Dificultad para abastecerse de materias primas y sus altos precios son algunos de los obstáculos más frecuentes que enfrentan los empresarios industriales en El Salvador.
La administración Sánchez Cerén se prepara para negociar la firma de acuerdos comerciales con el país asiático, pero sin involucrar activamente sector privado.
Luego de la repentina y acelerada ruptura de relaciones con la República de Taiwán y el anuncio de las nuevas relaciones con China, el gobierno salvadoreño organiza la firma de los primeros acuerdos en materia comercial con el gigante asiático, y para ello la primera misión oficial se prepara para viajar la próxima semana.
Los empresarios salvadoreños señalan que las principales causas del mal desempeño económico del país siguen siendo la creciente inseguridad y la falta de un rumbo político claro.
Las cámaras empresariales salvadoreñas coinciden en que el inicio del año no ha sido el mejor, pues aún persisten los obstáculos que desde hace varios meses dificultan la operación y crecimiento de la actividad del sector privado.
Los bancos salvadoreños han ido reduciendo sus inversiones en Letras del Tesoro, y aseguran que no las incrementarán hasta que mejore la calificación de la deuda.
Representantes de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) reconocieron que desde marzo de este año las entidades han venido reduciendo la inversión que realizan en Letras del Tesoro (Letes), debido a la delicada situación fiscal que enfrenta el gobierno.
Fusades estima que el gobierno enfrenta un faltante fiscal superior a $400 millones para lo que resta del año, y no hay claridad sobre cómo se financiará.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) "... actualizó sus estimaciones sobre las necesidades de financiamiento para lo que resta del año. En julio, calculó que la brecha financiera no cubierta oscilaba entre $537.1 millones y $622.9 millones."
Encarecimiento del crédito externo, deterioro de la imagen del país y tasas de interés más altas a nivel local son solo algunas de las consecuencias que podría traer el impago de los $55 millones a los fondos de pensión.
La decisión que tomó la administración Sánchez Cerén de no pagar los intereses de los fondos de pensiones argumentando falta de apoyo de parte del partido político de oposición, generó no solamente una degradación en la calificación de deuda por parte de agencias como Fitch Ratings y Standard & Poor´s, sino que llevó al sector empresarial a elevar la voz sobre la gravedad de la situación y advertir sobre las consecuencias que tendría en la actividad económica.
Vuelve a advertir que sin un acuerdo fiscal el país corre un alto riesgo de caer en cese de pagos y quedarse sin acceso a financiamiento internacional.
Reseña Elsalvador.com que "... Pedro Argumedo, del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de Fusades, dijo que es importante llegar a un Acuerdo Fiscal, pues de no hacerlo las consecuencias serían 'terribles', y cada vez, el tiempo se acorta."
El gobierno se vería en la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones del segundo semestre, pues "no hay dinero para llegar a fin de año".
Las cifras de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico (Fusades) indican que el saldo actual de la deuda en Letras del Tesoro (Letes) del gobierno ya supera los $900 millones, mientras que para hacer frente a sus obligaciones del segundo semestre del año necesita $500 millones más, que tendrían que provenir también de financiamiento.
Alertan sobre aumento de la inseguridad, estancamiento en la lucha contra la corrupción, y poca capacidad de diálogo del Gobierno durante el segundo semestre de 2015.
La aprobación de más impuestos sin mediar diálogo, las consecuencias para el país del aumento de 10 a 18 homicidios diarios en 2015, y el estancamiento en la lucha contra la corrupción, destacan en la evaluación de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) del panorama legal e institucional del país durante el segundo semestre de 2015.
Un estudio compara las políticas e incentivos utilizados para atraer inversión extranjera y su impacto en el desarrollo económico de cada uno de los países.
Con el Puerto La Unión como ejemplo máximo de la inoperancia del Estado, las grandes obras de infraestructura que necesita el país siguen sin hacerse.
El artículo en Elsavador.com reseña que "... El puerto de La Unión pasó 365 días más sin lograr que alguna empresa estuviera realmente interesada en su concesión, generando un millón de dólares en gastos mensuales para el Estado; el Aeropuerto Internacional de El Salvador aún no presenta un serio avance con la ampliación que han prometido; del aeropuerto Jagüey no se tiene información precisa sobre su construcción; El Chaparral ha quedado en el olvido y la presa 5 de Noviembre es la única obra que ha sido retomada y que se espera entre en funcionamiento en 2016."
La falta de un rumbo político claro del gobierno de El Salvador impide al sector empresarial proyectar grandes inversiones, afectando la generación de empleo, que en los primeros meses del año creció apenas 1,1%.
Los bajos niveles de inversión local y extranjera de los últimos años en El Salvador está pasando la factura a nivel económico, dadas las escasas posibilidades que tiene el sector empresarial para generar más y mejores empleos.
Solamente tres de cada diez personas ocupadas tienen un empleo asalariado formal, mientras la participación laboral de las mujeres es la mitad de la de los hombres, entre otras razones, porque la legislación laboral cuenta con rigideces que inhiben su inserción laboral.
La suma de creciente deuda estatal, inseguridad en aumento, y falta de acciones gubernamentales dirigidas a la recuperación de la producción real, está creando la tormenta perfecta.
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