Las entidades de gobierno y municipales pueden aprovechar la inteligencia de localización para optimizar la planificación estratégica, mejorar la calidad de los servicios públicos y optimizar sus presupuestos.
¿Qué proporciona la inteligencia de localización a los gobiernos?
Los datos de localización brindan a los responsables del sector público la capacidad de mejorar la planificación estratégica y las políticas operativas. Estos datos son un recurso imprescindible para las organizaciones del sector público encargadas de hacer frente a los complejos retos actuales.
Al incorporar los análisis de movilidad a la planificación urbana, es posible desarrollar infraestructuras adaptadas a las necesidades de los ciudadanos, mejorando así las condiciones de vida en la ciudad. Además, los datos de localización ayudan a optimizar costos y a priorizar los proyectos de la administración gubernamental.
¿Qué proporcionan los análisis de movilidad a la planificación urbana?
Los análisis mediante técnicas de gestión de Big data permiten a los gobiernos comprender las necesidades de sus ciudadanos, combatir el fraude, minimizar errores en los sistemas y mejorar las operaciones, reduciendo costos y mejorando los servicios de cualquier entidad gubernamental.
Un análisis de movilidad mediante datos de localización y Big Data permite a los gobiernos y a las organizaciones del sector público ofrecer servicios más eficaces y seguros, así como responder con mayor rapidez y precisión a las necesidades de clientes y ciudadanos.
Para el Fitch el rezago en las campañas de vacunación constituye un riesgo latente de una pandemia prolongada, lo que retrasaría la recuperación de las economías de la región y provocaría presiones negativas en las calificaciones de riesgo que se emitirán en los próximos meses.
Fitch Ratings emitió el 25 de mayo un boletín para México, Centroamérica y el Caribe, en el que advirtió que dadas las profundas contracciones económicas de la región y las perspectivas de recuperación moderadas, se visualizan amenazas de presiones negativas en las calificaciones.
En el marco del ajuste fiscal que se discute en El Salvador para firmar un acuerdo con el FMI, las autoridades locales pretenden aplicar los cobros del IVA, ISR y otros impuestos específicos a las empresas que vendan sus productos y servicios en línea.
El BCIE suscribió con otros organismo centroamericanos, un memorando de entendimiento que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo del mercado regional de deuda pública.
Por medio de un comunicado oficial se informó que el acuerdo fue suscrito por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (SECOSEFIN), la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMA) y la Asociación de Bolsas de Comercio de Centroamérica (BOLCEN).
Argumentando que existe un deterioro en las métricas de sostenibilidad de la deuda como resultado de la profunda contracción de 2020 asociada con la pandemia Covid19, la calificadora de riesgo decidió mantener en "B-" con perspectiva negativa la nota del país.
Fitch espera que el déficit se reduzca al 7,5% del PIB en 2021, debido a un aumento cíclico de los ingresos y un menor gasto relacionado con la pandemia y además se pronostica que el déficit caiga al 4,9% del PIB en 2022, precisa el análisis de Fitch.
El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó una línea de crédito, cuyos fondos serán utilizados por las autoridades salvadoreñas para financiar planes de recuperación económica en el contexto de la crisis que generó la pandemia de Covid19.
El "Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica Implementadas en Beneficio de las Empresas y el Empleo Afectados por la Covid19", será el plan que se financiará y por medio del cual se pretende beneficiar a más de 21.000 mipymes, de las cuales 14,755 están dirigidas por mujeres, así como la retención de más de 100.000 empleos, informó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
A raíz de la crisis económica que generó la pandemia, se estima que cuatro de cada cinco empresas centroamericanas se vieron obligadas a aumentar sus deudas para lograr sostener sus operaciones.
Según la Encuesta Regional 2021 sobre la reactivación económica elaborada por la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco), los recursos obtenidos por medio del endeudamiento, le sirvió a las empresas para pagar planillas, afrontar rentas y sostenimiento de operaciones.
Con el objetivo apalancar las brechas presupuestarias de los años 2021, 2022 y 2023, el gobierno salvadoreño comenzó a negociar con el Fondo Monetario Internacional una línea de crédito por $1.300 millones.
Un comunicado del Ministerio de Hacienda precisa que "... El Salvador está en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un financiamiento por unos $1,300 millones y ve una 'oportunidad de oro' para revitalizar su economía, luego de la gran victoria del partido gobernante en las elecciones legislativas, dijo un funcionario de alto rango".
Moody's mantuvo en B3 la calificación de emisor a largo plazo y senior no garantizado del Gobierno salvadoreño, pero decidió cambiar la perspectiva a negativa, degradación que evidencia las preocupaciones persistentes sobre la sostenibilidad de la deuda pública.
La perspectiva negativa captura los riesgos crediticios asociados con los riesgos de implementación de sus próximos esfuerzos de ajuste fiscal, los altos riesgos de liquidez impulsados por las grandes necesidades brutas de financiamiento en 2021-23 y las preocupaciones persistentes sobre la sostenibilidad de la deuda a pesar de un ajuste fiscal esperado, explicó la calificadora de riesgo.
Al cierre de 2020 el gobierno salvadoreño logró recaudar $4.821 millones, 6% menos que lo reportado en 2019, baja que se explica por la crisis económica que enfrentó el país a causa de la emergencia sanitaria que provocó la propagación de la covid19.
De acuerdo a cifras difundidas en el portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, entre 2019 y 2020 los ingresos públicos en El Salvador mermaron en $327 millones, al pasar de $5.148 millones a $4.494 millones.
En este escenario de crisis económica, caída de la recaudación fiscal y necesidad de financiar programas de reactivación, en Guatemala y Costa Rica ya se propone aumentar los impuestos actuales y crear nuevos.
Las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021, año en que la economía deberá afrontar los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19.
En julio de 2020 la deuda pública total del país ascendió a $21.874 millones, monto que es superior en 12% al reportado en igual mes de 2019, alza que se reportó en el contexto de la crisis económica y sanitaria.
Datos del Banco Central de Reserva precisan que entre julio de 2019 y el mismo mes de 2019 la deuda pública total de El Salvador se incrementó en $2.485 millones, al pasar de $19.389 millones a $21.874 millones.
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó para El Salvador dos líneas de crédito, cuyos fondos serán destinados a programas de mejoramiento de la calidad y cobertura educativa, y en promover la actividad productiva a través de créditos empresariales y de vivienda.
La primera línea de crédito que asciende a $300 millones, servirá para apoyar la expansión y mejora de la calidad de educativa del país, con especial enfoque en la primera infancia y poblaciones vulnerables la sostenibilidad, y la recuperación económica de las PyMEs afectadas por el covid19.
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