Durante el primer bimestre de 2021 se inscribieron en Panamá 1.807 sociedades anónimas, 11% menos que las reportadas en igual período de 2020.
Un reporte de la Contraloría General de la República detalla que entre los primeros dos meses del año pasado y el mismo período de 2021, el número de sociedades anónimas inscritas en el país pasó de 2.022 a 1.807. Esta baja se evidencia en el contexto de la crisis económica que deriva del brote de covid19.
A raíz de la crisis económica que generó la pandemia, se estima que cuatro de cada cinco empresas centroamericanas se vieron obligadas a aumentar sus deudas para lograr sostener sus operaciones.
Según la Encuesta Regional 2021 sobre la reactivación económica elaborada por la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco), los recursos obtenidos por medio del endeudamiento, le sirvió a las empresas para pagar planillas, afrontar rentas y sostenimiento de operaciones.
Durante 2020 en Panamá se reportaron 9.958 sociedades anónimas inscritas, 28% menos que las reportadas en 2019.
El último reporte de la Contraloría General de la República detalla que entre 2019 y 2020, el número de sociedades anónimas inscritas en el país disminuyeron en 3.817, al pasar de 13.775 a 9.958.
Las compañías con equipos dedicado a la innovación, estructuras organizacionales que permiten tomar decisiones con agilidad y que rápidamente migraron a la modalidad de teletrabajo, son las que mejor se han adaptado a la nueva realidad comercial.
La pandemia propició un escenario de cambios en los modelos de negocios, las empresas debieron aplicar cambios radicales de forma acelerada para lograr afrontar con éxitos los desafíos que representaron las modificaciones de los hábitos de las personas.
A causa de la crisis económica se pronostica que durante 2021 la cantidad de alianzas empresariales y ventas de compañías aumentarán, especialmente en los sectores más dañados, como lo son el turístico, hotelería, restaurantes, entretenimiento, educación e inmobiliario.
Las restricciones impuestas por los gobiernos de la región debido al brote de covid19, ha generado pérdidas económicas en la mayoría de sectores productivos, incluso se reporta el cierre de empresas y alzas en los niveles de desempleo.
Se aprobó el establecimiento de cuatro nuevas Sedes de Empresas Multinacionales en el país, compañías que en conjunto proyectan una inversión aproximada de $800 mil.
Adamantine Panamá, S.A. (México), Hikvision Central América S.A. (China), Spectrum Brands Panama, Llc. (Estados Unidos) y Panama Dashang Investment Trading S.A. (China), son las empresas que les fue emitida su licencia.
El presidente panameño Laurentino Cortizo, sancionó la ley que crea el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios relacionados con la Manufactura.
Durante el primer semestre de 2020 se inscribieron en Panamá 4.280 sociedades anónimas, 35% menos que las reportadas en igual período de 2019.
La Contraloría General de la República reportó que entre enero y junio del año pasado y el mismo período de 2020, el número de sociedades anónimas inscritas en el país pasó de 6.636 a 4.280. Esta baja se explica por la crisis económica que deriva del brote de covid19.
Diputados de la Asamblea de Panamá aprobaron en tercer debate el proyecto de ley crea el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios relacionados con la Manufactura.
Los servicios de estas multinacionales podrán desarrollarse en diferentes provincias del país y se desempeñarán en manufacturas de productos, maquinarias de equipo, servicios de embalaje de productos, maquinarias y equipos, informó la Asamblea.
La Asamblea de Panamá aprobó en primer debate el proyecto de ley crea el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios relacionados con la Manufactura.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo crear el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (EMMA), a fin de hacer de Panamá una nación más competitiva en la economía global y adecuando la atracción de inversiones en la prestación de servicios y procesos productivos, de manufactura, así como la generación de empleos y la transferencia de tecnología, informó la Asamblea.
En el contexto de la crisis económica, se estima que en Centroamérica las empresas han reducido la jornada laboral de los empleados a un promedio de 32 horas por semana.
Derivado de la propagación del covid19 en los países de la región y la imposición de estrictas cuarentenas domiciliares, en la mayoría de mercados la demanda de productos y servicios ha caído considerablemente.
Durante los primeros cinco meses de 2020 se inscribieron en el país 3.523 sociedades anónimas, 36% menos que las reportadas en igual período de 2019.
En este escenario de propagación del covid19 en el país, la Contraloría General de la República reportó que entre enero y mayo del año pasado y el mismo período de 2020, el número de sociedades anónimas inscritas en el país pasó de 5.515 a 3.523.
En Panamá durante los primeros cuatro meses de 2020 se inscribieron en el país 3.104 sociedades anónimas, 28% menos que las reportadas en igual período de 2019.
En el contexto de la propagación del covid19 en el país la Contraloría General de la República reportó que entre enero y abril del año pasado y el mismo período de 2020, el número de sociedades anónimas inscritas en el país pasó de 4.314 a 3.104.
Visibilizar los protocolos de seguridad e higiene, comunicar los casos de covid19 de sus colaboradores y aplicar la tecnología en los procesos para generar confianza entre sus clientes, son algunos de los cambios que deben aplicar las empresas en este nuevo contexto de negocios.
La emergencia sanitaria y la crisis económica que derivó del brote de covid19 lo cambió todo a nivel global.
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca reformar la Ley de Contrataciones Públicas.
La iniciativa se había aprobado el pasado 11 de marzo y el veto parcial se dio a conocer el 22 de abril y entre las modificaciones se subsano la del artículo 12, que enmarcaba la incapacidad legal para las empresas que habían participado en actos de corrupción y no pueden contratar con el Estado, informó la Asamblea.
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