El sector privado considera que la creación de nuevas empresas estatales por parte de Ortega, para explotación de petróleo e importación y comercialización de gas y combustibles, generará competencia desleal en el país.
El 11 de febrero se aprobaron de urgencia nacional la Ley creadora de la Empresa Nicaragüense del Gas (Enigas), Ley creadora de la Empresa Nicaragüense de planteles de almacenamiento y distribución de hidrocarburos (Eniplanh), la Ley creadora de la empresa nacional de exploración y explotación de hidrocarburos (ENIH) y la Ley creadora de la empresa nicaragüense de importación, transporte y comercialización de hidrocarburos (Enicom).
Con la creación de cuatro nuevas empresas estatales, el presidente Ortega pretende controlar la exploración y explotación de petróleo en Nicaragua, además de la importación, almacenaje, distribución y comercialización de gas y combustibles.
Con la aprobación de las iniciativas de ley, el gobierno busca traspasar el control que en este mercado ejercía Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), la cual fue sancionada por EE.UU. derivado de sus vínculos con Petróleos de Venezuela,y Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), que también fue sancionada por el mismo país, en este caso por beneficiar a la familia de Ortega con contratos no competitivos.
El sector empresarial de El Salvador propone que la administración del Aeropuerto Internacional Óscar Romero ya no esté a cargo de la CEPA, y que sea una nueva empresa estatal la que asuma.
En un documento elaborado durante el Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade) 2019, la Asociación Nacional de La Empresa Privada (ANEP) propone que la separar la administración del aeropuerto internacional San Romero de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), antes de iniciar el proceso de concesión o de operación bajo la modalidad de asocio público privado.
En lugar de enfocarse en ser más eficiente en sus líneas de negocio y dejar de generar pérdidas, el Instituto Costarricense de Electricidad ahora se dedicará a comercializar plantillas eléctricas de cocina de uso residencial.
Directivos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) afirmaron que luego de evaluar las intenciones de compra de los consumidores y realizar un análisis financiero y de riesgo, concluyeron que se justifica el lanzamiento del producto, denominado plantillas de inducción, en el mercado costarricense.
El proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo de Costa Rica para transformar la estatal refinadora Recope faculta al Estado a realizar alianzas con empresas privadas e "incursionar en energías químicas alternativas", pero mantiene el monopolio de los combustibles fósiles.
El 8 de abril de 2019 la administración Alvarado presentó una iniciativa ante la Asamblea Legislativa que pretende transformar la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en la Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas (Ecoena).
Argumentando que la ley de creación de la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones atenta contra la libre competencia, el sector empresarial exige que se elimine la propuesta.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) se opone de forma contundente a la aprobación de la Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex), la cual permitiría que el Estado realice transacciones comerciales.
En Nicaragua el sector productor y exportador está preocupado por el efecto que podría generar la creación de la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones.
Del comunicado de Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua:
Con el objetivo de prestar a la población un mejor servicio alcantarillado sanitario y saneamiento, el Consejo de Gabinete aprobó hoy la creación de la Empresa Pública de Saneamiento de Panamá, S.A. (EPSA).
El gremio de industriales en Costa Rica se opone a la ley que daría aval a la estatal eléctrica y de telecomunicaciones ICE para operar también como empresa constructora.
Del comunicado de la Cámara de Industrias de Costa Rica:
Las pérdidas reportadas por la Compañía Nacional de Fuerza Luz durante el 2015 equivalen a casi la mitad de lo que adeuda por emisiones de bonos.
La Compañía Nacional de Fuerza Luz (CNFL), es una subsidiaria del Grupo ICE, que es encabezado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), dedicada también a producción y distribución de energía eléctrica.
La petrolera estatal de Costa Rica arrojó pérdidas por más de $24 millones durante los primeros 9 meses del 2015, pese a que sus precios son los más altos de la región.
La Refinadora Costarricense de Petróleo perdió en los primeros nueve meses del 2015 más de $24 millones. La estatal, con más de medio siglo de tener el monopolio en refinación y venta de combustibles en Costa Rica, tiene costos de planilla que representan el 56% del gasto total.
Atendiendo los pedidos del sector privado, aprobaron la creación de la Secretaría de Competitividad y Logística, en dependencia del Ministerio de la Presidencia.
La función principal de la nueva Secretaría será coordinar y proponer junto con otras instituciones públicas soluciones para mejorar problemáticas en materia de política económica, logística y competitividad. La coordinadora de esta nueva entidad es Ana Margarita Reyes que anteriormente trabajaba para la Autoridad del Canal de Panamá.
Anuncian que destinarán $12 millones para la reconstrucción del edificio legislativo Justo Arosemena, en Ciudad de Panamá.
El presidente de la Comisión Legislativa de Infraestructura, el diputado José Antonio Domínguez, señaló a Prensa.com que "... recomendará la renovación total del viejo edificio, para albergar allí a todas las comisiones de trabajo que funcionan actualmente en el área revertida."
¿Por qué la generalidad de las empresas públicas reflejan pérdidas mientras las privadas normalmente obtienen ganancias?
El análisis del tema por Rogelio Arce Barrantes en artículo en Prensalibre.cr, se resume en la mención del popular dicho "Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta".
Aunque Arce Barrantes se enfoca en la casuística costarricense, la realidad que plantea es extrapolable a los demás países centroamericanos, donde existan empresas de Estado dedicadas a distintas actividades comerciales, sea en la producción de bienes como de servicios.
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