos trámites, acceso a información de forma electrónica y más eficiente.
El presidente Otto Pérez Molina indicó que como parte del objetivo de ampliar las relaciones comerciales y aumentar las exportaciones guatemaltecas a los principales mercados internacionales, se impulsa el intercambio con China.
Como parte de los acuerdos firmados entre ambos gobiernos se estableció la eliminación de la doble imposición tributaria.
Del comunicado del Gobierno de Guatemala:
En el marco de la visita oficial del presidente Otto Pérez Molina que se efectúa este viernes, los Gobiernos de Guatemala y México suscribieron los siguientes acuerdos bilaterales:
El Poder Ejecutivo argumenta que empresas extranjeras con intención de invertir en el país desistirían de hacerlo si no se les brindan incentivos fiscales y la posibilidad de pagar salarios diferenciados.
Sigue la presión del gobierno para que el congreso apruebe la Ley de Inversión y Empleo que está suspendida temporalmente debido a varias acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte. Representantes del Estado aseguran que de suspenderse en definitiva la opción del salario diferenciado, varias empresas extranjeras desistan de realizar inversiones en el país.
El presidente Hernández anunció que el país se integrará a un ambicioso proyecto que por ahora no trasciende las buenas pero vagas intenciones del gobierno mexicano.
El acuerdo entre ambos gobiernos establece que a partir del 15 de diciembre de 2015 las aduanas en las fronteras comunes suspenderán sus funciones tributarias y permitirán el libre movimiento de mercancías y personas.
El Poder Ejecutivo contempla la posibilidad de incrementar los tributos a los cigarrillos y bebidas alcohólicas como otra alternativa para el financiamiento del presupuesto de 2015.
Con la suspensión provisional del impuesto a la telefonía el gobierno guatemalteco presenta un desfinanciamiento de $237 millones, aproximadamente, por lo que buscará cubrirlo con nuevos impuestos al licor y cigarrillos, como alternativa principal.
La a Fundación para el Desarrollo de Guatemala argumenta falta de justificaciones técnicas para los nuevos tributos y falta de transparencia en la aprobación del presupuesto 2015.
Del comunicado de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA):
El sector privado exige al gobierno que derogue el nuevo pliego tarifario en los puertos Quetzal y Santo Tomás de Castilla, argumentando que no tiene justificación y que deteriora la competitividad.
Para los empresarios el incremento no solo es injustificado, sino que además impacta directamente sobre la estructura de costos de las empresas, que terminarán trasladando el incremento al precio final que pagan los consumidores.
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