Entre febrero y mayo de este año el Índice de Confianza del Consumidor registró una caída de 40%, desplome que fue provocado por la crisis sanitaria y económica que deriva del brote de covid19.
De acuerdo a la encuesta de Confianza de los Consumidores, elaborada por la Universidad de Costa Rica, entre agosto y noviembre de 2019 el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) subió de 28,5 a 32,3, sin embargo, para mayo de este año descendió hasta 19,7.
En el contexto de la crisis sanitaria, el IMAE reportó en marzo de este año una variación interanual de -1,5%, comportamiento que fue determinado por la caída de las actividad de los hoteles, restaurantes y de las entidades dedicadas a la intermediación financiera.
La disminución registradas en las actividades de hoteles y restaurantes fue por 24,8%, de intermediación financiera y servicios conexos cayó en 18,3%, y en el renglón de energía y agua, la variación fue de -12,7%, informó el Banco Central de Nicaragua (BCN).
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito para que en este contexto de crisis sanitaria, el gobierno lo utilice para promover políticas anticíclicas que reduzcan su efecto en la economía y atenúen la caída de ingresos fiscales a corto plazo.
Los efectos por el brote de covid19 en las finanzas públicas, en particular el monto importante de endeudamiento requerido para atender la emergencia, requerirán de medidas decisivas en el mediano plazo para proteger la estabilidad macroeconómica, informó el organismo financiero.
El BCIE aprobó un préstamo para que el gobierno hondureño financie el Programa para la Reactivación Económica a través de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Crisis y Post Crisis Covid19.
Con el propósito de sostener condiciones de empleos y la reactivación económica, se firmó el primer tramo de $100 millones de dólares del total de $300 millones del financiamiento otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), informó el organismo.
Debido a las medidas de aislamiento social decretadas por el gobierno para evitar la propagación del covid19, durante marzo el Índice Mensual de Actividad Económica registró una variación interanual de -2%.
Las actividades económicas que más impactaron en el resultado negativo fueron: Industria Manufacturera, Comercio, Construcción Privada, Transporte y Almacenamiento, y Hoteles y Restaurantes, informó el Banco Central de Honduras.
Falta de claridad en el ronograma de apertura y la ausencia de una política unificada, concreta e inmediata que tenga como fin la recuperación económica bajo los lineamientos sanitarios establecidos, es parte de lo que preocupa a los empresarios.
En el contexto de regreso a la nueva normalidad de los negocios, luego de que se decretaran severas cuarentenas domiciliares en el país por el brote de covid19, esta semana la economía panameña se prepara para la apertura del segundo bloque de actividades.
Con el objetivo de mitigar la propagación del covid19, las autoridades informaron que se extiende hasta el 31 de mayo el toque de queda absoluto.
Supermercados, gasolineras, farmacias, bancos, cooperativas, ferreterías, y los restaurantes autorizados en el pilotaje, podrán permanecer abiertos únicamente durante los días programados, dotando de manera obligatoria a sus empleados de mascarillas, gel de manos y en las entradas uso de termómetros para control de fiebre, para ser atendidos los clientes deberán portar mascarillas de manera obligatoria, informó la Secretaría de Seguridad.
Debido a que en Guatemala los Ministerios de Economía y Trabajo actualizaron sus plataformas, desde el 24 de mayo todas las empresas deberán realizar un nuevo trámite para que sus trabajadores puedan recibir o continuar acogiéndose al beneficio económico.
El sector empresarial se oponen al Decreto que prohíbe los cortes de servicios de agua, electricidad, TV por cable, telefonía e Internet durante el estado de calamidad, argumentando que la ley tiene graves deficiencias y ambigüedades.
El Congreso de la República aprobó y publicó el Decreto 15-2020, el cual prohíbe la interrupción de los servicios básicos a la población durante el estado de calamidad y sus posibles prórrogas, el cual cobró vigencia a raíz del brote de covid19 en el país.
Aplicación de descuentos y ofertas, aumento en el nivel de precios en general y el alza en los costos de operación a causa de los nuevos protocolos de seguridad e higiene, son las principales amenazas a la rentabilidad de las empresas en esta nueva realidad comercial.
En este contexto de crisis económica y sanitaria, que deriva del brote de covid19 a nivel global, Ariel Baños, especialista en gestión de precios y fundador de Fijaciondeprecios.com, explica cuáles son las principales amenazas que podrían afectar los niveles de rentabilidad de las empresas, y detalla algunas estrategias que podrían aplicarse para mitigar los efectos adversos.
Durante el tercer mes del año en Guatemala el IMAE reportó una variación interanual de -4,9%, lo que se explica en gran medida por las medidas de restricción impuestas por el brote de covid19 en el país.
La actividad económica medida por la estimación del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) comienza a evidenciar los estragos que ha ocasionado la crisis sanitaria en el país.
En Guatemala fue publicado el proyecto legislativo que prohíbe los cortes de servicios de agua, electricidad, TV cable, telefonía e Internet durante el estado de calamidad, que fue decretado por el brote de covid19 en el país.
Luego de múltiples pugnas, fue publicado el 21 de mayo en el Diario de Centroamérica el Decreto 15-2020, el cual fue aprobado por los diputados y luego vetado por el presidente Alejandro Giammattei.
Luego de que venciera el plazo para que se publicara el Decreto que prohíbe los cortes de servicios de agua, electricidad, TV cable, telefonía e Internet durante el estado de calamidad, algunos diputados buscan rescatar el proyecto legislativo aprobado.
En un inicio el Decreto 15-2020 que aprobaron los diputados del Congreso de la República, fue vetado por el presidente Giammattei. Después, los diputados rechazaron este veto presidencial, y con esto obligaban al Ejecutivo a publicarlo a más tardar el 18 de mayo en el Diario de Centroamérica, lo cual no ocurrió.
Derivado de la cuarentena domiciliar decretada en el país, se estima que 49% de las empresas han suspendido operaciones, 43% funcionan parcialmente y sólo 7% están operando normalmente.
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) informó que la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno ante la pandemia de covid19 ha descapitalizado al 94% de las empresas salvadoreñas, muchas de las cuales se han visto obligadas a cerrar operaciones, reveló una encuesta realizada por la Cámara de Comercio e Industria con la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO).
Durante marzo el Índice Mensual de Actividad Económica reportó una variación interanual de -1,6%, caída que se explica en gran medida, por el inicio de la crisis sanitaria.
Cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR) detallan que para el tercer mes del año las Actividades de alojamiento y servicios de comida, y Construcción, fueron los renglones que más mermaron su actividad económica al registrar caídas interanuales de 33% y 18%, respectivamente.
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