Implementar un sistema mixto de tasas de interés compuesto por una fija con contrato por un determinado tiempo y otra variable pactada entre el cuentahabiente y el emisor, es una de las propuestas que se discuten en el Congreso de Guatemala.
La propuesta de dos tasas de interés fue presentada por el Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural (Idies), ante la Comisión de Economía del Congreso, encargada de discutir las propuestas para los cambios de la Ley de tarjetas de crédito 5544.
Especialistas y autoridades opinan que el fallo con el que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala revocó la suspensión que impedía el acceso con fines fiscales a información bancaria de los contribuyentes, podría revertirse con otra acción legal.
En los últimos días el tema ha cobrado mayor relevancia en el país, pues tras un año de estar suspendido el acceso a la información bancaria con fines tributarios, el pasado 6 de agosto la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva, por lo que autoriza a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para que pueda revisar las cuentas de los contribuyentes.
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, en Guatemala la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión.
Argumentando que no cumple los estándares sobre transparencia e intercambio de información para fines tributarios, la OCDE evaluó negativamente a Guatemala y le recomienda trabajar en el acceso directo a la información bancaria de los contribuyentes.
Tal como había sido previsto, a raíz de la suspensión temporal por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) del artículo de ley que facilitaba el acceso a la información bancaria de los contribuyentes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) decidió incluir a Guatemala en la lista de países que incumplen sus compromisos en materia de información fiscal.
En un escenario en el que se compite por abaratar costos y aumentar la productividad, la devaluación frente al Dólar del Lempira en Honduras y el Córdoba en Nicaragua, es un factor que podría ayudar a estas economías a mantenerse en competencia.
En los últimos cinco años el tipo de cambio en Honduras varió en 17%, al pasar de 21,06 Lempiras por Dólar estadounidense en junio de 2014, a 24,67 en igual mes de 2019.
Al cierre de junio en Guatemala el crédito al sector privado registró un crecimiento interanual de 7%, lo que se explica por el repunte de los préstamos hipotecarios y de consumo.
Cifras difundidas por representantes del Banco de Guatemala precisan que al final del primer semestre del año, el crédito total al sector privado ascendió a $26.571 millones, monto que supera en 6,9% a lo reportado una año atrás.
En su próxima evaluación la OCDE podría rebajar la calificación de Guatemala, debido a que en agosto del año pasado fue suspendido el acceso a información bancaria con orden judicial, lo cual podría generar un encarecimiento del crédito.
Por tercera vez, en lo que va del año, el Banco de Guatemala confirmó que decidió mantener en 2,75% la tasa de política monetaria, pues los indicadores de corto plazo de la actividad económica muestran un dinamismo que se ajusta a lo esperado.
Respecto a la nueva iniciativa de ley que se presentó ante el Congreso de la República a inicios de 2019, la Superintendencia de Bancos opina que no debe fijarse un tope a la tasa de interés.
La Ley de Tarjetas de Crédito entró en vigencia el 8 de marzo de 2016, pero fue suspendida a fines de ese mismo mes, luego de que las cámaras empresariales, emisores de tarjetas y el Banco de Guatemala interpusieran recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC). A inicios de este año la ley fue declarada inconstitucional de forma definitiva por la CC.
El alza en los microcréditos, préstamos al consumo y al sector de la construcción, explican gran parte del aumento interanual de 7% reportado a abril de 2019.
Datos del Banco de Guatemala precisan que entre abril de 2018 y el mismo mes de 2019, el crédito al sector privado en el país subió de $24.687 millones a $26.534 millones, lo que equivale de un aumento de 7,4%.
En Guatemala las empresas reportan haber perdido varias oportunidades de crédito, debido a que la iniciativa de ley que fue presentada ante el Congreso en 2015, aún no ha sido aprobada.
La iniciativa de ley que se analiza en el Congreso de la República y se encuentra en tercera lectura desde mayo de 2016, establece el marco legal para que entidades como bancos y empresas financieras incluyan el leasing en su cartera de productos.
El cambio de estable a negativa en la perspectiva de la calificación de la deuda en moneda extranjera no tendría, al menos en el mediano plazo, efectos significativos sobre el sistema financiero guatemalteco.
El 11 de abril de 2019 Fitch Ratings ratificó la calificación de incumplimiento de deuda en moneda extranjera a largo plazo en "BB", pero cambió la perspectiva de estable a negativa.
A partir de mayo de 2019 los clientes extranjeros deberán declarar ante los bancos del sistema local que sus fondos cumplen con las exigencias tributarias de su país.
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó el Acuerdo 02-2019, el cual implementa las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, que consiste en la ampliación de las medidas de diligencia debida de los bancos con sus clientes.
A casi tres años de haber sido aprobada, en Guatemala la Ley de Microfinanzas aún no cuenta con un reglamento que defina la forma en que deben operar las instituciones dedicadas a esta actividad.
La Ley de Microfinanzas aprobada en Mayo de 2016, sigue esperando el reglamento que permita su aplicación completa. Esta situación impide que las entidades que buscan operar en esta actividad se registren ante el Ministerio de Economía, dado que no existe una regulación que determine cómo hacerlo.
Poner tope a las comisiones cobradas en Costa Rica y establecer una Ley que defina límites al mercado en Guatemala, son parte de los intentos que se están haciendo en la región para regular el uso de las tarjetas de crédito.
Una propuesta de Ley presentada el pasado mes de enero ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica, pretende regular el porcentaje de la comisión que pagan los negocios por aceptar tarjetas de crédito o débito. Según la iniciativa, esta tarea estaría a cargo del Banco Central y la Comisión para Promover la Competencia.
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