Para el sector privado guatemalteco la incertidumbre que predomina en el país, se debe a que hasta ahora no se conocen los detalles de los programas de Gobierno de los partidos políticos que participarán en las Elecciones Generales.
El pasado 18 de marzo inició oficialmente la campaña política para las Elecciones Generales en el país, pero los inconvenientes legales que enfrentan algunos candidatos a la presidencia siembran dudas a futuro, pues no hay claridad de quienes participarán en el proceso y tampoco se conoce a fondo los planes de Gobierno de los candidatos.
Guatemala y El Salvador son las economías centroamericanas que han registrado los menores niveles de crecimiento económico, cuando este es asociado con el tamaño de su sector público.
Panamá, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, son los países que estarían obteniendo resultados excepcionales en su crecimiento económico a partir del gasto promedio de la región durante el período de 2011 a 2018, lo cual podría estar asociado con la inversión realizada en los períodos pasados, informó el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Insuficiencia de recursos para financiar el gasto público y la acumulación de devoluciones de crédito fiscal pendientes de pago, son algunos de los problemas con los que se encontrará el gobierno que asumirá en Guatemala en 2020.
Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) el nuevo gobierno deberá realizar un esfuerzo importante en mejorar la efectividad de la Superintendencia de Administración Tributaria, ya que el porcentaje de incumplimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ha venido creciendo desde 2012 y se desconoce el del Impuesto Sobre la Renta y de otros impuestos.
El 18 de marzo inició oficialmente la campaña política para las Elecciones Generales en Guatemala, pero los inconvenientes legales que enfrentan algunos candidatos siembran dudas a futuro.
Zury Ríos, Thelma Aldana y Sandra Torres, son las tres candidatas a la presidencia que encabezan las intenciones de voto para las Elecciones Generales 2019, pero tanto Ríos como Aldana han tenido inconvenientes legales en su proceso de inscripción, y Torres, ya como candidata inscrita, fue acusada de financiamiento electoral ilícito. Estos casos han acaparado la atención pública y han impedido conocer las propuestas concretas en materia económica.
El 29 de enero cobró vigencia la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, la cual contempla crear centros de formación y facilitar el acceso a crédito para pequeños empresarios.
Autoridades guatemaltecas informaron que con la entrada en vigencia de la Ley, se incorporará el emprendimiento en la enseñanza primaria y secundaria, además se creará una nueva figura denominada Sociedad de Emprendimiento, entre otras acciones.
En 2018 la percepción de corrupción en las instituciones públicas aumentó en todos los países de la región, con excepción de Panamá, donde se mantuvo igual que en 2017, y en El Salvador, donde disminuyó levemente.
Al igual que años anteriores, el sector público de Nicaragua continúa siendo percibido como más corrupto de la región (nivel de transparencia 25 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (27), Honduras (29), El Salvador (35), Panamá (37), y Costa Rica (56).
Para Moody’s la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad debilita los esfuerzos por mejorar el Estado de Derecho en un país con altos niveles de corrupción.
La decisión del presidente Morales de poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), constituye para Moody's un revés para el país, debido a que la corrupción sigue siendo generalizada y la institucionalidad aún es frágil.
Después que el presidente Morales decidiera poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión del gobierno guatemalteco.
El pasado 7 de enero el gobierno guatemalteco dio por finalizado el convenio entre el país centroamericano y Naciones Unidas, y estableció un plazo de 24 horas para que la Comisión dejara de funcionar.
Argumentando que "ha violado derechos humanos en Guatemala a través de una justicia selectiva y parcial", el presidente Morales decidió poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, de la Organización de Naciones Unidas.
La definición de cuánto y cómo debe ajustarse el salario mínimo, algo que en ocasiones parece hacerse de forma antojadiza y con fines políticos, sigue siendo uno de los factores que más enfrenta a empresarios y gobiernos de Centroamérica.
En Costa Rica se aprobó para 2019 un incremento de 3% en el salario mínimo; en El Salvador, se prevé discutir un aumento, y en Guatemala, la comisión a cargo del tema informó que este año no se harán incrementos.
Aunque se proyecta cierto grado de incertidumbre el próximo año en Guatemala, debido a las elecciones presidenciales y legislativas previstas para Junio, se estima que la economía crecerá 3,2%.
Según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) se prevé que en 2019 se genere cierta incertidumbre derivado de los cambios en los tres poderes del gobierno, sin embargo, se estima que la economía crecerá en 3,2% lo cual se explicaría por el crecimiento de las remesas familiares, y un mayor gasto público derivado del aumento del presupuesto.
Entre 2014 y 2017 el déficit fiscal subió a 1,4% del PIB en promedio, y para este año las autoridades prevén cerrar en 1,6% y en 2019 podría subir hasta 2,5%.
Representantes del Ministerio de Finanzas Públicas informaron que parte del incremento del déficit fiscal previsto para el próximo año, será debido a que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, que ascenderá a $11.390 millones, permitirá asignar más recursos para el mantenimiento de infraestructura.
En Guatemala crearon una nueva figura denominada Sociedad de Emprendimiento, cuyo costo de registro oscilará entre $128 y $192 y estaría disponible a partir del primer trimestre de 2019.
El Ministerio de Economía trabaja para que el procedimiento, que quedará establecido dentro del Reglamento de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, esté a disposición de los interesados para el primer trimestre del próximo año.
Explicado en parte por los rezagos en el mercado laboral, entre 2017 y 2018 el país centroamericano pasó del puesto 91 al 96, en el Índice de Competitividad Global.
Según el reporte del Índice de Competitividad Global 2017-2018, elaborado por el Foro Económico Mundial, el retroceso que registra Guatemala este año se debe principalmente a rezagos en las áreas de salud y mercado laboral.
Hasta agosto la deuda pública externa e interna ascendió a $18.463 millones, lo que equivale a un 23,4% respecto al Producto Interno Bruto del país.
Según cifras del Ministerio de Finanzas Públicas, en los últimos nueve años la proporción de la deuda respecto del Producto Interno Bruto ha variado poco, puesto que ha oscilado entre el 23,3% y 24,8%.
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